Aborto legal: hecha la ley, hecha la venganza

El 30 de diciembre del 2020 el Congreso de la Nación aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 14 de enero se promulgó la Ley 27.610 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El 24 de enero entró en vigencia en todo el país. Desde hace dos años que el aborto es legal, seguro y gratuito. Argentina tiene una normativa de vanguardia a nivel regional y mundial. Y, a nivel global, además del mate, el dulce de leche y el futbol, el pañuelo verde es un símbolo Made In Argentina que se convirtió en un ícono del derecho a decidir, a desear, a gozar y a no morir en el intento.

“Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva”, enmarca Amnistía Internacional. Desde el sur, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se convirtió en vanguardia y arengó una ola verde que logró despenalizar (judicialmente) el aborto en México y Colombia. Por primera vez en la historia mundial las mujeres tienen más derechos en el sur del sur que en el norte tomado como ejemplo de libertad.

La lucha de las mujeres en Argentina es tomada como un modelo a seguir en Estados Unidos (después de la revocación del derecho al aborto en todo el territorio) y de la marcha atrás con la jurisprudencia que había asentado el histórico fallo Roe vs. Wade, el 24 de junio del 2022. La legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, fue arrestada por protestar por las limitaciones a la autonomía sexual de las ciudadanas con un pañuelo verde.

En Argentina se cumple con el derecho al aborto legal. De enero a septiembre del 2022 las provincias informaron al Ministerio de Salud de la Nación 59.267 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) y, en el 2021, 73.487. En el 2015 solo estaban notificados 500 abortos por causales y en el 2014 apenas 400. Esto demuestra que la legalización permitió transparentar los abortos realizados en el sistema de salud o con controles pre o post aborto (ya que con medicación se puede realizar en forma privada, íntima y ambulatoria) y que la cifra tampoco refleja un estallido que pueda indicar un aumento de la práctica por su legalización.

En términos reales la legalización del aborto está vigente, se cumple y cambia la vida de muchas mujeres que ya no solo no pierden la vida, sino que no tienen miedo de perderla. Ya no tienen que silenciar que no pueden afrontar un embarazo, que no desean ser madres, que tuvieron una relación casual con la que no pueden compartir la maternidad y paternidad, que ya tienen otros hijos o que perdieron un embarazo y de todas maneras se sentían juzgadas y maltratadas en hospitales y clínicas. Ya no son delincuentes, son pacientes. Y no necesitan tener paciencia, sino ser atendidas para decidir, con todos los derechos vigentes.

Todavía hay inequidades regionales pero la IVE se tiene que cumplir -y, en mayor o menor medida, se cumple- en todo el país. En 2021 en la Provincia de Buenos Aires se realizaron 33.147 abortos en condiciones seguras; en la Ciudad de Buenos Aires 8.847; en Santa Fe 4.383; en Tucumán 4.162; en Salta 3.020; en Mendoza 2.916; en Córdoba 2.844; en Jujuy 1743 y en Formosa (la provincia con más deudas en cumplir con los derechos de las mujeres) se da el indicador más bajo con 273 intervenciones, según información de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

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En la actualidad hay 1.443 centros de salud y hospitales públicos que garantizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo y eso representa un 59,8% más que en 2020. A partir de la legalización se sumaron más centros de salud donde las mujeres pueden tocar la puerta sin que les de miedo que les den vuelta la cara. El avance también se dio en comparación con el 2021 (con un 7,5% de aumento).

En la práctica se paso de 903 efectores en 2020 a un ascenso de 1342 en el 2021 y la consolidación en el 2022 de casi 1500 hospitales y centros de salud amigables con los derechos de las mujeres. Los derechos son para cumplirse en todos lados, pero todavía es mejor ir a dónde van a ofrecer todos los métodos, cumplir con los protocolos vigentes, amortiguar el dolor y respetar las decisiones personales sin presiones, ni violación del derecho a la privacidad.

Además la línea telefónica 0800-222-3444 de Salud Sexual recibió 13.572 consultas entre enero y octubre del 2022 y había recepcionado 17.943, en el 2021, sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo o Interrupción Legal del Embarazo (cuando se pasan las 14 semanas y el aborto es legal por causales, en los casos de violación o riesgo de salud o vida para la persona gestante).

Otro salto de calidad que repercute en más efectividad y menos sufrimiento es la disponibilidad en el sistema público de salud del tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol. Además se realiza o está en proceso de fabricación en laboratorios públicos de Santa Fe y La Plata. Esta capacidad de producción pone al alcance la elaboración de medicamentos que hagan menos doloroso, lento y cruento el proceso de aborto.

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Sin embargo, hecha la ley, hecha la venganza. El mayor problema no es el incumplimiento, sino el ensañamiento con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La criminalización de una médica que cumplió con un aborto por causales en Salta; la prisión a dos socorristas que acompañaban el proceso de interrupción del embarazo en Villa María, Córdoba (y que nunca habían sido perseguidas) y la retención de una niña violada que había pedido abortar en Santa Fe son señales de alerta de una venganza o backlash (efecto de retroceso en inglés frente a avances de derechos de las mujeres).

Argentina es un paradigma mundial de progreso en los derechos de las mujeres. El derecho al aborto ya se hace costumbre y deja de ser un tabú o una maldición. Sin embargo, algunas médicas, acompañantes o víctimas de violación sufren persecución para que las mujeres sepan que la injusticia no termina. Y que ahora que la marea social bajó los sectores ultra conservadores toman de rehenes a algunas mujeres para que paguen con su destino, su libertad o su castigo el precio de la libertad colectiva.

“Aún persisten barreras en el acceso al derecho al aborto legal, seguro y gratuito relacionadas con la falta de información y calidad de la prestación y a situaciones de maltrato, tanto en el sector público como en el privado”, diagnostica Amnistía Internacional. En Salta se criminalizó a la médica Miranda Ruiz tras garantizar un aborto legal por causales. Finalmente, la profesional fue sobreseída. Mendoza fue demandada por no brindar información. En la Provincia de Buenos Aires se cumple, pero, según la voluntad política (o no) local se embarra la cancha y hay dificultades en el acceso a la práctica a nivel municipal. Por ejemplo, La Plata tiene que informar como da cumplimiento a la Ley 27.610.

En Río Grande, Tierra del Fuego, el único hospital público que debe garantizar la Interrupción del Embarazo no lo hace porque los 13 médicos del servicio de tocoginecología se declararon objetores de conciencia. Al menos 34 personas tuvieron que viajar más de 200 kilómetros hasta el Hospital Regional de Ushuaia para acceder a un aborto. El trayecto es hermoso para comprar chocolates o pararse a ver la vista desde los imponentes miradores patagónicos, pero no para ser expulsadas de una ciudad austral a donde se va a trabajar a pesar de las inclemencias climáticas y en el que las mujeres tienen que migrar (aunque sea a nivel provincial) para poder cumplir con sus derechos sin estar cómodas y acompañadas.

Además, en Villa María, Córdoba detuvieron a cuatro Socorristas en Red por “ejercicio ilegal de la medicina” y “encubrimiento”. El acompañamiento existe desde mucho antes que el aborto sea legal y nunca fue criminalizado. Ellas ya fueron liberadas. Pero denunciaron ensañamiento por parte del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Ahora que se puede hacer de modo legal lo que antes era tipificado como ilegal se ponen presas a mujeres que nunca hicieron nada fuera del Código Penal.

La marea verde es un espejo que refleja libertad. Pero ahora esa marea verde debe volverse escudo para proteger los derechos que, desde hace dos años, garantizan el derecho a decidir.

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