Vigilancia del régimen de Ortega y Murillo: la denuncia de un experto de la ONU sobre la presión hacia la diáspora nicaragüense

El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha extendido su aparato de vigilancia y control más allá de sus fronteras, empleando la red diplomática para monitorear e intimidar a la diáspora nicaragüense.

Así lo denuncia Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien advierte sobre el alcance transnacional de la represión oficial.

Brody, quien inició su carrera internacional en los años ochenta investigando crímenes en Centroamérica, describe una estructura de inteligencia estatal que abarca al ejército, la policía, autoridades migratorias, el ente regulador de telecomunicaciones (TELCOR), misiones diplomáticas y operadores vinculados al Frente Sandinista.

Este entramado, señala, utiliza la vigilancia digital, el hackeo y la divulgación de datos personales (doxing) para silenciar a personas críticas. La llamada “secretaría política” está presente en cada institución pública y en las llamadas “unidades de la victoria”, que vigilan la vida cotidiana en barrios y comunidades.

El fenómeno no se detiene en la frontera. Más de 800,000 nicaragüenses —casi el 13% de la población total— han abandonado el país en los últimos años debido a la persecución política.

El régimen, según Brody, emplea sus embajadas y consulados para seguir e intimidar a quienes se exilian. Se han reportado al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra figuras críticas en el extranjero, como el exjefe militar Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica, y el excomandante Marvin Gámez Alaniz, quien sobrevivió a un ataque armado en Honduras.

El clima de miedo se ha extendido entre la diáspora, que no se siente segura en ningún lugar. Brody advierte que el Gobierno usa la negación de pasaportes y la amenaza hacia las familias de exiliados como herramientas adicionales de presión. Esta política, afirma, ha convertido a Nicaragua en “un país de vigilancia y de silencio impuesto”, forzando al exilio y la apatía a quienes no pueden regresar.

Reed Brody es un jurista internacional con amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos. Destaca por haber documentado crímenes cometidos por dictaduras y por su trabajo en juicios internacionales, como el caso del dictador chadiano Hissène Habré.

Durante los años ochenta, sus investigaciones sobre atrocidades en Nicaragua influyeron en la política internacional y en la suspensión de la ayuda estadounidense a “los contras”. Ha participado en la redacción de normas internacionales sobre la independencia judicial y dirigió la División de Derechos Humanos de ONUSAL en El Salvador.

En la actualidad, Brody subraya el impacto de la maquinaria de represión del régimen Ortega-Murillo, que prioriza el aparato de seguridad e inteligencia como instrumento de control. Considera que la persecución política es financiada por el Estado y se extiende más allá de las fronteras nicaragüenses, afectando la vida cotidiana de quienes se oponen al régimen tanto dentro como fuera del país.

Esta situación ha llevado a la comunidad internacional a redoblar su atención sobre el caso nicaragüense. Organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales han exigido el fin de la persecución y la protección de los derechos de los exiliados, aunque el régimen ha bloqueado sistemáticamente todo intento de supervisión externa.

El uso de la red diplomática para la vigilancia y el hostigamiento a la diáspora representa una muestra del alcance transnacional de la represión en Nicaragua, y plantea desafíos crecientes para la protección de los derechos humanos de quienes han debido dejar su país por razones políticas.