Motín en Merlo: versiones cruzadas sobre el estado de la comisaría

El agónico motín en la Comisaría 3 de Merlo, que duró casi diez horas e incluyó una toma de rehenes, es parte de un problema mucho mayor. No solo revivió automáticamente el fantasma de lo ocurrido en Pergamino en marzo del año pasado con siete muertos en un incendio de colchones: los calabozos de la provincia se convirtieron desde la era Scioli con Alejandro Granados como ministro de Seguridad en una bomba de tiempo humanitaria gracias a la sobrepoblación y el hacinamiento.

"Hace dos días que pasamos hambre, estamos sin luz ni agua, somos 26 detenidos para tres celdas", aseveró a C5N un hombre llamado Fausto, uno de los presos dentro de la dependencia policial. Cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) basados en cálculos del Ministerio de Seguridad hablan de 3.180 detenidos en calabozos provinciales en diciembre del año pasado, un incremento de más del 250 por ciento de cara a los 894 detenidos en diciembre de 2012. Fuentes cercanas a Cristian Ritondo hablaban en agosto pasado de una sobrepoblación general de casi un 200%.

Hoy, con el motín en Merlo acallado y 14 de sus protagonistas trasladados a penales o alcaidías, el CELS revela otro dato llamativo: la 3º de Merlo figura como clausurada al día 30 del mes pasado por orden judicial de acuerdo a un parte mensual del mes de diciembre emitido por el Ministerio de Seguridad, según informó a Infobae la abogada Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad de la ONG, una clausura, estima la abogada, que puede haber sido producida por un hábeas corpus presentado en favor de un detenido. 

La información consta en una planilla de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, en la sección Registro y Contralor de Consignas y Coordinación de Detenidos, a la que accedió este medio: la 3° de Merlo está marcada bajo "clausura judicial" sin calabozos habilitados, con 29 detenidos hasta el día 30 del mes pasado. Sin embargo, fuentes en el Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo aseguraron que "no hay clausura, ni por manda judicial ni por orden del Ministerio." 

Los hombres señalados como cabecillas del motín registraban arrestos de varios meses sin evidentes traslados a cárceles: un hombre acusado de tenencia ilegal de estupefacientes estaba detenido desde fines de junio. Más allá de la irregularidad de encarcelar detenidos por largos períodos -algo que fue prohibido por la Suprema Corte provincial en 2010- en una dependencia clausurada, la Justicia provincial lanzó otra advertencia en paralelo a mediados del mes pasado que va al corazón de lo ocurrido en Merlo: la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, integrada por los jueces Milanta, Spacarotel y De Santis, ordenó al Estado que se suspenda una resolución que permitía el uso de calabozos inhabilitados luego de una cautelar también impulsada por el CELS.

La resolución 642/2014 fue un truco del sciolismo para mantener los calabozos provinciales a flote en una era de arrestos en aumento bajo la excusa del "cupo policial". Diversas resoluciones del Ministerio de Seguridad mismo apuntaron durante 2011 y 2012 a dejar atrás el esquema de arrestos en comisarías, clausurando más de 180 calabozos y limitando los tiempos de detención en dependencias para acelerar los traslados a alcaidías y cárceles.

Una jueza en lo contencioso administrativo decidió denegar la cautelar del CELS para frenar la resolución 642 en junio de este año. Sin embargo, la misma magistrada llamó en su fallo a que el gobierno provincial complete su programa de construcción de alcaidías. Por otra parte, ordenaba el "estricto cumplimiento" de la 642 y "la prohibición de que se lo haga respecto de aquellas comisarías cuya inhabilitación se debe a orden judicial." La Cámara decidió anular la 642 en noviembre: la decisión quedó firme a mediados del mes pasado.

La crisis en comisarías ya no se debate solo en casa: la discusión histórica del problema trasciende a la provincia. En 2010, Rodrigo Gil Escobar, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por "las dramáticas condiciones" de las cárceles y comisarías bonaerenses tras una inspección. La CIDH, por otra parte, otorgó cautelares en dos ocasiones para dependencias provinciales de cara a presentaciones de la Defensoría de Casación y de la Comisión Provincial por la Memoria con "medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de las personas detenidas" en zonas como Villa Galicia, Puente La Noria, Esteban Echeverría, La Tablada y, otra vez, la 1ª de San Justo.

Una dependencia en La Matanza, durante 2014, demostró estar al 532% de su capacidad. Una celda de 4 por 4 metros en Villa Galicia llegó a albergar de 16 a 18 presos, con ventilación casi nula y filtraciones tapadas por bolsas de nylon. La 10ª de Lomas de Zamora, de acuerdo con el informe de la CIDH, nunca dejó de albergar detenidos a pesar de haber sido clausurada en dos ocasiones.