La viralización del video de un niño de no más de 13 años mientras dos armas y luciendo dos cargadores en su cintura con una actitud desafiante causó impacto en la provincia de Tucumán, sobre todo por las fuertes amenazas que se escuchan durante la filmación.
“Ey, manga de giles”, empieza diciendo el chico en una grabación hecha con un teléfono móvil, en la cual se dirige a otras personas a las que desafía a ir a su barrio, que sería en la Villa 9 de Julio en la zona este de San Miguel de Tucumán, una zona marcada por bandas de ladrones y traficantes.
“Tengo dos cargadores de 30 tiros, los voy matar si llegan a venir para la Panamá; yo los voy a matar, al hijo de perra lo voy a matar”, completa el chico, vestido con unas bermudas azules y el torso al descubierto para exhibir su arsenal. Luego, con frialdad, remonta el arma y gatilla dos veces, dando a entender que está dispuesto a concretar sus amenazas. La calle Panamá es una de tantas en el asentamiento.
Según las primeras averiguaciones de fuentes del caso, el menor sería hijo de un hombre con numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad.
El delito argentino permea a la niñez hace años: existen soldaditos, niños convertidos en delincuentes, usualmente mensajeros de droga, satélites o vigías que son reclutados por bandas o sus propias familias para vender droga o salir a robar bajo las indicaciones de un mayor, que prefiere no exponerse por temor a la cárcel.
Las modalidades son variadas. A veces roban por encargo y otras venden la droga dentro de un búnker (están encerrados en una pequeña construcción precaria en la que casi no pueden respirar) o hacen delivery de droga, adictos reconvertidos en parte de la organización.
En otras situaciones actúan como guardias en los puestos de venta y en las cocinas avisando si viene la policía o si se acerca algún extraño. En general, los hay a partir de los 10 años. ¿Es acaso el chico del video un soldadito de una banda delictiva?
La ley penal argentina se encuentra en una encrucijada con menores convertidos en delincuentes de grupos organizados: pueden ser considerados imputables o no por su edad. Un estudio de UNICEF asegura que la mitad no iba a la escuela cuando fueron detenidos. La violencia en los hogares y el consumo de estupefacientes son factores cruciales. Uno de cada tres chicos encerrados llegó a vivir en la calle: 14 por ciento reconoció haber sufrido maltratos en su hogar, el 23 por ciento reconoció haber consumido pasta base. Hay, por otra parte, una postura divergente: si son victimarios o víctimas de la organización que los capta.
Hay un precedente interesante: en 2014, el Juzgado Federal N°4 de Rosario ordenó el procesamiento de cuatro hombres acusados de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, dictó la prisión preventiva para tres de ellos y el embargo de los bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos por cada uno.
El pedido había sido realizado por el fiscal Mario Gambacorta, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°3 de Rosario, quien los acusó de haber captado a dos hermanos, uno de ellos menor de edad al momento de los hechos, con fines de “una explotación equiparable a una reducción a la servidumbre mediante la utilización de violencia física y amenazas”. Los imputados habrían “colocado” dentro de los “búnkers” a los jóvenes en situación de vulnerabilidad para que realizaran la venta de estupefacientes en agosto de 2011.
Las víctimas denunciaron que debían realizar turnos de 12, 24 y hasta 48 horas en sitios muy reducidos, antihigiénicos, sin agua, sin comida, sin baño y sin un lugar siquiera para sentarse o acostarse.
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