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Fiscalía de El Salvador ejecuta la quema de droga valorada en USD 39,260

La quema se realizó este jueves en Mejicanos, San Salvador y San Miguel, e incluyó marihuana, cocaína y metanfetamina vinculadas a 28 expedientes ya resueltos por los tribunales competentes

FGR, El Salvador, droga
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil destruyeron en El Salvador más de 9 kilogramos de marihuana, cocaína y metanfetamina incautadas en 28 causas judiciales. (Cortesía: Fiscalía General de a República)
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Este jueves, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo la destrucción de sustancias ilícitas incautadas en distintos procedimientos judiciales.

De acuerdo con la información oficial, se incineraron más de 9 kilogramos de marihuana, cerca de 200 gramos de cocaína y poco más de 70 gramos de metanfetamina, con un valor estimado en el mercado ilegal de USD 39,260. Esta operación se realizó en los municipios de Mejicanos, San Salvador y San Miguel, bajo mandato judicial y en cumplimiento de sentencias condenatorias ya dictadas por delitos vinculados al narcotráfico.

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Según informó la FGR, las sustancias destruidas corresponden a un total de 28 casos judicializados durante el último periodo. Las investigaciones y procesos penales asociados a estos hechos derivaron en la identificación de los responsables, quienes actualmente se encuentran privados de libertad y cumpliendo condenas por su participación en actividades de tráfico ilegal de drogas. La intervención conjunta entre la FGR y la PNC aseguró la transparencia y legalidad de todo el procedimiento.

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La destrucción de droga en Mejicanos, San Salvador y San Miguel alcanzó un valor estimado de USD 39,260 en el mercado ilegal. (Cortesía: Fiscalía General de a República)

De igual manera, el evento fue registrado y documentado por equipos técnicos para dejar constancia visual y escrita del cumplimiento de la resolución judicial. Según la FGR, la transparencia en estos procedimientos constituye una garantía para la confianza pública y refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

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Detalles del operativo, impacto económico y supervisión judicial

Los datos divulgados por la Fiscalía detallan que en total se incineraron 9,037.32 gramos de marihuana, 193.61 gramos de cocaína y 70.60 gramos de metanfetamina. Estas cifras reflejan la magnitud de las operaciones antidrogas ejecutadas en distintos puntos del país. De acuerdo con el reporte oficial compartido por la FGR en sus redes sociales, la destrucción de las sustancias ilícitas se realizó conforme a la autorización de los tribunales competentes y contó con la presencia de peritos, representantes de la Defensoría Pública y autoridades de salud para garantizar la integridad del proceso.

La Fiscalía señala que el valor total de la droga destruida asciende a USD 39,260. Este cálculo, realizado por peritos forenses, permite dimensionar el impacto económico que estas incautaciones representan para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

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Los datos oficiales detallaron la destrucción de 9,037.32 gramos de marihuana, 193.61 gramos de cocaína y 70,60 gramos de metanfetamina. (Cortesía: Fiscalía General de a República)

La Policía intervino en la logística y seguridad del operativo, asegurando el traslado y resguardo de las sustancias desde los depósitos judiciales hasta el sitio de incineración. En estos procedimientos es usual que la quema se efectué en instalaciones acondicionadas y bajo estrictas medidas de bioseguridad, supervisadas por personal técnico de la FGR, la PNC y representantes del Ministerio de Salud.

Las incautaciones destruidas este jueves representan parte de las operaciones que autoridades mantienen activas a escala nacional.

De igual manera, la FGR reiteró que continuará coordinando nuevas acciones con la PNC y otros organismos estatales para perseguir y sancionar los delitos de narcotráfico en todas sus modalidades. Las autoridades recordaron que la destrucción de drogas incautadas constituye un componente obligatorio de la política de combate al crimen organizado y se ejecuta bajo estricta supervisión judicial.

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