En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto que propone eliminar todas las restricciones horarias y de canal a la venta de bebidas alcohólicas, derogando múltiples artículos del Código de Habilitaciones y Verificaciones. La iniciativa, presentada en la Comisión de Desarrollo Económico y Mercosur, expresa como argumento central de que la normativa vigente constituye una injerencia arbitraria sobre derechos individuales y comerciales.
El proyecto, que lleva la firma del legislador Juan Ignacio Fernández, impulsa la derogación de los artículos 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4 del Capítulo 1.1 “Restricciones a la venta de bebidas alcohólicas”, normas que hasta ahora fijaban límites estrictos. Por ejemplo, establecen que solo se puede vender alcohol para consumo fuera del local entre las 8:00 y 22:00 y permitir envíos a domicilio únicamente hasta la medianoche.
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Además, prohíben la venta en cualquier local autorizado entre las 5:00 y las 10:00, y el consumo dentro de los locales entre las 5:30 y las 10:00. A su vez, hay una prohibición expresa para el expendio y envío de alcohol desde quioscos, maxikioscos y locales de golosinas, incluso en horarios en los que supermercados o restaurantes sí están habilitados.
El núcleo de la argumentación a favor de la reforma se apoya en la defensa de las libertades individuales y los derechos de propiedad, citando como base el artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación y numerosos pasajes de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad. El expediente señala: “El Estado no posee legitimidad para ejercer un rol paternalista que pretenda proteger al individuo de sus propias elecciones”. Y denuncia que las restricciones actuales “asumen una incapacidad injustificada que vulnera el principio de autonomía de la voluntad”.
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Uno de los aspectos destacados por el texto es la presunta arbitrariedad de las limitaciones según el tipo de local. Según el proyecto, mientras la normativa permite la compra de alcohol en supermercados y locales gastronómicos durante ciertos horarios, la prohíbe completamente en quioscos y otros canales pequeños: “El Estado otorga así privilegios para ciertos sectores —supermercados y locales gastronómicos— mientras prohíbe arbitrariamente a otros —quioscos— ejercer la misma actividad comercial”.
Argumentos y liberalización
El documento sostiene que la aplicación de las normas horarias en Buenos Aires fue poco efectiva. El texto advierte que la práctica ”ha demostrado que las restricciones horarias incentivan la corrupción administrativa e imponen al comerciante funciones de control que exceden su rol”, trasladando obligaciones de fiscalización al sector privado y fomentando acuerdos irregulares con agentes estatales. En palabras del proyecto: “El incumplimiento sistemático evidencia la inviabilidad de la medida”.
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El proyecto subraya que los problemas vinculados al consumo excesivo de alcohol deben abordarse con herramientas “específicas de prevención y tratamiento”, no con regulaciones generales del mercado como los topes horarios. Por el contrario, se señala que al restringir la venta formal se estimulan circuitos informales que agravan la convivencia vecinal: “Las prohibiciones horarias no se dirigen efectivamente hacia quienes presentan conductas problemáticas, sino que afectan a ciudadanos adultos responsables, mientras generan canales informales incontrolables”.
El argumento económico asume peso propio en la defensa de la derogación. El texto menciona que un levantamiento de las restricciones podría aumentar el volumen de transacciones comerciales formales —especialmente en una ciudad de actividad nocturna intensa y de perfil turístico— y que “permitirá incrementar el volumen de transacciones comerciales formales, con efectos positivos en la recaudación tributaria indirecta”, junto con la generación de empleos en servicios y logística y un equilibrio competitivo entre grandes distribuidores y comercios de menor escala.
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El escrito concluye que la eliminación de las restricciones simplificaría la estructura administrativa, reduciría las oportunidades de corrupción y permitiría enfocar los recursos estatales en controles “efectivos” sobre orden público y seguridad vial.
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