
El 20 de noviembre de 2019 en el quinto piso de los tribunales de la calle Talcahuano, el ex fiscal general Julio Castro logró guardar su cara en su hora más crítica. Pidió ante el Tribunal N°8, encargado de juzgarlo, que la prensa presente no lo filmara ni le tomara fotos mientras leía el veredicto en su contra por violar y golpear a su ex novia, una abogada 25 años más joven que él. El pedido fue concedido. No hubo una sola cámara que le apuntara. Pero el gesto de Castro al oír la pena en su contra fue memorable. “No puede ser”, gritó en una voz media, disgustado, mientras el Tribunal le imponía seis años y seis meses de encierro tras un pedido de la fiscal de juicio Luz Castany. No fue detenido de inmediato; Castro sigue libre hasta hoy. Su defensa fue hábil. Jugó el juego de apelaciones, hasta ayer.
Finalmente, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Eugenio C. Sarrabayrouse, Pablo Jantus y Gustavo A. Bruzzone resolvió el recurso de casación del equipo de abogados de Castro en un fallo de más de 180 páginas. El recurso fue denegado y la pena en su contra quedó confirmada. “A mi criterio no hay dudas que el acusado llevó a cabo las conductas reprochadas de abuso sexual con acceso carnal anal en la forma y los momentos indicados, sabiendo lo que hacía y que su novia no lo consentía”, razonó Bruzzone en una decisión histórica que apunta al corazón de la corporación judicial, al que Infobae accedió en forma completa.
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Bruzzone, también, rechazó los argumentos previos que intentaban revertir la culpa en la víctima. Constató el maltrato verbal en diversas comunicaciones entre ambos. Castro se refería a su ex pareja” con ofensas y humillaciones que emergen de los casi treinta (no fueron “cuatro o cinco”) mensajes transcriptos en el voto, por mencionar sólo algunas: “boluda”, “trucha”, “chiflada”, “gato”, “trola”, “calienta bragueta”, “calienta chorizo”, “loca de mierda”, “estúpida de mierda”, “inaguantable”, “enferma desquiciada”, “insegura”, “tóxica”, “insoportable”, “desequilibrada”, “básica”, que nunca sería normal, que le daba “vergüenza”.

La víctima fue querellante en el caso: desistió de su querella al comienzo del juicio, desgastada, adujo motivos médicos. Sin embargo, su denuncia fue la clave. La presentó en 2017, primero ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, recibió una prohibición de acercamiento, luego instó la acción en la Justicia penal. El juez Hernán López, hoy camarista, procesó a Castro, le creyó a la víctima que sostuvo su relato con pruebas y pericias: la Sala VII de la Cámara ratificó su decisión.
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Sin embargo, el nuevo fallo de la Sala II que confirma la condena no ordenó su inmediata detención para hacer efectivo el cumplimiento de la pena. Al ex fiscal general le quedan dos vías abiertas: un recurso extraordinario ante la Cámara o llegar a la Corte Suprema. En ambos, coinciden fuentes en Tribunales que siguen de cerca la causa, sus chances son escasas.
Decir “ex fiscal” es particularmente significativo: este año, tras haber cobrado un sueldo de la Procuración a pesar de estar condenado en primera instancia por un delito aberrante, Castro fue destituido de su cargo y funciones en un juicio político histórico.
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En su juicio político, lo acusaron de acosar sexual y laboralmente a 11 empleados desde 1995.
Así, fue removido por “mal desempeño del cargo” y por “no haber obrado con buena conducta”.
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Castro, tras una denuncia original formulada por una ex empleada en 2014, enfrentó el comienzo de la investigación en su contra recién en 2017, con una sólida instrucción a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri y su equipo. En la lectura del veredicto, se habló de “numerosos hechos de suma gravedad dirigidos a lo largo del tiempo caracterizados por ensañamiento con mujeres y dependientes” marcados por la “falta de consciencia de género y respeto a los demás” que “configuraron un ejercicio abusivo de su poder” y que “distan de lo que la sociedad espera de un magistrado”.
La causa por abuso fue puesta en la balanza. También, un perturbador hecho que Infobae reveló en 2018: una serie de tuits a una menor santiagueña que datan de 2014.
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Castro, a lo largo del proceso “insistió en su inocencia y culpó a circunstancias externas sin un atisbo de arrepentimiento, no existieron pedido de disculpa a quienes fueron víctimas”, se afirmó en la lectura.
También se ordenaron reparaciones particulares a las víctimas.
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