
El fiscal general Julio César Castro no pudo hacer más que frotarse la frente y sentir la angustia mientras sus más de 30 años de carrera en la Justicia se iban a la basura. Designado ante un tribunal oral porteño, Castro buscó ascender a juez de cámara federal el año pasado con una recomendación a su favor del Poder Ejecutivo, firmada en octubre por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
El mecanismo que debía convertirlo en magistrado era el correspondiente: una sesión abierta en la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Rodolfo Urtubey e integrada por nombres como Juan Manuel Abal Medina y Federico Pinedo. La sesión ocurrió en diciembre pasado. Castro, ex titular de la UFISEX, el ala de Procuración dedicada a investigar delitos de violencia sexual, trata de menores y pornografía infantil, se sentó en el recinto, oyó su currículum leído en voz alta, con juicios como el de Ángeles Rawson bajo su cinturón de fiscal acusador. También, oyó las impugnaciones contra su candidatura. Fueron dos. No le fue grato a Castro escucharlas.
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La primera fue grave. H., una ex jefa de despacho suya, lo había denunciado en 2015 ante Alejandra Gils Carbó. El motivo: acoso sexual y tormentos psicológicos, aun cuando estaba embarazada, algo que llevó a la procuradora a ordenar en marzo pasado la creación de una comisión especial para investigar a Castro, encabezada por la fiscal federal Laura Mazzaferri.

La segunda fue peor. Se basó en un documento de 28 páginas que había sido presentado el 23 noviembre ante la Comisión por el abogado Pedro Brichta, en un momento cercano a Cristian Ritondo. El centro de esa presentación fue una serie de mensajes de Twitter enviados por Castro que datan de febrero y marzo de 2014. La receptora de esos mensajes: F., una santiagueña menor de edad. Castro tenía 55 años en aquel momento.
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Los tuits denotarían "un inaceptable proceso de seducción de un hombre adulto hacia una menor de edad, circunstancia incompatible con las cualidades exigidas a un funcionario público, más aún cuando dicha persona alega ser especialista en temas relacionados a la explotación sexual infantil", dijo el orador de la Comisión.

Castro se quitó los lentes al oír esto; Miguel Pichetto, que presenció la sesión en primera fila, se tapaba la cara con una mano. Sin embargo, en el recinto, ante los senadores, Castro no negó los tuits; simplemente los relativizó.
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Ante la Comisión, el fiscal general aseguró: "Esos tuits son muy mal interpretados, no hay ningún dato, no se pide nada, no sabía quién era la persona. Di una respuesta contundente, observen esos tuits y no hay nada que se pueda parecer a un acercamiento. Son seis mensajes en tres meses. Solo le dije cosas con respecto a una opinión que ella brinda. Nunca supe de dónde era, me enteré que es de La Banda, Santiago del Estero. No tengo nada que ocultar".

Castro incluso disputó que F. fuese menor de edad. Infobae se comunicó con un familiar directo de la joven, que todavía reside en La Banda y estudia una carrera terciaria. "Ella hoy tiene 18 años, va a cumplir 19 dentro de poco. Nació en julio de 1998", afirma el familiar. El calendario no favorece al fiscal Castro: F., al momento de los tuits, tenía 15 años de edad.
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Para la Comisión de Acuerdos tampoco hay dudas: "Es una menor", asegura una fuente jerárquica dentro del cuerpo. Los tuits de Castro integraron la presentación del abogado Brichta en capturas de pantalla prolijamente dispuestas. "Todos los senadores las vieron", asegura la voz dentro de la Comisión.

La semana pasada, los senadores resolvieron rechazar el pliego del fiscal Castro para convertirse en juez, con una nota remitida de vuelta al Ejecutivo. Los tuits a la menor santiagueña fueron el principal motivo en la balanza. No todos los funcionarios que integran la Comisión fueron parte de la votación: entre los que estuvieron, el no a Castro fue unánime.
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Queda un paso más para el fiscal si es que quiere ser juez: que su candidatura sea tratada en sesión abierta no en la Comisión, sino en el Senado mismo. Sin embargo, la chance es floja. Fuentes en el Congreso estiman que es sumamente difícil que ese debate ocurra sin el aval previo. Por lo pronto, esa sesión no está en agenda. Y la explicación de Castro sobre los contactos con la menor no fue nada satisfactoria para los senadores que debían convertirlo en juez federal. Una simple lectura de sus tuits alcanza para desmentirlos. La voz dentro de la Comisión asegura: "No hay nada burdo, chabacano, pero las insinuaciones a la chica son bastante obvias".

"El 95% de las guerras de cosquillas terminan en besos y yo soy de ese 5% que termina golpeando a la otra persona", tuiteó la menor el 6 de febrero de 2014. Castro le respondió ese mismo día: "Dale, te voy a buscar". "Yo siempre pienso en ti", lanzó la menor dos semanas después. "Pero qué linda", replicó el fiscal general, cuarenta años mayor que ella. La joven le respondió con un emoji de sonrisa, la única respuesta de la menor a todos los mensajes. "¿Dónde estás, hermosa?", le escribió Castro un día después.
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El 17 de abril fue un poco más caliente, al menos para Castro. "No existe la persona que pueda enamorarme", dijo F. Castro respondió: "Date tiempo, todo puede pasar". "Lo que me hace hacer Julito", aseguró F. ese día. El fiscal general, dándose por aludido, comentó: "Usted me hace contestar y me gusta". Castro borró su cuenta tiempo después.

Por el momento, los tuits no generaron una causa judicial por grooming en los tribunales porteños o santiagueños. Sin embargo, son parte de su perfil psicológico en el expediente que investiga la mayor acusación en contra de Castro: su ex pareja, una abogada de 30 años, lo denunció ante la OVD por violarla por vía anal en dos ocasiones, en una relación plagada por supuestos tratos denigrantes e incluso golpes. El expediente está en manos del juez de instrucción Hernán López; Castro fue indagado a mediados de este mes. Sus argumentos fueron insólitos: retrató a su ex como una stalker obsesiva, cruzada por celos patológicos, capaz de llamarlo 28 veces en una mañana.
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Los próximos días pueden deparar novedades de peso para Castro. No solo la Procuración recibiría los resultados de la investigación interna ordenada por Gils Carbó que podrían desembocar en la destitución del fiscal; el juez López también resolvería su situación procesal en el caso de la doble violación.
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