El pedido liberación de grupos de reclusos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como en comisarías por el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales, generó un enorme revuelo y motivó un amplio rechazo del arco político opositor, e incluso motivó un llamado para realizar una protesta nacional.

Desde el PRO advirtieron que esta decisión avalada por el gobierno nacional pone en riesgo la seguridad de la sociedad y no respeta el derecho de las víctimas. “En 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos…”, lamentó Patricia Bullrich en Radio Metro.

En un comunicado firmado por la ex ministra de Seguridad, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri, se recuerda la Ley de Víctimas sancionada en 2017 y se advierte que "los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso”.

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En la misma línea se expresó la Unión Cívica Radical (UCR), que directamente se dirigió al presidente de la Nación: “Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”.

“Se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron”, denunciaron en un texto rubricado por Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, por Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, y por Luis Naidenoff, titular de la bancada en el Senado.

No solo la oposición se mostró en contra de los permisos de salidas para detenidos otorgados en el marco de la pandemia del coronavirus: el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, pidió proteger a las víctimas y advirtió que “los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político”.

De un modo similar se expresó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien pronunció una frase contundente: "Si dependiera de mí, no sale ningún preso”.

“El verso de que con la pulsera electrónica los pueden controlar es sarasa. Han salido algunos (encarcelados) por delitos menores y otros con delitos graves y, por ejemplo en Pergamino, quisieron robar un supermercado entre seis o siete personas. Uno de ellos tenía una pulsera electrónica...", argumentó el funcionario bonaerense para sostener su postura.

El ejemplo más claro lo dio el intendente de San Miguel, Jaime Méndez: aseguró que en su municipio liberaron a 20 presos que estaban en la cárcel por abuso sexual, secuestros y narcotráfico, quienes ahora volvieron “a los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención” y en algunos casos viven a metros de sus víctimas.

Por supuesto, a todos estos reclamos se suma el rechazo de asociaciones de familiares de víctimas de delito del interior del país –Santa Fe, Rosario, Tucumán– así como Madres del Dolor, Usina de Justicia, Familiares de la Tragedia de Once, junto a Matías Bagnato, Alberto Lebbo y Victoria Bargna, entre otros, repudiaron el uso de la pandemia de COVID-19 como “pretexto” para una “búsqueda de impunidad” para detenidos impulsada por algunos jueces.

Protesta popular

En ese contexto de descontento social, desde las redes sociales empezó a gestarse un cacerolazo nacional a modo de repudio: “Estamos hartos de la falta de seguridad y de la complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes y corruptos de toda laya”, señala la convocatoria que llama a manifestarse este jueves (mañana) a las 20.

En un breve texto que comenzó a viralizarse en las últimas horas, principalmente a través de Whatsapp, los impulsores de la protesta se preguntan: “¿Qué será de los policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los delincuentes nuevamente en libertad?”.

“Tarde o temprano, quienes hayan emprendido esta campaña para permitir el armado de un nuevo “Vatayón Militante”, formado por sicarios al mejor estilo de las milicias paramilitares chavistas, deberán responder por ello”, acusan.

“No olvidemos preguntar a #NiUnaMás por qué guarda silencio ante la liberación de un abusador de menores autorizado a vivir al lado de la niña”, se señala a modo de interpelación en otro párrafo del texto, y se advierte sobre el riesgo de conceder más prisiones domiciliarias: “Ya hay más de 2.800 excarcelados y el Estado no puede controlarlos porque carece de tobilleras electrónicas y de personal para afectar a su vigilancia”.