En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el balance para erradicar la violencia machista en el país permanece con asignaturas pendientes. En lo que va de 2022 se identificaron 231 femicidios, es decir, un crimen cada 33 horas. Pero frente a los asesinatos que acaparan la atención pública, la violencia silenciosa por acción psicológica está entre los principales motivos de de denuncias en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro del movimiento #NiUnaMenos.
En su tradicional informe anual, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) identificó entre las muertes asociadas a la violencia de género unos 190 femicidios directos y 6 contra personas trans. En esa saga también aparecen 22 femicidios vinculados, que se producen cuando un asesino mata a otras personas que quedaron “en la línea de fuego” o tienen vínculo con la víctima; y 13 “suicidios feminicidas”, que ocurren cuando las mujeres se quitan la vida para terminar con los abusos y agresiones que sufrieron.
El relevamiento sobre esta extrema violencia se contabilizó hasta el 15 de noviembre de 2022, en base a información de medios de comunicación, redes sociales, convenios con instituciones que poseen bases de datos e información sobre obtenida con fiscalías, comisarías y hospitales.
Según el informe, la cifra de femicidios tuvo una leve disminución de la cantidad de casos de femicidios directos, vinculados y transfemicidios en relación con el 2020 y el 2021. No así en denuncias sobre suicidio feminicida, que permanece en alza en comparación con los registros anteriores.
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En total, se contabilizaron 5 femicidios por semana. El 64% de los casos se produjeron en la vivienda de la víctima o el domicilio compartido con el victimario; y en un 80% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario, lo que ratifica que los mayores riesgos se producen en relaciones de confianza o de cercanía con el agresor. Además, unas 179 niñas y niños que se quedaron sin sus madres por los crímenes, siendo apenas una tercera parte de los casos que no tuvo víctimas colaterales.
Nuevamente, aparece la brutalidad como el rasgo más destacado de la violencia machista. El apuñalamiento, uso de armas de fuego y los golpes fueron los métodos más empleados para cometer los femicidios, mientras que 13 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas. Y el 18,1% de las víctimas realizó al menos una denuncia por violencia de género antes de ser asesinadas.
Los agresores, en ocasiones, también terminan de manera trágica. Durante el año, unos 43 femicidas se suicidaron después de cometer el hecho y hubo 18 intentos de suicidio sin consumar. Este fenómeno tuvo un alza en comparación a 2021, cuando se detectaron 36 femicidas acabaron con sus vidas sin haber sido juzgados y un 13 intentaron hacerlo.
El mapeo de la violencia de género no es idéntico en todo el país. Llamativamente, Tierra del Fuego encabeza la lista de provincias con más femicidios en proporción con su población, seguida por Santa Fe, Jujuy, Santiago del Estero y La Pampa.
Otro rasgo saliente es que unos 20 femicidas eran sicarios. El sicariato es un tipo de crimen que viene en aumento, sobre todo en Santa Fe, donde se detectaron casos asesinatos contra mujeres relacionados al narcotráfico, indicó el informe de la Defensoría del Pueblo.
Las violencias silenciosas: primeras advertencias
Por lo general, se tiende a pensar la violencia de género como una agresión física o sexual. La Ley Nº 26.485 de protección integral a las mujeres establece otro tipo de violencias menos visibles, que pueden producir un dolor semejante al físico o convertirse en una advertencia de potenciales femicidios.
Según lo define la propia normativa, la violencia psicológica es la que “causa daño emocional y disminución del autoestima, que perjudica y perturba el desarrollo personal, y busca degradar o controlar acciones, comportamientos, creencias y decisiones”. Se hace a través de “amenazas, hostigamiento, restricción, humillación, manipulación, descrédito o aislamiento”.
El Mapa de la Violencia de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires identificó a este tipo de victimización es el principal motivos de denuncias que se recoletaron en la línea 144, comisarías y otros dispositivos de asistencia a las mujeres. Según se difundió el pasado 3 de junio, en 2021 se recibieron un total 13393 de casos, de los cuales 6.957 fueron por violencia psicológica.
Junto a este comportamiento machista, la violencia económica o patrimonial es otra de las acciones que están naturalizadas y que profundizan la desigualdad y la asimetría en las relaciones de género, donde la persona dominante administra el el ingreso económico a su pareja como herramienta de manipulación.
Aunque no es una de las principales causas, en la CABA se detectaron 239 hechos de violencia económica y es una problemática que está presente en la agenda política porteña. Ayer, con el impulso de la legisladora porteña del Frente de Todos, Lucía Cámpora, la Legislatura sancionó la gratuidad de la inscripción al Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad.
Ese registro permite conocer si una persona comete violencia económica de género cuando debe alimentos por sus hijos, antes de que sea contratada por el Estado o si necesita renovar la licencia de conducir. Antes, las mujeres interesadas en que el deudor figure en ese padrón debían pagar una suma de entre $1.160 y 8.110 pesos.
Por lo general, este tipo de casos de violencia de género “invisibles” no suelen ser catalogados como delitos por la Justicia, y tienden a ser subestimados. Detrás de cada relevamiento o “mapa” hay una intención de exponer, más allá de la estadística, la existencia de mujeres que están realizando denuncias o consultas para solicitar contención frente a una realidad hostil y desigual que deben ser atendidas de manera integral.
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