Cannabis, industria nacional: el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para regular el desarrollo de productos derivados de la planta

Después de muchos años, quizás décadas de militancia y activismo de un sector de la comunidad cannábica, una parte del objetivo de este colectivo quedará al borde de cumplirse antes de que termine el mes de mayo. El martes 24, el Gobierno nacional presentará en sociedad y enviará al Congreso su propio proyecto de ley para desarrollar la industria del cannabis, un negocio que crece de forma exponencial en todo el mundo y del que Argentina quiere formar parte.

Después de que el viernes por la noche la diputada entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard -que participó en la redacción del proyecto- adelantara en una entrevista a Diputados TV la posibilidad de que esto sucediera en los próximos días, fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación confirmaron a Infobae que efectivamente el titular de la cartera, Matías Kulfas, tiene listo el proyecto de ley y que dentro de nueve días lo presentará ante el Consejo Económico y Social (CES).

El proyecto de ley lleva el nombre de “Desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial” y Kulfas expondrá las ideas del Gobierno alrededor de este negocio ante consejeros, académicos, diputados y senadores que vienen trabajando en el tema, referentes del sector y gobernadores durante la reunión del CES.

El Ministerio de Desarrollo Productivo viene trabajando en este proyecto desde el año pasado. De hecho, Kulfas encargó durante 2020 la confección de un informe dentro de la serie “Documentos para el Desarrollo Estructural” a los especialistas del Conicet Andrés López y Sebastián Gómez Roca.

“El proyecto busca dar un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial”, comentó una fuente del Ministerio a este medio. Si bien el contenido del proyecto de ley final no trascendió todavía, la idea del Gobierno es que las PyMEs y las cooperativas del sector tengan un espacio importante en el proyecto para fomentar el desarrollo de la industria.

En Argentina ya existen varios proyectos productivos relacionados exclusivamente a la industria del cannabis para uso medicinal. El caso más difundido es el de Cannava, la empresa estatal jujeña creada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, y comandada por su hijo Gastón. También existen otros emprendimientos 100% públicos, como los que llevan adelante las provincias de Misiones y San Juan; empresas mixtas, como la del gobierno de La Rioja o la Municipalidad de San Pedro (provincia de Buenos Aires), iniciativas como las de la agrupación cannábica Ciencia Sativa en conjunto con el INTA Río Negro; o totalmente privadas, como las de la Droguería ABP o Pampa Hemp, sector que seguramente “invada” el territorio una vez que la ley se apruebe.

Se estima que el proyecto de ley que presentará Kulfas contemplará el cultivo, procesamiento, transporte, venta y utilización (incluyendo fines de investigación) con variedades producidas que tengan un contenido de THC por debajo de un cierto umbral que no permita el consumo adulto o “recreativo”, directamente ligado a la ley de drogas vigente y cuya modificación sigue siendo una deuda de todos los gobiernos. En Estados Unidos, por caso, se permite a nivel federal el desarrollo de esta industria pero con hasta 0,3% de THC.

Una ley de estas características habilitaría a emprendedores privados, empresas y organismos públicos, instituciones del sistema de salud y universidades y centros de investigación a que puedan explorar las posibilidades tecnológicas, productivas y comerciales de la planta (prohibida en 1936 en Estados Unidos y luego en el mundo, pero con un uso ancestral) para desarrollos innovadores y el mercado nacional e internacional.

Probablemente el Estado conforme un ente de regulación que otorgue licencias para tal fin, tomando los modelos regulatorios de otros países, como Uruguay, Colombia o Canadá, pero esa información aún no trascendió. Desde el Gobierno, en especial con la iniciativa de Gaillard, se piensa en una nueva ley de uso medicinal que reemplace a la actual 27.350, que no cubre todas las necesidades de los usuarios y productores. Esta podría ser la oportunidad.

El uso del cannabis “no recreativo” en Argentina es cada más más expansivo. Con una regulación de la industria, podrían fabricarse y comercializarse todo tipo de productos hechos a base de esta planta: desde cremas y jabones hasta textiles, bebidas, alimentos, autopartes, cosméticos, materiales de construcción, bioplástico o biocombustibles, entre muchos otros.

Según una estimación básica contemplada en el trabajo hecho por López y Gómez Roca, el negocio de la industria del cannabis podría tener un movimiento solo dentro del mercado interno de 450 millones de dólares en el corto o mediano plazo.

La primera semilla de esta idea del Gobierno la puso la diputada oficialista Mara Brawer en octubre pasado, cuando presentó en el Congreso un proyecto de ley firmado junto a otros legisladores con este mismo fin. En aquel momento, Brawer aseguró que “este proyecto busca posicionar a la Argentina como uno de los países productores de cáñamo industrial, aprovechando sus múltiples utilidades para producir bienes textiles, aceites con alto contenido en ácidos grasos esenciales como omega 3, 6 y 9, bioetanol y celulosa de papel entre otras. Esta industria tiene la capacidad de adicionar valor agregado en diferentes eslabones productivos y generar empleo genuino en el ámbito agropecuario”.

Otro indicio del impulso del Gobierno a esta industria fue la resolución que firmaron de manera conjunta semanas atrás la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que permitirá la inscripción de semillas (germoplasma) de “la especie Cannabis sativa L.” para el uso medicinal y de investigación en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

La resolución también lleva la firma del presidente del Sistema Nacional de Semillas (INASE), Joaquín Serrano, y permitirá avanzar en la estandarización de las genéticas obtenidas y someterlas a certificaciones nacionales para su uso como insumos en la producción de cultivos controlados dentro del Registro Nacional de Cannabis (Reprocann), “lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal”, aseguraron en el Gobierno.

“El Estado cambió su mirada y con este paso, además del Reprocann, estamos contribuyendo a solucionarle la vida a un número de familias que tiene una problemática de salud”, destacó la ministra Vizzotti y agregó que “darles un camino legal es algo que era nuestra responsabilidad y no es menor que haya pasado a pesar de la pandemia”.

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