La CIDH lleva a la Corte IDH un caso contra Guatemala por la desaparición y tortura de 15 estudiantes ocurridos durante el conflicto armado

La CIDH presentó ante la Corte IDH el caso 14.408 contra Guatemala por la desaparición forzada, la tortura y la falta de acceso a la justicia en perjuicio de 15 estudiantes de secundaria detenidos en 1982 durante el conflicto armado interno, y pidió que el tribunal ordene reparaciones, una búsqueda efectiva de dos jóvenes que siguen desaparecidos y una investigación penal con sanciones para los responsables.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el expediente el 13 de mayo de 2026, una década después de haber recibido la petición, el 14 de abril de 2016. Entre las medidas solicitadas figuran la reparación integral material e inmaterial, atención psicológica y psicosocial para víctimas y familiares, y reformas de no repetición para el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El caso, identificado como Marvyn Iván Pérez y otros, se refiere a hechos ocurridos entre el 29 y el 31 de mayo de 1982. Según la Comisión, agentes estatales detuvieron a las víctimas en lugares públicos, cerca de sus domicilios o de sus centros educativos, al considerarlas vinculadas con el movimiento guerrillero.

Los 15 estudiantes integraban el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, un grupo enfocado principalmente en reclamar mejores condiciones de educación. Tras las capturas, fueron llevados a sitios clandestinos, permanecieron bajo control estatal y fueron sometidos a interrogatorios y actos de violencia.

El 9 de junio de 1982, 13 estudiantes fueron liberados. Desde entonces se desconoce el paradero de Jorge Marroquín y Carlos Medina, cuya desaparición la Comisión consideró continuada.

La Comisión atribuyó al Estado desaparición forzada, tortura y denegación de justicia

En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 147/23, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los 15 estudiantes estuvieron bajo control de agentes estatales, que el Estado se negó a reconocer la detención y a informar su suerte o paradero, y que no impulsó una investigación efectiva.

La CIDH sostuvo que Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por la desaparición forzada de las víctimas, incluida la de Marroquín y Medina, por tortura física y psicológica contra los estudiantes y por tortura con connotación sexual contra cuatro mujeres.

La Comisión también estableció violaciones a los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal y la libertad personal, contemplados en los artículos 3, 4, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Añadió la vulneración del derecho de la niñez previsto en el artículo 19 respecto de las víctimas adolescentes.

En el caso de las mujeres víctimas, concluyó además la violación de los artículos 5.2 y 11 por los actos de tortura con connotación sexual. Todo ello, indicó el organismo, en relación con el artículo 1.1 de la misma convención.

La CIDH pidió búsqueda, sanciones y reformas institucionales

La Comisión atribuyó además la violación del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respecto de Carlos Medina y Marroquín. También consideró vulnerados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2.

A ello sumó incumplimientos de las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la convención sobre desaparición forzada. En perjuicio de las mujeres víctimas, concluyó además la violación del artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, y en perjuicio de los familiares, la del artículo 5 de la Convención Americana.

La respuesta central que ahora busca la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que Guatemala investigue mediante un plan de búsqueda adecuado el destino o paradero de los dos estudiantes desaparecidos y, si corresponde, identifique y entregue sus restos a los familiares. También pidió una investigación seria y efectiva, con debida diligencia y enfoque de género y niñez, para esclarecer los hechos, individualizar a todos los responsables e imponer las sanciones correspondientes.

El organismo reclamó además medidas de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para las víctimas y sus familias. Solicitó, por último, medidas de no repetición, incluidas acciones legislativas, administrativas y de capacitación dirigidas al Ministerio Público y al Poder Judicial sobre investigaciones diligentes frente a desapariciones y torturas con perspectiva de género y niñez.

Uno de los antecedentes que la Comisión tomó en cuenta fue la denuncia formal presentada en 2012 por Marvyn Pérez ante el Ministerio Público. La CIDH concluyó que esa investigación no avanzó de forma efectiva.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Su mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y actúa como órgano consultivo del organismo regional en materia de derechos humanos.