Termina el juicio político al fiscal condenado por violación: las fuertes pruebas que podrían costarle el cargo

Es un final dentro de otro. Hoy a las 10 de la mañana, el canal de Youtube del Ministerio Público Fiscal comenzará a transmitir la audiencia final de un proceso sumamente polémico: el juicio político podrá destituir a Julio César Castro, el fiscal general condenado en 2019 a seis años y seis meses de cárcel por violar y golpear a su ex pareja, una abogada 20 años más joven que él.

La causa interna dentro de la Procuración que llevó al juicio político, investigada por la fiscal federal marplatense Laura Mazzaferri de forma minuciosa y exhaustiva, fue paralela a la causa por abuso sexual. El expediente administrativo detalla otro terror puertas adentro en Tribunales: aquí, Castro enfrenta acusaciones por episodios de acoso laboral, sexual y de maltrato hacia sus empleadas y empleados en Tribunales, con once víctimas, así como también una serie de escandalosos intercambios que el fiscal mantuvo por Twitter con una joven santiagueña menor de edad que Infobae reveló en 2017.

“Dale, te voy a buscar”, le dijo el fiscal a la menor, con mensajes que datan de febrero de 2014. “Pero qué linda”, le comentó luego. “Hola mujer”, continuó en esos tuits. La imputación por abuso también es parte de la balanza.

Castro intentó ser camarista en la Justicia federal, con una audiencia para tratar el tema en la Comisión de Acuerdos en el Senado, con un pliego de recomendación firmado por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano. La primera víctima que lo denunció en la Procuración estaba dentro de la sala. Los tuits a la menor fueron aportados por un abogado en un momento cercano a Cristian Ritondo en una denuncia oficial. Entonces funcionarios como Federico Pinedo y Juan Manuel Abal Medina retorcieron el gesto en la cara al escucharlo en vivo. Castro jamás llegó a camarista, esas denuncias fueron el comienzo del fin de su carrera, aunque recibió un sueldo oficial incluso meses después de ser condenado por violación en primera instancia.

Iniciada en 2014, la causa por acoso sexual en Tribunales precede incluso a la acusación por abuso formulada en la Justicia penal: comenzó formalmente durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, antes de la llegada de Eduardo Casal como cabeza del MPF. El sumario comenzó recién en 2017. Para muchos en tribunales, particularmente para quienes sufrieron a Castro, es una historia con la que envejecieron.

Hoy, las cartas se ven duras para el acusado. Las pruebas de la fiscal Mazzaferri fueron de una particular solidez. Ante el Tribunal de Enjuiciamiento del MPF con Héctor Recalde como representante del Poder Ejecutivo, los fiscales federales acusadores Federico Reynares Solari e Indiana Garzón pidieron que Castro sea removido. “Ha quedado acreditado un patrón de violencia de género y violencia laboral en el ámbito funcional y extrafuncional, lo que es constitutivo de mal desempeño en sus funciones”, afirmaron. Pidieron medidas reparatorias. Aseguraron que los abusos de poder se cometieron desde 1995, cuando Castro llegó al cargo de fiscal.

En el jury, como lo hizo a lo largo de su historia como imputado, Castro clamó por su inocencia. “Le pido al tribunal que me dé la justicia que necesito, fundamentalmente necesito una decisión que limpie mi nombre”, dijo el fiscal Castro luego del alegato de sus abogadas defensoras que pidieron la nulidad de todos los actos en base a un curioso tecnicismo: consideraron inaplicable el Reglamento Disciplinario para los/as Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación porque nunca fue publicado en el Boletín Oficial.

Castro, en todo caso, ya conoce el sonido de la música, con 30 años de justicia penal en su currículum. Fue parte de las solicitadas y actividades de la agrupación Justicia Legítima, aunque nunca fue un asociado. Fue designado director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil. El ex procurador Esteban Righi lo designó en el cargo, en el año 2007. Castro también fue fiscal ante el Tribunal Oral Nº 15, estuvo entre los acusadores originales en el juicio al portero femicida Jorge Luis Mangeri, dio conferencias en simposios y hasta habló en la Cancillería sobre, precisamente, combatir la violencia de género y abuso de menores.

Mientras tanto, hay preocupación en ciertos sectores de un posible pacto para lograr impunidad para el fiscal. Varios grupos de trabajadoras del MPF que acompaña a las víctimas afirmaron en un comunicado: “El primer paso para hablar de reparación es su remoción. La extensión y hermeticidad del procedimiento impidieron durante años la validación de las víctimas entre sus pares y ante nuevos superiores jerárquicos porque recaía en ellas el mote de ‘conflictivas’. Algunas se vieron forzadas a abandonar el organismo o mudarse de ciudad. Esta sentencia es clave para comenzar a sanar porque el proceso fue muy costoso para las víctimas”.

La extorsión, por lo visto, habría sido el modus operandi según el informe presentado por la fiscal Mazzaferri: la promoción o el buen pasar o siquiera mantener los puestos de las empleadas “dependía de que las funcionarias dependientes de Castro accedieran a sus invitaciones o insinuaciones o que tuvieran que soportar sus comentarios sexuados o miradas libidinosas”, apunta el informe.

Los comentarios sucios y los avances no son los únicos elementos. “Maltrato”, “descalificación” y “difamación” son otros términos empleados, ya que la investigación también investigó el maltrato laboral a empleados masculinos. Los tuits a la menor chaqueña, por otra parte, también fueron incluidos en el documento elevado a Gils Carbó.

Castro nunca fue detenido por la acusación de violación. Su sentencia sigue sin estar firme. Mientras tanto, el testimonio de su víctima original, al que Infobae accedió en forma completa, es particularmente revelador.

La primera entrevista laboral, contó H., fue al menos incómoda: “Me estaba insinuando cosas que por supuesto estaban fuera de lugar”, refirió. A los pocos días días, aseguró H., Castro le “ofreció con una actitud claramente seductora si yo quería que él me acercara a mi casa, ya que él vivía cerca”. H. se negó. Poco tiempo después, según su relato, Castro la invitó a tomar un café “con la misma actitud intimidante y seductora”. Nuevamente, la empleada dijo que no.

Las negativas, declaró la empleada en el área de Recursos Humanos de la Procuración, llevaron a un cambio en la actitud de Castro. El fiscal, aparentemente, habría dado la orden de que sus empleados le presenten los expedientes a solas en su despacho. Así, H. tuvo que estar a puertas cerradas con su jefe. En una ocasión el fiscal le lanzó que estaba “muy flaquita”, para luego decirle que estaba “muy linda”. Desde ese entonces, H. evitó estar a solas con él. En su denuncia, la empleada remarcó el supuesto hábito del fiscal de mirarle con insistencia los pechos y la cola.

Tiempo después, H. quedó embarazada, lo que la llevó a tomarse, en principio, dos días de licencia. Cuando volvió, según su relato, Castro la increpó enfrente de todo el equipo de la Fiscalía General N°15 sin darle chance de explicar por qué había faltado al trabajo. H. había venido de otra fiscalía de instrucción a la dependencia a cargo de Castro. Cuando el fiscal se enteró del embarazo, siempre según su testimonio, Castro le espetó: “¿Sabés cómo te vas a volver allá?”.

El estrés llevó a H. a sufrir contracciones y pérdidas, un psiquiatra que consultó la instó a dejar su trabajo. Con el tiempo, vio cómo otros empleados dejaban la Fiscalía o eran reubicados en otras dependencias. Le comenzaron a retacear tareas, dejándola sin nada que hacer, sospechando que sería trasladada en cualquier momento. Una secretaria le lanzó un papel con un teléfono al cual debía comunicarse, lo que confirmó sus sospechas y la llevó a hacer su denuncia en la Procuración.

Allí, H. no solo contó su historia: dio también los nombres de otras cinco empleadas que habrían sufrido acosos.

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