
Una nueva evacuación sorprendió a los residentes del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, luego de que una ventana se doblara hacia adentro en la torre A, sector 2, y los vidrios terminaran esparcidos en el suelo de un departamento. A pesar de la reciente autorización por parte de la justicia porteña para regresar a las viviendas, la alarma volvió a sonar y los habitantes debieron salir de sus casas.
Según pudo saber Infobae, la propietaria del departamento 2°A fue quien alertó sobre el desplazamiento anómalo en una de las ventanas. Al inspeccionar la unidad, se constató que la tirantería metálica presentaba signos de vencimiento, lo que llevó a colocar a resguardo a todas las personas para evitar riesgos. Una vez verificado el peligro, se resolvió evacuar en forma preventiva a 12 familias que se encontraban en el lugar.
Según explicaron las fuentes consultadas, la responsabilidad de atender y resolver los problemas estructurales recae plenamente en la Constructora Sudamericana S.A. (COSUD), mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solo cuenta con potestad para actuar de manera inmediata en situaciones de emergencia, como en este caso, coordinando la evacuación mediante la Guardia de Auxilio. La vigilancia sobre el predio, además, quedó bajo estricta supervisión de efectivos de la Policía de la Ciudad.
De hecho, el Gobierno porteño anunció que se presentará como parte damnificada en la causa pensal radicada en la Fiscalía 31, a cargo del fiscal Salvarici. “Se considera necesario, a raíz de los nuevos hechos, se parte de la causa judicial para tener conocimiento de todas las acciones que está llevando a cabo la empresa constructora COSUD SA.”, indicaron.

La situación se produce a apenas cinco días de que la justicia porteña levantara parcialmente la clausura del complejo, permitiendo el reingreso condicionado de los propietarios y ocupantes afectados por el derrumbe de la losa que cayó sobre el estacionamiento subterráneo. La medida judicial habilitó el acceso sólo a residentes de sectores específicos y bajo estrictos controles de identidad y seguridad, sin autorizar el ingreso general a todo el edificio.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, bajo la titularidad de María del Rosario Selvatici, dispuso esta flexibilización limitada tras recibir informes técnicos elaborados por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias junto a profesionales externos. Estos documentos, que formaron parte de la investigación penal en curso, determinaron que ciertas áreas podían habitarse siempre que se mantuvieran las restricciones sobre la zona donde colapsó la estructura central. El operativo incluyó la presencia permanente de consigna policial y el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad en los procedimientos que requerían verificación adicional.
El antecedente directo de este nuevo episodio data del pasado 3 de marzo, cuando el colapso de una losa de 50 x 70 metros destruyó decenas de autos en el subsuelo y obligó a la evacuación de más de 200 personas. La emergencia se originó en el Sector 2 del complejo, donde la empresa COSUD desarrollaba trabajos para resolver filtraciones reclamadas desde 2022. El derrumbe, según documentos judiciales y técnicos, pudo atribuirse a sobrepeso y falta de mantenimiento. El informe del Cuerpo de Bomberos sumó que la losa presentaba desprendimientos de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural, además de la presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa, un aspecto inusual en este tipo de construcciones.

La crisis habitacional generada por el colapso derivó en el traslado de las familias a diferentes hoteles de la ciudad, costos que asumió la propia constructora. Mientras tanto, los vecinos reclamaron a través de marchas y declaraciones públicas la reubicación y la posibilidad de recuperar pertenencias esenciales, muchas de las cuales quedaron en los departamentos al momento de la evacuación.
La coordinación entre las autoridades judiciales, la Guardia de Auxilio y los profesionales encargados de las inspecciones permitió avanzar en tareas de reparación y control bajo estricta supervisión. La continuidad de las restricciones sobre el complejo busca preservar la seguridad de residentes y personal abocado a la investigación, en tanto se completan las pericias para determinar la viabilidad de nuevas habilitaciones.
El episodio más reciente, motivado por el movimiento estructural en una ventana y la consecuente evacuación de 12 familias, reavivó las dudas entre los vecinos sobre la seguridad del inmueble, incluso después de los operativos de control y la reapertura parcial. Fuentes oficiales reiteraron que la responsabilidad por la estructura recae en la Constructora Sudamericana S.A., mientras que el Gobierno de la Ciudad mantendrá la coordinación ante eventuales emergencias, sin facultades directas sobre la solución del problema de fondo.
Las investigaciones y tareas de reparación continúan supervisadas por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, que mantiene activa la causa por estrago culposo. El acceso al complejo permanece restringido a las áreas validadas oficialmente, y la vigilancia policial busca evitar incidentes mientras se avanza en la recolección de pruebas y el esclarecimiento del colapso.
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