Sin necesidad de que actuaran las fuerzas de seguridad, los siete encapuchados que mantenían bloqueada la Ruta 40 a la altura de Villa Mascardi, frente al predio donde murió Rafael Nahuel, se retiraron de la calzada sin que se produjeran incidentes.
Así lo informaron a Infobae fuentes policiales.
Al menos siete encapuchados munidos con hachas y hondas de revoleo habían interrumpido esta mañana durante varias horas la arteria, a la altura de la toma de la comunidad Laften Winkul Mapu, en el km 2.006, a unos 35 kilómetros de Bariloche.
En el corte, de doble calzada, los manifestantes incendiaron troncos y ramas y amenazaron a colectivos y guías con turistas, impidiéndoles el paso.
De acuerdo a un lienzo desplegado por los manifestantes, el motivo de la protesta era exigir la libertad del líder espiritual chileno Celestino Córdova, preso hace cinco años, acusado por la Justicia trasandina del homicidio del empresario Werner Luchsinger y de su esposa Vivianne Mackay, ocurrido en 2013 durante un incendio.
La medida de fuerza, presuntamente protagonizada por miembros de la comunidad mapuche, tuvo lugar luego de que Parques Nacionales denunciara la presunta usurpación o turbación del viejo hotel Mascardi, con ingresos y egresos del inmueble por parte de personas no identificadas.
Fuentes policiales señalaron que el corte de ruta comenzó cuando unos cuatro encapuchados descendieron de la toma en esa área boscosa y bloquearon la cinta asfáltica con ramas y troncos cerca de las 9. Luego se sumaron otras tres personas también con sus rostros cubiertos, ocultas en el viejo hotel Mascardi, y les bloquearon el paso a varios colectivos con turistas que visitaban el lago Mascardi. En el área turística se había intensificado el tránsito vehicular este fin de semana debido a las vacaciones de invierno.
La policía de Chubut colocó dos retenes, uno a la altura del paraje Baqueanos y otro camino a El Bolsón mientras se movilizó al lugar personal de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, las fuerzas de seguridad contaban con una autorización judicial para activar el protocolo anticortes, según lo había dispuesto la fiscal federal Sylvia Little. Sin embargo, no fue necesario el uso de la fuerza para liberar la ruta, ya que los manifestantes se retiraron sin que se produjeran otros incidentes.
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