
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, lanzó un nuevo discurso de confrontación contra la oposición nacional, al calificarla como “los nadie” y descalificar públicamente a sus adversarios.
El mensaje, transmitido por medios oficialistas el 12 de agosto, incluyó insultos y acusaciones de traición a quienes critican al régimen.
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“A los vándalos, traidores y cobardes que no conocen el amor a Nicaragua, solo le pedimos a Dios que sepa perdonar su ignorancia, y les dé fuerzas para reconocer que no son nadie, ni nada, y mucho menos para estar fraguando crímenes contra un pueblo pacífico que merece lo mejor”, expresó Murillo ante la audiencia oficialista.
Según información recogida por Artículo 66, la funcionaria insistió en que los opositores “saben solo de terrorismo y vandalismo, que fabrican decires, que pretenden decir que tienen lo que no tienen”, negándoles cualquier legitimidad política.
“Nada ni nadie son para esta Nicaragua que traicionaron”, insistió. Murillo remarcó que la actual administración jamás permitirá el regreso de quienes define como “terrorismo vende patria”.
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La arremetida de Murillo ocurre en un contexto de endurecimiento institucional impulsado por el régimen de Daniel Ortega y su círculo más cercano, en el marco de una propuesta de reforma constitucional que será sometida a aprobación en septiembre.
La iniciativa pretende asegurar la permanencia del régimen, garantizar la sucesión dinástica y restringir la participación de opositores en el exilio en futuros procesos electorales, de acuerdo con reportes de Artículo 66 y medios internacionales.
Desde las protestas sociales de 2018, el gobierno de Ortega-Murillo ha adoptado una línea de represión política y social marcada por la criminalización de la disidencia. En 2021, el régimen ordenó el encarcelamiento de los principales líderes opositores antes de los comicios generales, canceló partidos políticos y expulsó a más de 400 representantes de distintos sectores sociales, quienes perdieron su nacionalidad.
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Estas acciones han sido celebradas por el oficialismo como logros en su política interna, aunque organismos internacionales han denunciado que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) abordó la situación de Nicaragua durante una reciente reunión de su grupo de trabajo voluntario. El secretario general, Albert Ramdin, alertó sobre las consecuencias de la deriva autoritaria del país centroamericano para la democracia y la estabilidad regional.
“Lo que ocurre en Nicaragua tiene implicaciones no solo para la democracia y los derechos humanos, sino también para la seguridad y la estabilidad de todo nuestro hemisferio”, declaró Ramdin, en declaraciones recogidas por Artículo 66. El funcionario reiteró la urgencia de tomar acciones concretas para frenar el avance del régimen gobernante.
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Organismos internacionales y especialistas en derechos humanos, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han clasificado los abusos cometidos por el régimen desde 2018 como crímenes de lesa humanidad. La ONU y la OEA han documentado patrones de represión sistemática, incluyendo detenciones arbitrarias, persecución a opositores, cancelación de personerías jurídicas y el exilio forzado de líderes sociales y religiosos.
En esa misma jornada, medios oficialistas difundieron una entrevista con el obispo emérito de Estelí, monseñor Abelardo Mata, quien permanecía en desaparición forzada desde el 29 de junio. El video, dirigido por el diputado sandinista Adolfo Pastrán, buscó mostrar al religioso en aparente tranquilidad, negando cualquier coacción estatal. “Gracias a Dios, me siento bien.
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Llevando vida monacal, eso es lo que estoy haciendo aquí”, afirmó Mata. La difusión de su imagen responde a las denuncias por el trato a religiosos por parte del gobierno, tras la expulsión y persecución de miembros de la Iglesia católica.
El caso de monseñor Mata se suma a otros episodios de criminalización y exilio forzado de líderes religiosos críticos con el régimen. Según Artículo 66, el uso mediático de figuras como Mata y la retórica de Murillo forman parte de una estrategia oficial destinada a intimidar y controlar el espacio público, reforzando la narrativa de descrédito y criminalización contra la disidencia.
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La presión internacional sobre el gobierno de Ortega-Murillo sigue en aumento, mientras la oposición permanece excluida de la vida política y cientos de ciudadanos continúan en el exilio sin posibilidad de regresar al país.
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