Adelanto exclusivo del diario de Ramón Carrillo, ministro de Salud de Perón: negociaciones y secretos de la Constitución de 1949

Médico a los 23 años, profesor a los 36, ministro a los 37 y exiliado a los 48, el doctor Ramón Carrillo dejó un invaluable testimonio cuando a fines de 1948 y principios de 1949 se discutió en reuniones exprés de gabinete, el voluminoso artículado de lo que Evita llamaría “la Constitución de Perón”.

Con la sospecha en el ambiente de que lo que se buscaba era reformar el artículo 77 y permitir la reelección presidencial, aunque también desde la Casa Rosada se insistía en que la carta magna, sancionada en 1853, debía modernizarse. El 27 de agosto de 1948 el Senado había votado la ley 13233 –discutida antes en una maratónica sesión en diputados -que establecía la necesidad de revisarla y reformarla. Juan Domingo Perón venía con el envión triunfalista que supuso las elecciones de medio término del 7 de marzo que había ratificado y aumentado el apoyo popular.

El 5 de diciembre se celebraron las elecciones a convencionales constituyentes, donde el oficialismo se impuso con la mayoría, obteniendo 109 representantes, mientras que la minoría quedó compuesta por 48 radicales y por un comunista.

El que se ocupó del contenido de la reforma fue el español José Manuel Figuerola y Tressols, secretario de Asuntos Técnicos de la presidencia. Funcionario entre 1922 y 1930 en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en 1930 emigró a la Argentina, donde fue asesor de la Compañía Hispano Argentina de Electricidad y luego fue empleado en el Departamento Nacional de Trabajo. Durante la dictadura del general Edelmiro J. Farrell, Perón lo nombró secretario general del Consejo Nacional de Posguerra, creado en agosto de 1944 para planificar el desarrollo económico cuando la segunda guerra mundial hubiera finalizado.

Descripto como inteligente y talentoso y también distraído, olvidadizo, reconcentrado en sus pensamientos, de una memoria extraordinaria y fotográfica, el negro Carrillo, como lo llamaban, fue un destacado neurólogo y neurocirujano, que impulsó una fuerte transformación en la salud pública del país, creando instituciones sanitarias gratuitas y permitiendo así una mayor equidad en la atención médica.

Tenía 40 años cuando en 1946 fue nombrado secretario de Salud, y el 7 de julio de 1949 el área fue elevada a ministerio. Fue testigo privilegiado de las discusiones en torno al articulado de la nueva constitución y llevó un diario personal sobre esas reuniones, al que Infobae tuvo acceso exclusivo, documentación en poder de sus hijos Ramón y Facundo. Lo que a continuación se reproduce, son las observaciones de puño y letra del médico.

La primera anotación del diario, de 87 páginas, es del 15 de diciembre de 1948, cuando Perón reunió al gabinete. Aseguró que la reforma tenía por objetivo consolidar el movimiento en materia social y en la economía nacional, y que era un “reaseguro de la independencia económica”.

Enseguida el presidente mostró sus intenciones, cuando afirmó que la reforma “había que hacerla manteniendo el control de la misma, y no la vamos a dejar librada a la iniciativa y libre discusión de los constituyentes”.

Carrillo anotó que hacía tiempo tenía la impresión de que Perón no tenía una idea clara y definitiva sobre cuáles eran las reformas que aceptaría -salvo los relacionados a los derechos del trabajador- y que él como el resto de los ministros aguardaban el material que preparaba Figuerola.

El primer mandatario exhortó a sus ministros a ponerse a trabajar inmediatamente en la nueva legislación que surgiría de la nueva Constitución. Para sus adentros, Carrillo no se preocupó: su Código Sanitario, un mamotreto de 4000 páginas -que había sido convertido en ley en 1947- dejaba legislación como para cincuenta años.

“Los defectos son más de los hombres que de las leyes”, aseguró Perón al explicar cómo debía ser aplicada la nueva carta magna. Sería por dos tipos de normas, las orgánicas y las de aplicación o funcionamiento.

Exigió que la primera ley fuera la de los ministerios y les pidió informes a los ministros, que no excedieran las 5 o 6 páginas, sobre las funciones, facultades, estructura y atribuciones de cada una de sus carteras.

A continuación, reveló cómo creía que debía ser el proceso. Primero, se discutirían y estudiarían las reformas de Figuerola, las que debían ser aprobadas por el presidente y por su gabinete. Luego, pasarían al partido y éste, una vez que hubiera dado su consentimiento, elevaría el material a los convencionales. “Así se evitarían las peligrosas discusiones en la constituyente”, aclaró Perón, siempre según las anotaciones de Carrillo.

En esa reunión, el presidente criticó el desempeño en la campaña electoral de algunos gobernadores. “Si un gobernador pierde 10 mil votos en una elección, ¿lo vamos a dejar un año más para que en ese tiempo nos dilapide otros diez mil votos? Evidentemente, no".

El médico dejó señalada su preocupación porque calculaba que, si las reuniones de la reforma comenzaban el 17 de enero, quedaría solo un mes, “y aún no tenemos ni idea lo qué contendrá el anteproyecto, si la reforma era amplia o limitada, si sería revolucionaria o conservadora”. Lo que a Carrillo le llamaba la atención era ver a sus colegas ministros que no compartían su misma preocupación.

Luego, sobrevino un sermón de Perón por las peleas en el gabinete. Los acusó de no saber trabajar en equipo, que estaban dominados por su individualismo racial de “tanos y gallegos”, que eran capaces de perder un partido por no patear para el mismo arco, y que había diferencias con los anglosajones, que sí sabían trabajar en equipo.

Luego de la reunión del gabinete del 22 de diciembre, en la que Perón se quejó de los escasos avances en la aplicación del Plan Quinquenal, y que los ministros solo habían cumplido alrededor del 20% de lo programado para ese año, sobrevino la maratónica jornada de trabajo del jueves 30 de diciembre.

Lo que a continuación se relata, Carrillo lo escribió el 1 de enero, cuando fue con su esposa Isabel Susana Pomar a descansar al Tigre.

Ese día se trabajó entre las ocho y las tres y media de la tarde, y desde las cinco a las ocho de la noche. “Esta reunión sería histórica y al mismo tiempo satisfactoria si hubiéramos venido conociendo el plan de reforma aprobado por el general Perón. Lo hubiéramos podido ayudar mejor de lo que hicimos”, se lamentó.

Al ministro le extrañó que cuando se trataba de un acuerdo de gabinete, lo usual era recibir una copia tres o cuatro días antes. “Ahora teníamos que leer las reformas y hacerle llegar al presidente las sugerencias”.

Carrillo consignó que nadie tenía idea de cómo se trabajaría, y todos esperaban las palabras del “jefe”, como él lo llamaba. Carrillo, al revisar el anteproyecto, se quedó tranquilo, ya que comprobó que incluía sus sugerencias sobre sanidad y medicina social, y el articulado que impedía a las provincias a legislar normas contradictorias con las nacionales.

El presidente sorprendió a todos. Alertó sobre la existencia de fuerzas que conspiraban para derrocar al gobierno y que si lo mataban “nos liquidan a todos”. Sin aludir a nada en concreto, aseguró haber tomado las medidas pertinentes.

Carrillo entendió que se refería a una conspiración militar, de la que se venían escuchando insistentes rumores. Miró al ministro de Guerra, el general mendocino Humberto Sosa Molina, quien se mantuvo callado.

Anotación al margen: en septiembre el gobierno había denunciado un complot orquestado por Cipriano Reyes, un diputado del Partido Laborista que, si bien había sido clave en la movilización del 17 de octubre de 1945, sus disidencias con el gobierno lo habían colocado en la vereda de enfrente. Reyes, acusado de querer asesinar a Perón y a su esposa, fue detenido y torturado. Sería liberado en 1955, una vez caído el gobierno.

De nuevo con el relato de Carrillo, el presidente encarriló el tema a la reforma. Explicó que no se trataba de hacer una nueva Constitución sino mejorar la vieja, para lo cual bastaría un contenido perfeccionado, respetando el continente, y que conservase “su simplicidad” y su carácter sintético. Que las modificaciones fueran mínimas, y que estuvieran en el texto “los principios de nuestro movimiento político, social y económico”.

Informó que en el Salón de los Acuerdos se había colocado un fichero con 4000 fichas que incluían antecedentes y proyectos y que, si bien reunían quince kilos de papeles, “la Constitución no debe pesar más de quince gramos”, bromeó.

El primer mandatario leyó el preámbulo, y nadie objetó incluir “…ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económica libre y políticamente soberana…”

Luego de una larga lectura que el propio Perón hizo de toda la reforma, se procedió a analizar artículo por artículo. Carrillo escribió que, cuando se analizó el 4° sobre la provisión del gobierno federal a los gastos de la Nación, consignó “el ministro de Hacienda muy flojo en la materia”.

En el 5°, referido a que cada provincia dictaría para sí una Constitución bajo el sistema representativo, en los que contemplaría la administración de justicia, régimen municipal, educación primaria y la cooperación del gobierno federal, Carrillo no se atrevió a pedir que se agregasen la salud pública y la asistencia social. Pensó acercarle la moción a Figuerola. Pero éste no las incluiría, según se desprende del texto definitivo.

Carrillo calificó de “anacrónico” el artículo 6° referido a intervenciones provinciales. “Si hasta ahora no hemos tenido dificultades, mejor dejarlo así”, cerró el tema Perón.

Con el 7° sobre actos públicos y procedimientos judiciales en las provincias, Carrillo esperaba una intervención de Belisario Gache Pirán, titular de la cartera de Justicia e Instrucción Pública, pero éste no dijo nada. El médico agregó que “para opinar de la Constitución es mejor no ser abogado y tener en cambio una gran dosis de sentido común”, escribió.

En la reunión, consignó Carrillo, Perón se ocupó de leer los derechos y deberes del trabajador, de la familia y la ancianidad, que quedarían contemplados en el artículo 37°. El médico era partidario de que, en lugar del trabajador, se pusiera ‘trabajo’, “para sacarle un poco el tono clasista”, explicó. Tanto él como el almirante Enrique García, ministro de Marina, coincidieron en que también debía mencionarse a la infancia. “Pero no estábamos preparados”, admitió Carrillo, quien percibió que Perón no quería discutir mucho, por eso planeaba hablarle más tarde a solas, para convencerlo de incluir los derechos de maternidad e infancia.

Con lo que el presidente estuvo de acuerdo fue con su moción de cambiar el ítem que contemplaba sanciones para quienes pretendiesen modificar violentamente la Constitución, que estaba al final del 14 y que pasase al 30.

Sobre la renovación del mandato de los diputados, se consignó que fuera de seis años con una renovación de tres. Miguel Miranda, director del IAPI, propuso una renovación total a los seis pero Alberto Teisaire, presidente provisional del Senado y Hortensio Quijano, el vicepresidente, se opusieron. También se discutió el artículo que prorrogaba el mandato de los diputados y acortaba el de los senadores, para terminar todos en 1952. El artículo volvió a estudio.

Cuando se trató el mandato de los senadores, Miranda propuso lisa y llanamente la eliminación de la cámara alta, pero Perón lo cortó de plano: “Si Grecia y Roma y todos los países modernos no habían podido suprimir el senado, menos podríamos hacerlo nosotros”. En esta cuestión, Carrillo adhirió a la propuesta de que fuera 22 la edad mínima de los diputados.

También se suprimió el articulado que prohibía a los eclesiásticos regulares ser miembros del congreso, ya que Perón dijo que eran los propios superiores de los religiosos quienes debían prohibirles esa cuestión.

Hubo una acalorada discusión –“se armó una trifulca”, describió- en torno al artículo 86° propuesto por el ministro de Guerra. En ese ítem, se permitía al presidente delegar el mando en el comandante en jefe. Perón dijo que no podía delegar, pero sí “nombrar”.

Cuando se discutió el artículo 87° sobre la facultad presidencial de crear, reglamentar o suprimir ministerios, el presidente explicó que “si yo tengo la responsabilidad de la administración y mis ministros son mis secretarios, es lógico que yo estructure la administración”. Siempre según las anotaciones de Carrillo, “no es posible que el poder legislativo avance sobre cuestiones fundamentales del poder ejecutivo. Porque con ese criterio también el ejecutivo a su vez podría fijar el número y funciones de las cámaras y dar normas sobre su régimen interno”.

Ante esta explicación, el secretario de Salud quedó desconcertado y el que más protestó fue el general Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas, y se pronunció en contra de la creación de más ministerios de los necesarios. “No faltará algún presidente medio loco que tenga cuarenta ministerios”, agregó. Perón propuso que si se encontrase una fórmula que mantuviera la independencia del ejecutivo en la materia, no tendría ningún inconveniente en aceptar una ratificación del congreso. Se acordó que el ejecutivo se reservaría la iniciativa frente al congreso de la creación de nuevas carteras.

La última intervención del médico en la discusión de la reforma fue cuando propuso, respecto al poder judicial, suprimir el fuero especial para los extranjeros.

La siguiente anotación en el diario fue irónica: “Con esto se terminó nuestro ‘estudio” del anteproyecto”. Carrillo estaba convencido de que solo se había realizado un estudio superficial. Eso se lo marcó a Perón y le propuso reunir al gabinete en 48 horas y repasar artículo por artículo. El que le respondió fue Juan Atilio Bramuglia, titular de Relaciones Exteriores, quien “saltó como leche hervida”, que no hacía falta. Carrillo lo miró a Gache Pirán, en busca de ayuda, pero le hizo un gesto para que no hablase. Perón no consideró conveniente un nuevo encuentro y dio por finalizada la reunión. “Quedé consternado”, anotó Carrillo.

Cuando el 3 de enero le entregó a Perón el artículo sobre los derechos de la infancia y maternidad, le agradó el contenido y le pidió que se lo llevase a Figuerola, a quien debió convencer de incluir la palabra “privilegio”, que el funcionario quería eliminar.

Carrillo insistía en tener otra reunión con los ministros para discutir más a fondo la reforma. Pero cuando el presidente volvió a reunir al gabinete, expresó que el trabajo estaba terminado y que gran parte ya había sido enviado a imprenta. Carrillo anotó: “Nosotros seguimos en el absoluto secreto de cómo se elaboró la Constitución”. La estrategia presidencial era, según el ministro, hacer aparecer al partido como el autor del anteproyecto.

En un aparte, el ministro de Justicia le confesó a Carrillo que no estaba de acuerdo sobre cómo había quedado redactada la carta magna y acusó a Figuerola de “falta de seriedad” y que no se había tomado en cuenta a los juristas que había recomendado. Contó que se lo había comentado a Perón, “quien le había hecho pasar un momento desagradable”. Gache Pirán conservaba fichas con modificaciones en todos los artículos y, según Carrillo, no planteó esas objeciones con la energía necesaria.

El 12 de enero el presidente pronunció un discurso a los convencionales constituyentes peronistas en un asado en la Quinta de Olivos. Carrillo consignó que fue “improvisado” y que había sido “notable”, y que lo que había dicho superaba el contenido del anteproyecto. Cabe aclarar que en ese asado, Perón leyó el artículo que establecía que el mandato presidencial era de seis años y que podría ser reelegido, contradiciéndose con lo que venía afirmando, incluso en el mensaje a la asamblea legislativa, de que su opinión era contraria a la reelección.

Carrillo dejó anotado que Perón rechazó la idea de Gache Pirán de unificar el Código Procesal y aseguró que había sido “una macana” haber aceptado sus sugerencias al artículo 5°.

Le correspondió a Teisaire explicar las instrucciones que se les daría a los convencionales para evitar discusiones en el recinto. Indicó que las deliberaciones se harían en una sola comisión, la asamblea votaría el despacho de la comisión y que, con ese sistema, estimaba que todo quedaría terminado en seis reuniones.

Carrillo apuntó que “el reglamento es tan severo para impedir perturbaciones de la oposición, que si quiere discutirlo, debían hacerlo en la comisión”, y agregó que “no creo que la oposición tenga el patriotismo suficiente, el odio y el sectarismo son muy fuertes en ellos, más fuerte que el bien del país”.

El resto es historia conocida: el 24 de enero comenzaron las sesiones, presididas por el gobernador bonaerense Domingo Mercante, el vice primero fue Héctor J. Cámpora y el vice segundo José G. Espejo, secretario general de la CGT. Teisaire le erró al cálculo, porque al contrario de la media docena de sesiones, hubo 13, cuyo contenido daría para varias notas. El 11 de marzo estuvo el texto definitivo, que la oposición no avaló porque se había retirado del recinto y el 16 se la juró.

Carrillo sufría de hipertensión arterial maligna, tenía terribles dolores de cabeza que venía soportando desde 1951, lo que obligaba a cortar el trabajo y reposar. Debió renunciar al ministerio y el que nunca le creyó fue el propio Perón, que siempre pensó que se había ido por otras razones.

Volvió a la cátedra de Neurocirugía y en 1954 se le ofreció una beca para llevar adelante un estudio antibiótico en los Estados Unidos. El 15 de octubre partió, junto a su esposa y cuatro hijos, de Buenos Aires.

Al querer regresar por mar -le tenía terror a los aviones- una huelga de portuarios retrasó su partida, los pasajes vencieron y no le permitieron renovarlos.

Se enteró del golpe de 1955 cuando viajaba desde Nueva York a Boston a una consulta cardiológica. Supo que algunos de sus hermanos y amigos estaban o presos o prófugos. Le aconsejaron que se mantuviera en el exterior hasta que las cosas se calmasen. Le pedía ayuda a una de sus hermanas, Carmen Antonia, porque no tenía dinero.

Le cortaron los fondos de su beca y su casa en Buenos Aires fue allanada. Le mandó un telegrama al general Eduardo Lonardi, en el que se ponía a su disposición para ser investigado. Nunca le respondieron.

Dependía del dinero que le mandaban familiares y amigos, no tenía ni para pagar la comida, menos para regresar. “Cuando llegue, me meten preso, no sé por qué carajos”, protestaba. Quiso conseguir trabajo de mozo o ayudante de cocina, pero no estaba bien de salud.

Consiguió empleo de médico en una compañía americana de explotación de metales, en plena amazonia, a dos días de Belém do Pará, en Brasil. El día que cumplió 50 años lo hizo con un terrible dolor de cabeza y fue en algunas oportunidades a Río de Janeiro a tratarse. El 28 de noviembre de 1956 sufrió un derrame cerebral que le paralizó la parte izquierda de su cuerpo. Quisieron trasladarlo a un centro de mayor complejidad pero era arriesgado hacerlo en esas condiciones.

Carrillo no le daba importancia a los valores de presión -llegó a tener 260/150 - y el clima del Amazonia tampoco ayudaba. Falleció en el hospital de Belém el 20 de diciembre a las siete de la mañana.

En diciembre de 1972, por gestiones de la provincia de Santiago del Estero, sus restos fueron repatriados y depositados en la bóveda familiar.

Si bien su rostro está en el billete de dos mil pesos, que comparte con la doctora Cecilia Grierson, sus hijos –custodios de trabajos académicos de su padre y de recuerdos de su trayectoria- sostienen que su obra no fue debidamente reconocida.

La Constitución de 1949 fue derogada el 27 de abril de 1956 por el gobierno de facto que había derrocado a Perón en septiembre de 1955. Algunos detalles de cómo se gestó, se conocen gracias a las observaciones de aquel médico sanitarista inteligente y talentoso que dejó una importante huella en la salud de nuestro país.