Una médica del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, fue detenida este viernes en el marco de una causa judicial que le iniciaron por haberle practicado un aborto a una joven embarazada de poco más de cinco meses. Organizaciones feministas rechazaron la decisión judicial contra la profesional, que horas después recuperó la libertad.
Según se supo, la médica, M.R., intervino el 24 de agosto pasado en el procedimiento de una interrupción legal de embarazo (ILE, una práctica contemplada en la legislación argentina) realizada a una joven de 21 años que atravesaba hasta entonces un proceso gestacional de 22 semanas y 2 días.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta comunicaron la causa contra la profesional de la salud se inició a partir de una denuncia de la tía de la chica, quien “antes del procedimiento habría manifestado su arrepentimiento”. La investigación del caso recayó en manos del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega.
La Ley 27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. Voceros del MPF apuntaron que “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales”.
Pero esto fue desmentido por la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que en un comunicado aseguró que la médica detenida “ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.
Lo concreto es que el fiscal Vega solicitó la detención de M.R. al Juzgado de Garantías Nº 2 de esa misma ciudad, a cargo del juez Fernando Mariscal Astigueta.
El arresto se concretó esta mañana, minutos después de las 9. La médica fue aprehendida en el hospital donde trabaja y, tras el control de legalidad de la detención en dicho juzgado, fue trasladada a la sede fiscal, donde tuvo la audiencia de imputación, en el marco de una causa por el delito de aborto (contemplado en el artículo 85 inciso 2 del Código Penal).
Mientras eso ocurría, organizaciones feministas llevaron adelante manifestaciones en distintos puntos de la provincia para pedir por la libertad de la médica. Realizaron pañuelazos en la ciudad capital, frente a la Casa de Gobierno, ante la sede del Ministerio Público y delante del Hospital Materno Infantil. Otro grupo también se reunió en el centro sanitario de Tartagal.
Finalmente, el juez Astigueta dispuso la liberación inmediata de M.R. esta tarde, luego de concluida la audiencia imputativa a la que asistieron el abogado defensor y el letrado de la querella. La médica sigue igualmente vinculada a la causa. Al concederle la libertad, el magistrado le impuso como medida sustitutiva, mientras dure el proceso, presentarse semanalmente ante la fiscalía penal y la prohibición de ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del tribunal.
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Lo confirmó el director de Defensa Civil del Municipio, quien explicó que el pedido de arresto es por “violar los protocolos de emergencia”. El caso lo investiga la fiscalía N°6
