Mientras la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) de Argentina se prepara para investigar las causas del accidente del avión que salió este domingo desde el Aeropuerto de San Fernando y cayó en las Sierras de las Ánimas, en Uruguay, se dio a conocer la última comunicación que el piloto de la aeronave estableció con la torre de control.
“MDV control, al momento estamos con proa al suyo (MVD VOR) ingresando por el radial 320° unas 20 millas fuera. Instrucciones para el arribo, si es tan amable”, solicitó la aeronave.
Desde Montevideo, la torre de control le respondió: “Charly Víctor Tango, recibido Curbelo (PDP) QNH 1-0-0-5, en uso pista 26 280° 19kt (viento). Vuele pase derecha de pista 26, notifique establecido”. Ante esa información, desde la aeronave contestaron: “Vuelve en básico por derecha y volvemos establecidos, LV-CVT”.
Según pudo confirmar este medio, a bordo del Piper PA-24 “Comanche” viajaban Kevin Alonso Raggio (27) y Franco Pamboukdjian Acevedo (22), ambos residentes de la Ciudad de Buenos Aires.
La avioneta había despegado del Aeropuerto de San Fernando (provincia de Buenos Aires) y se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, en Punta del Este. En el camino, por motivos que se desconocen, la aeronave se estrelló y los jóvenes perdieron la vida.
Para ahondar en las causas del incidente, tal como lo establece el Anexo 13 de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), se designará un Representante Acreditado de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) de Argentina, con el fin de participar en la investigación efectuada por la República Oriental del Uruguay.
Según ese organismo especializado de las Naciones Unidas, cuando ocurren este tipo de hechos se estipula que “el Estado del suceso instituirá una investigación para determinar las circunstancias del accidente y será responsable de realizarla”, aunque aclara que también “podrá delegar, total o parcialmente”, esa tarea a otro país o entidad regional.
En este sentido, la normativa establece que “tienen derecho a acreditar una persona como su representante (con o sin asesoramiento conexo) para que participe en la investigación”, tanto el Estado donde ocurrió el accidente, como aquel en el cual está matriculada la aeronave; en el que está ubicada la oficina principal del explotador o su domicilio permanente; que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo de la aeronave, y que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del montaje final de la misma.
Asimismo, también podría nombrar a un enviado para participar de las tareas cualquier otro país “que tenga especial interés” en el suceso, ya sea “por la cantidad de personas con nacionalidad” de dicho territorio que estén “implicadas o que han sufrido sus consecuencias”, entre otros motivos.
“El único objetivo de la investigación de accidentes en virtud del Anexo 13 es generar datos e información sobre seguridad operacional para ayudar a prevenir accidentes e incidentes semejantes en el futuro. Las investigaciones llevadas a cabo en virtud del Anexo 13 no se ocupan de determinar la culpa o la responsabilidad”, detalló la OACI.
De esta manera, Uruguay tendrá ahora “un plazo de 30 días” para elaborar un informe preliminar sobre lo ocurrido, el cual “puede ser público o confidencial, a discreción del Estado”, y recién dentro de 12 meses deberá poner “a disposición del público un informe final”.
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