Tragedia de Pergamino: los 11 presos sobrevivientes tienen golpes y temen represalias

La brutal tragedia en la Comisaría 1º de Pergamino que le costó la vida a siete presos tras una supuesta riña con el incendio de colchones en una celda le costó también el puesto al oficial de servicio en turno al momento del hecho y al efectivo destinado a la guardia de los calabozos, según confirmó el Ministerio de Seguridad provincial con una decisión del área de Asuntos Internos. Pero lo cierto es que la cadena de responsabilidades no termina en esos dos eslabones menores: la investigación de lo que ocurrió recién comienza y es por dos vías.

Por un lado, el doctor Nelson Mastorchio, fiscal de la jurisdicción, instruye el expediente judicial sobre la tragedia: la Bonaerense misma fue apartada del caso. Por el otro, la Defensoría de Casación, que nuclea a los defensores oficiales de toda la provincia bajo la dirección del doctor Mario Coriolano, busca respuestas con una pesquisa paralela para así evaluar si la institución se presenta como particular damnificado en la causa del fiscal Mastorchio. Los siete muertos no estaban solos en la celda: había otros once detenidos junto a ellos.

Anoche, según confirman fuentes en la Defensoría, diez de ellos fueron entrevistados de manera confidencial por abogados públicos. La conclusión de los abogados fue inequívoca: estaban visiblemente golpeados y reticentes a hablar "por miedo a represalias de la Policía", asegura un investigador a Infobae: "Todos coincidieron en que estaban en una celda abierta, colectiva, y que una vez desencadenada la pelea fueron enviados a distintos calabozos. En uno de ellos, ya bajo encierro, comenzó el incendio", afirma la fuente.

A pesar de los golpes recibidos, ningún médico los habría revisado. Por lo pronto, la Defensoría presentó un hábeas corpus para resguardar la vida de los presos sobrevivientes.

Voces policiales señalaron como los presuntos responsables de la riña a Alan Nahuel Córdoba, preso en el lugar desde el 26 de enero tras un pedido de captura, y a Juan José "Noni" Cabrera, de 24, detenido desde el día anterior bajo una acusación de lesiones y encubrimiento. Cabrera tenía un fuerte legajo de antecedentes con un paso por seis cárceles desde Junín a Campana y La Plata; había estado preso en el penal de Magdalena antes de recobrar su libertad. Ambos perdieron la vida en el incendio.

Sin embargo, fuentes en la Defensoría de Casación, que depende del Ministerio Público, aseguran que los sobrevivientes no dijeron en sus testimonios quiénes fueron los protagonistas de la pelea ni cuál fue el motivo que la desencadenó. La supuesta hipótesis de la presencia de un violador como disparador de la tragedia tampoco surge de sus testimonios.

Toda esta situación de calabozo lleno y clima volátil no es tan solo un síntoma, sino parte de algo mayor. Cifras oficiales difundidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indican que los detenidos en comisarías bonaerenses aumentaron un 60% en los últimos dos años.

En diciembre de 2015 había 2.235 personas alojadas en dependencias policiales. Hoy, marzo de 2017, el número asciende a 3.017,  con 1.105 camastros en las dependencias policiales. Es decir que hay un 172,8% de sobreocupación de internos que deberían ser remitidos a penitenciarías. En 2005, el "fallo Verbitsky" firmado por la Suprema Corte bonaerense declaró inconstitucionales los encierros prolongados en comisarías.

La curva en ascenso es general tanto para cárceles como para dependencias policiales. En 2014 hubo 33.502 detenidos entre ambos sistemas de acuerdo a los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses. En 2015, ese número ascendió a 35.107. Hoy, según el CELS, hay 38 mil detenidos, un récord histórico para el territorio bonaerense. Todo esto, bajo la emergencia penitenciaria declarada por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Paula Litvachky, directora del área de Seguridad y Justicia del CELS, apunta: "En términos generales, esto es una consecuencia absolutamente previsible de la situación de hacinamiento crítico que el CELS denuncia hace años. La provincia tiene una posición muy complicada. Su posición se endureció tanto que eso se refleja en la tasa de encarcelamiento". La curva, afirma Litvachky, "descendió hasta que en la gestión Scioli-Casal se endurece otra vez, con la restricción a excarcelaciones. El sistema está totalmente hacinado, no hay cupo en las cárceles, entonces se acumulan en comisarías y alcaidías, el lugar intermedio". Miembros del CELS visitarán Pergamino este lunes para entrevistarse con funcionarios judiciales y familiares de víctimas.

La Defensoría de Casación a cargo del doctor Coriolano, por otra parte, recopila desde hace quince años las denuncias de tormentos y brutalidad hechas por detenidos tanto en penales del Servicio Penitenciario Bonaerense como en comisarías. Las analiza y publica en informes cuatrimestrales. El último informe disponible abarca desde enero hasta abril del año pasado, el primer tramo de la gestión Cambiemos con Cristian Ritondo y el jefe policial Pablo Bressi. Según el documento, hubo 121 casos de torturas en ese período. Cincuenta de ellos correspondían a menores de edad.

Es, en todo caso, un descenso. El último cuatrimestre de la gestión Scioli tuvo más de 170 casos. Los informes revelaron hasta prácticas prohibidas, como alojar menores junto a adultos presos. La policía de la jurisdicción de Pergamino, por su parte, tuvo 101 denuncias en los últimos 15 años, una de las estadísticas más bajas de toda la provincia. La fuerza en Lomas de Zamora, por ejemplo, tuvo más de 1.300: en 110 de ellas, las víctimas pidieron por miedo confidencialidad a sus defensores.