Allanaron al intendente de San Nicolás en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Este jueves por la tarde, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Justicia ordenó allanar el domicilio de Manuel Pessaglia, intendente de Juntos por el Cambio de San Nicolás. La investigación por lavado de activos también involucra a parte de su círculo familiar. Entre ellos a Ismael José Passaglia, su padre, ex jefe comunal del distrito, a quien también le allanaron la casa.

Los 31 operativos simultáneos los llevó a cabo la Policía Federal Argentina y aún se desconoce qué se encontró en cada uno de ellos. “Actualmente la causa está en secreto de sumario ya que los imputados fueron tomando conocimiento de lo ocurrido a través de sus abogados y se sospecha que sabía los iban a allanar. No hay muchas expectativas de encontrar algo fuerte: se va a buscar documentación y ver el patrimonio en la casa. Vamos a ver qué encontramos”, indicó una fuente judicial a Infobae. Los allanamientos también se desarrollaron en propiedades vinculadas a la familia en Ramallo, San Pedro y la ciudad de Buenos Aires.

La causa se inició en 2018 a través de una denuncia anónima que alertó a la Justicia, a quien comenzó a llamarle la atención que Ismael Passaglia contaba con “bienes y propiedades que no se condecían con su salario”. La familia posee una casa en Punta del Este, tres departamentos en Barrio Parque, dos mil hectáreas de campo en la zona más costosa de La Pampa y estancias en San Pedro. También una serie de vehículos de alta gama. En la causa también están involucrados Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia.

Fue allí cuando la División Anticorrupción de la PFA realizó un informe patrimonial. El abogado de los Passaglia, Juan Carlos Marchetti, pidió la nulidad de los allanamientos, el juez Marcelo Bailaque aceptó tal requerimiento y fue la Sala A de la Cámara Federal de Rosario la que hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el fiscal federal Matías Di Lello y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta. El tribunal ordenó que la investigación continúe en la justicia federal.

El fallo de la Cámara, firmado por el juez Fernando Lorenzo Barbará, se produjo luego de que el juzgado federal 2 de San Nicolás hiciera lugar en marzo a un planteo de Passaglia y declinara la competencia para intervenir en la investigación en el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial, del fuero provincial. Cuando el fiscal Di Lello impulsó la investigación sobre la familia Passaglia había señalado que los hechos denunciados “habrían configurado maniobras de lavado de activos en los términos del artículo 303 del Código Penal”, de competencia exclusiva del fuero federal. Además, le solicitó colaboración a la Procelac, desde donde se propuso “profundizar la investigación patrimonial respecto de los principales investigados como así también ampliarla hacia personas que podrían resultar ‘prestanombres’”.

El lunes 30 de diciembre, el intendente Passaglia se presentó en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, lugar en el que se tramita la causa, para aportar documentación e incluso dejar las llaves de su casa. El juez Bailaque, titular del juzgado, no las aceptó.

Ismael Passaglia encabezó el Instituto de la Vivienda en el gobierno provincial de María Eugenia Vidal entre 2017 y 2019. El ex funcionario dejó la intendencia justamente para darle lugar a Manuel, por aquel entonces primer concejal por la lista oficialista, quien luego ganó las elecciones en 2019 y actualmente cumple su primer mandato completo hasta 2023. Previo a ganar la intendencia en 2011 con el Frente para la Victoria, el padre de la familia fue director del Hospital San Felipe de San Nicolás y ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Felipe Solá.

Passaglia y dos de sus hijos también están imputados por “resistencia a la autoridad” en un hecho ocurrido el 16 de septiembre de 2013. De acuerdo a la acusación, “habrían entorpecido, mediante empleo de insultos y amenazas, el cumplimiento de la orden de presentación y el allanamiento en subsidio” emitida por el Juzgado Federal a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo para realizarse en la sede municipal.

“Son propiedades que vienen de mi abuelo. Son campos a los que mi abuelo le dedicó toda una vida para trabajarlos y administrarlos. Después pasaron a mi padre y ahora están pasando a mí y a mis hermanos. Por eso vengo yo como intendente a poner toda la información a disposición del juez para que esto se termine lo más rápido posible, porque necesito seguir trabajando por la ciudad”, declaró Manuel Passaglia en diciembre al diario El Norte.

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