Mientras continúa la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa, van saliendo a la luz más pruebas que forman parte del expediente que está en manos de la fiscal Verónica Zamboni, de la UFI N° 6 de Villa Gesell.
En las últimas horas se conoció un nuevo video que muestra la secuencia del ataque que ocurrió frente a las puertas del boliche Le Brique. Se trata de imágenes registradas por la cámara de un domo municipal ubicado en la esquina de la cuadra de la discoteca.
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En las filmaciones se observa en primer lugar el momento en que Fernando es sacado del boliche. Eran las 4:31 de la madrugada de ese sábado 18 de enero, cuando la víctima y sus amigos fueron retirados por los empleados de seguridad. A Fernando se lo ve con el torso descubierto y su camisa negra rota. Después de quedarse unos segundos parado sobre el medio de la calle, el joven caminó hacia el kiosco de en frente y se compró un helado.
Las imágenes permiten constatar que en el lugar había policías. También otras personas ajenas al hecho merodeando la zona.
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Unos minutos después, a las 4:36, comenzaron a ser expulsados los rugbiers. Las cámaras de seguridad de una de las cocinas de la discoteca captaron a los patovicas sacándolos por la fuerza. El que más oponía resistencia y se mostraba más alterado tratando de zafarse era Máximo Thomsen, de bermudas y camisa de manga corta oscura.
Los rugbiers fueron sacados por otra salida distinta a la Fernando y sus amigos, conforme a los protocolos de seguridad. En el video se ve que, una vez afuera, un agente policial los trata de alejar del lugar, a uno de ellos incluso le da un leve empujón. Los acusados, sin embargo, no se fueron. Se quedaron cerca, al parecer esperando.
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A las 4:44 un grupo de policías caminó hacia la calle 102, para intervenir por un disturbio que se había generado allí. Ni bien los efectivos llegaron a la esquina, en simultáneo se formó un tumulto junto a una fila de autos estacionados. En ese momento había comenzado la agresión a Fernando.
La cámara del domo no alcanzó a tomar la brutal golpiza, que en parte sí quedó registrada por un testigo que grabó los últimos golpes que le propinaron a la víctima, y por el teléfono de Lucas Pertossi, quien filmó el inicio de la agresión.
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Los policías regresaron dos minutos después, a las 4:46. Para eso Fernando yacía en el suelo, sin reaccionar, a la vez que sus amigos intentaban acercarse y reponerse de los golpes que también habían recibido.
Mientras eso sucedía, en un plano de la entrada del restaurante Ciprianny, ubicado a sólo 25 metros del escenario del homicidio, sobre la misma vereda, se ve a los rugbiers reunirse. Y a Matías Benicelli abrazando a uno de sus amigos. Se ignora el sentido de ese abrazo. Segundos más tarde, la banda sigue su camino hacia el norte y sale del plano.
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Poco después, el domo captó a los rugbiers yéndose hacia la casa que habían alquilado. Ya se habían dispersado. En las imágenes se observa a ocho de los acusados juntos. Detrás de ellos los siguen tres policías, que alcanzaron a abordarlos, aunque al no poderlos vincularlos con el ataque, los dejaron continuar su camino.
Los detuvieron durante el transcurso de la mañana, en el chalet ubicado sobre la calle Alameda donde se alojaban. Desde entonces, ocho de los diez permanecen encarcelados.
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Cómo sigue la causa
Días atrás, el juez de Garantías David Mancinelli, quien interviene en la causa, rechazó la recusación de la fiscal Zamboni, que había sido planteada por la defensa de los diez rugbiers imputados por el crimen. Ante ello, el abogado Hugo Tomei apeló la resolución ante la Cámara de Apelaciones de Dolores, que todavía debe expedirse.
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Luego de ese revés, Tomei también apuntó contra el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando. En un escrito al que tuvo acceso Infobae, le pidió al juez Mancinelli que investigue si Burlando cometió los delitos de apología del crimen e intimidación pública, al realizar “expresiones públicas de riesgo para la vida de los imputados”.
Puntualmente, el abogado defensor hizo hincapié en declaraciones públicas que su colega realizó durante una entrevista telefónica que concedió al canal América TV entre el 19 y 21 de febrero pasados. En su denuncia, Tomei transcribió que Burlando dijo en esa ocasión que le daban “ganas” de defender a los reclusos del penal de Dolores, en caso de que éstos les hicieran algo a los rugbiers detenidos.
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Por otra parte, en la misma presentación Tomei manifestó que la conducta ética profesional del representante de la familia Báez Sosa tiene que ser evaluada por el Colegio de Abogados, por lo cual solicitó la intervención de ese organismo.

También se aguarda la resolución de la sala I de la Cámara de Apelaciones de Dolores, integrada por los jueces Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone, que deberá analizar las prisiones preventivas para los ocho detenidos, lo cual fue solicitado por Tomei a raíz de presuntas irregularidades durante la instrucción por parte de Zamboni.
En caso de que se confirmen, los acusados podrían ser trasladados a otro penal tal como estiman fuentes cercanas a su encierro, una cárcel más cercana a su casa, como la Unidad Nº 57 de Campana, diseñada para jóvenes de 18 a 21 que atraviesan su primera condena o fueron detenidos con prisión preventiva, principalmente por robo a mano armada.
En caso contrario, los implicados podrás regresar a sus casas en Zárate, como ya lo hicieron Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, acusados de ser partícipes necesarios del homicidio.
Mientras tanto, Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21) seguirán en prisión alojados en una celda de la Unidad Penitenciaria N°6 de la localidad de Dolores.

Como parte de las medidas de rigor, el juez Mancinelli ordenó el jueves pasado que los rugbiers encerrados atraviesen pericias psicológicas y socioambientales, llevados a cabo por la Asesoría Pericial del Poder Judicial. Estos análisis se toman para evaluar cualquier tipo de arresto en domicilios, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. El caso puntual no implica ninguna situación especial.
En paralelo a ello, se supo que Viollaz realizó, a través de Tomei, un pedido expreso para ser atendido por un psiquiatra por problemas que le causan sus “condiciones de encierro”. Los acusados ya habían sido asistidos por un psicólogo y un pastor evangélico, pero esta fue la primera vez que uno de ellos pidió un especialista en psiquiatría dentro de la cárcel.
Mientras todas estas cuestiones se terminan de dirimir en la Justicia, en las próximas semanas también se esperan los resultados de la prueba scopométrica que determinaría quién de los ocho acusados fue el que llevaba la zapatilla de lona manchada con sangre. Se estima que a partir de la segunda quincena de marzo estarían los resultados del cotejo de ADN entre las prendas y zapatillas incautadas y las muestras extraídas de la víctima.
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