Acumuló 57 causas en cinco años, salió de prisión por el COVID-19 y volvió a caer por un robo

Ayer, la Comisaría N°16 de Villa Ponsati detuvo a Daniel A., un joven de 19 años oriundo de Villa Elvira. Lo buscaban por un robo cometido el 23 de agosto en la calle 117 entre 96 y 96, un hombre de 33 años caminaba junto a su hija y dos delincuentes lo abordaron en una moto. El acompañante en la moto fue directo al hombre que intentaba defender a su hija y lo golpeó con la culata de su pistola, mientras todo era filmado por una cámara de seguridad. Las cámaras fueron analizadas y los sospechosos fueron identificados: Daniel A. tiene su domicilio registrado en Villa Elvira, a dos cuadras de la zona del robo.

Así, el fiscal Alvaro Garganta ordenó el allanamiento y la detención, según información de Télam. Daniel A. fue encontrado en una casa la calle 95: llevaba, supuestamente, la misma ropa que usó en el día del robo, campera negra, jean azul. Se lo veía con el pelo pulcro y prolijo, sin barba, aseado.

Garganta procedió a indagarlo. Daniel se negó a hablar y quedó en una celda. El fiscal se sorprendió al recibir su ficha de reincidencia de parte del Ministerio de Seguridad. Había 57 números que indicaban 57 causas penales desde el año 2015, cuando Daniel tenía 14 años, delitos como robo, hurto, o lesiones. También indicaba que Daniel había dejado su última jaula el 12 de junio, cuando estuvo detenido en la Comisaría N°9.

Lo habían acusado de un robo doblemente agravado por el uso de arma y por cometerlo junto a un menor. El fiscal del caso no suele pedir excarcelaciones, pero encontró motivos para plantear un escrito ante el Juzgado de Garantías N°1 de Federico Atencio. Para empezar, la 9°, en pleno casco urbano platense, se convirtió en un foco infeccioso de coronavirus.

Ese mes se habían confirmado se confirmaron al menos ocho casos de COVID-19, por lo que autoridades provinciales y municipales desinfectaron la dependencia y activaron el protocolo sanitario, que implicó controles médicos e hisopado al personal. El secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, Enrique Rifourcat, precisó que el primer caso fue el de un detenido de 22 años. Todos los policías del lugar terminaron en aislamiento. Maximiliano Rodríguez, un ladrón infectado, fue trasladado al hospital Rossi, donde esquivó a la guardia de policías que lo custodiaba y se fugó para ser recapturado poco después.

Sin embargo, no solo se trataba del virus. Su defensora oficial presentó un escrito en donde requirió un “amplio examen” y solicitó asistencia médica y adjuntó un certificado médico que hablaba de un “retraso mental grave”. El fiscal, por otra parte, formuló un pedido al RENAPER para evaluar su pedido de exarcelación. Ningún antecedente le fue informado. Las causas de delitos cometidos por menores suelen ir separadas de las cometidas por una persona al llegar a mayor de edad en las listas, no se pueden publicar por ley.

Así, se siguió el protocolo. Se pidió la intervención de un juzgado de familia platense, el número 5 según lo firmado por el juez Atencio. Tres meses más tarde, según la acusación en su contra, Daniel volvía a robar.

Un veterano fiscal de La Plata asegura: “Tengo dos o tres detenidos en cada turno con la misma historia, delitos de robo y patologías mentales de base”. Los delincuentes psiquiátricos son una de las peores encrucijadas del sistema penal argentino, hombres y mujeres en el limbo, al criterio o a la suerte de cada juez que se les cruza.

El caso de Federico B. causó cierto escándalo al comienzo de la cuarentena cuando fue detenido por robar una heladería de Almagro a mediados de abril. Había salido el día anterior del penal de Marcos Paz. Dijo, desafiante, que lo habían soltado por el coronavirus, que lo encerraran, total, volvería a salir. Pero a Benvenuto la Justicia también lo había soltado por su mente. Un delincuente con diagnósticos psiquiátricos que varias veces había sido considerado incapaz por peritos oficiales de enfrentar un proceso penal en su contra. Benvenuto, hoy de 33 años, había tenido gestos más terribles que desafiar a la Policía de la Ciudad. En 2019, amenazó al juez que lo indagaba, a su defensor oficial, a los penitenciarios que lo retenían.

“Te voy a matar, gato, ¿qué te pensás? Estás en mi casa, atrevido”, dijo Benvenuto frente al juez en la sala del Juzgado N°61.

Luego, lanzó una silla de la sala por el aire.

Una junta interdisciplinaria lo analizó en una de las diversas causas en las que estuvo preso: esa junta, que elevó sus resultados a un tribunal de Casación que se negó a excarcelarlo, determinó que sus facultades no encuadraban en los patrones normales, que Benvenuto era un riesgo para sí mismo y para terceros, que de ninguna manera era apto para enfrentar un juicio. “Presenta trastorno de humor no especificado, descompensado (disforia) y trastorno de personalidad”, concluyó el estudio.

La pregunta es obvia: ¿quién se hace cargo? ¿Un juzgado de familia, tal como determinó el juez Atencio? ¿Qué es peor? ¿La cárcel o el manicomio? ¿O qué les conviene? Es curioso: el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria revela 150 muertes en centros de salud mental durante 2019. En 68 de esos casos, casi la mitad, la CPM no pudo encontrar un juzgado civil o de familia a cargo de supervisar a esos pacientes.

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