El Gobierno revisa un relevamiento que había reconocido la posesión de tierras a una comunidad mapuche

En 2023, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la ocupación tradicional y pública de una comunidad mapuche en Futaleufú. El organismo decidió revisar esa decisión, a partir de la denuncia de particulares por supuesta irregularidad en ese proceso

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Pobladores de la zona sostuvieron que son titulares dominiales y registrales de tierras incluidas en el relevamiento mapuche.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) decidió reabrir el trámite administrativo vinculado al relevamiento territorial de la comunidad Mapuche Tehuelche Lof Familia Catrimán Colihueque, radicada en Futaleufú, Chubut.

La medida quedó formalizada a través de la disposición que rubricó Claudio Avruj, actual presidente del INAI, la cual pone nuevamente en discusión el reconocimiento de ocupación tradicional que el propio organismo había otorgado en 2023.

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Varios pobladores de esa zona aseguran ser titulares dominiales y registrales de una porción de tierra que forma parte del relevamiento mapuche.

A través de un recurso de reconsideración, plantearon que la Resolución 354/2023 —la que había reconocido la ocupación indígena— se dictó sin respetar el debido proceso ni su derecho de defensa.

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Afirmaron, además, que los fundamentos de esa resolución eran “manifiestamente ficticios e inexistentes” y remarcaron que nunca fueron convocados a participar del procedimiento.

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El recurso de reconsideración cuestionó la Resolución 354/2023 por presuntas fallas en el debido proceso y en el derecho de defensa.

Frente a ese planteo, el INAI dispuso abrir una etapa probatoria y reabrir el expediente que se había tramitado en el marco de la Ley 26.160, la normativa que regula el relevamiento de tierras de comunidades indígenas en todo el país.

El objetivo declarado “es revisar los antecedentes que llevaron a reconocer, en 2023, la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, y determinar si en ese proceso se vulneraron derechos de los propietarios registrales”.

En relación con la medida, Avruj aseguró a través de las redes sociales que “continuamos trabajando en pos de la transparencia del INAI. Pusimos todo en revisión desde el primer día de gestión” y acompañó el texto con una captura de la reciente disposición.

La Asociación Civil Consenso Patagonia destacó la iniciativa de la conducción actual del INAI debido a que “la revisión administrativa ordenada contribuye a otorgar mayores garantías tanto a las comunidades indígenas como a los particulares alcanzados por el procedimiento”.

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La disposición firmada por Claudio Avruj volvió a poner en revisión el reconocimiento de ocupación tradicional que el INAI había otorgado en 2023.

La medida, dijeron, “constituye una manifestación del funcionamiento de las instituciones republicanas, donde las decisiones administrativas pueden ser revisadas conforme a los procedimientos legales establecidos, fortaleciendo la confianza pública en los organismos del Estado”.

En los considerandos de la disposición, el INAI recordó que el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas busca identificar y delimitar los territorios que ocupan las comunidades originarias, y aclaró que, por diseño, ese procedimiento no prevé la participación de terceros ajenos a las partes durante sus distintas etapas.

Pese a eso, el organismo entendió que corresponde revisar lo actuado porque podrían haberse pasado por alto circunstancias objetivas que, de haber sido tenidas en cuenta, habrían evitado que se relevara y georreferenciara parte del inmueble reclamado por los denunciantes.

La disposición ordena notificar de la reapertura a la comunidad Lof Familia Catrimán Colihueque, al representante del Consejo de Participación Indígena, al Gobierno de Chubut y al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la provincia, organismos que ahora podrán acercar documentación e informes que se sumarán al expediente en revisión.

El caso se suma a una serie de conflictos territoriales entre comunidades mapuche y propietarios privados que se vienen registrando en distintos puntos de la Patagonia, y que en los últimos años han derivado en sucesivos cuestionamientos judiciales y administrativos a los relevamientos realizados bajo la Ley 26.160.

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