
Las declaraciones indagatorias de los siete profesionales de la salud imputados en la causa en la que se investiga la muerte de Diego Armando Maradona, entre los cuales se encuentra su médico personal, Leopoldo Luque, se postergaron para ser tomadas a partir del 14 junio.
La decisión fue adoptada por los fiscales de San Isidro que llevan adelante el expediente, en línea con una acordada de la Suprema Corte bonaerense y otra de la Procuración provincial que recomendaron suspender estos procedimientos. Estaba previsto que comenzaran este lunes, como recaudo ante la pandemia del coronavirus.
A partir de estos cambios, el nuevo cronograma de las indagatorias quedó fijado de la siguiente manera: el enfermero Ricardo Omar Almirón (38) será indagado el 14 de junio; la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), el 16 de junio; el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40), el 18 de junio; la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52), el 21 de junio; el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (29), el 23 de junio; la psiquiatra Agustina Cosachov (35), el 25 de junio; y el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (39), el 28 de junio.
Luque y Cosachov, además del homicidio simple, están acusados de los delitos de uso de documento privado falso y falsedad ideológica por emplear papeles con la firma supuestamente falsificada de Diego, así como emitir certificados médicos sin haber controlado a su paciente en persona.
“Por las complejas características de la causa, el cúmulo probatorio que se exhibirá a cada imputado y lo extensas que creemos que serán las audiencias, son indagatorias que deben tomarse de manera presencial. Por ello se decidió la postergación”, explicó a la agencia Télam una fuente judicial ligada a la causa.
Los siete profesionales de la salud están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé de 8 a 25 años de prisión y que representó un cambio de calificación decidido por los fiscales cuando la semana pasada los convocaron a indagatoria.

Este jueves, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, les prohibió la salida del país a todos los imputados, tal como había solicitado por el equipo de tres fiscales integrado por Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.
En su llamado a indagatoria, el grupo consideró que los acusados “infringieron los deberes” que tenían a su cargo y “condujeron al fatal desenlace” de Maradona que “hubiese podido evitarse”.
“Habiéndose representado el resultado fatal ante el grave cuadro de salud que evidenciaba la víctima y que era perfectamente conocido al menos por todos los profesionales de la salud antes nombrados, ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función agravando el cuadro de salud de Diego Armando Maradona”, indicaron los fiscales en aquel escrito.
Y agregaron que, de esa manera, colocaron al paciente “en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte, toda vez que se verificó un período de agonía de al menos 12 horas que, entre otras inconductas llevadas a cabo por las personas encargadas de su salud, provocaron el deceso” del astro del fútbol.
Una de las claves de la nueva imputación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Diego. Allí, 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que el campeón del mundo con la Selección Argentina era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el 25 de noviembre pasado.
Además, consideraron que “no estaba en pleno uso de sus facultades mentales”, que el operativo montado en la casa de del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido “más chances de sobrevida” si hubiera estado en una clínica.

También calificaron al equipo médico como “deficiente”, “temerario” e “indiferente” ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron “a la suerte”. Con este cambio de calificación, el equipo de tres fiscales especialmente creado y coordinado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, considera que la muerte de Maradona no fue producto de una mala praxis o de una accionar negligente de sus médicos, sino que se representaron la posibilidad de que el exastro futbolístico muriera y no hicieron nada para evitarlo.
La autopsia determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.
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