Matías Bagnato, el único sobreviviente de la Masacre de Flores, criticó duramente las salidas de presos que se producen en las últimas semanas por temor al contagio intracarcelario, en el marco de la pandemia de coronavirus en la Argentina. “Vamos a estar pendientes y vamos a estar vigilando la decisión que tome cada uno de estos jueces”, manifestó. “A los que no respeten la Ley de Víctimas, a quienes deben notificar y hacer partícipes de estos procesos, les vamos a iniciar juicio político”.
Bagnato es -además del sobreviviente de un incendio intencional que mató a sus padres, dos hermanos y un amigo de la familia hace 25 años- integrante del Observatorio de Víctimas de Delitos, que hoy funciona en la órbita de la Cámara de Diputados. Él, junto a otros familiares de víctimas, criticaron las liberaciones a través de un video que difundieron a principios de abril y exigieron medidas de control para evitar que los detenidos que recuperan la libertad vuelvan a delinquir. “Nos vuelven a matar a nuestros seres queridos cada vez que liberan a uno de estos presos”, expresó.
“Hay una ley nacional de orden público, que es que es la Ley de Víctimas (27.372), que dice bien claro que antes de tomar cualquier medida de liberación o beneficio a personas condenadas o presas tienen que notificar y escuchar a las víctimas”, señaló en diálogo con Jorge Lanata por Radio Mitre. “Si bien hay jueces que lo cumplen la gran mayoría no lo está cumpliendo. Lo preocupante es ver acordadas de las Cámaras de Casación, que están dando una orden de empezar a disminuir la población carcelaria lo más rápido posible”.
La Cámara de Casación Penal instó puntualmente en un fallo reciente a los tribunales inferiores que dispongan prisiones domiciliarias a los detenidos que integran grupos de riesgo, pero también a aquellos arrestados por delitos leves, los que puedan acceder a salidas transitorias y también a considerar a los detenidos por delitos graves que integran ese subgrupo, siempre en el marco de la emergencia sanitaria.
El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, también se expresó esta mañana en ese sentido y aseguró que “algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable” y advirtió que en ese caso es posible que sean sometidos a un juicio político.
"Este es un tema que viene de antes de la pandemia" -aseguró Bagnato- "que desgraciadamente les viene como un instrumento maravilloso para empezar a hacer este tipo de presiones. Estaría bueno que todas estas personas sepan que no se negocia con el dolor ajeno, que es lo más importante".
En los últimos días, asociaciones de familiares de víctimas de delito del interior del país -Santa Fe, Rosario, Tucumán (Madres del Dolor, Usina de Justicia, Familiares de la Tragedia de Once, entre otras) repudiaron el uso de la pandemia de COVID-19 como “pretexto” a una “búsqueda de impunidad” para detenidos.
“Nosotros veníamos funcionando en el ministerio de Justicia de la gestión anterior y ahora tuvimos la oportunidad de funcionar desde el Congreso. No tenemos muchas más herramientas que la Ley de Víctimas, no somos personas violentas, no vamos a romper los techos y quemar colchones para que nos escuchen, pero nos preocupa que distintos poderes del Estado estén accediendo a esto como respuesta a estas reacciones violentas”, indicó Bagnato.
Se refiere a las imágenes que en los últimos días se difundieron sobre dos episodios de disturbios que se produjeron casi uno sobre otro, uno en la Unidad N°23 de Florencio Varela, que terminó con un detenido muerto, y otro motín en la cárcel del barrio de Villa Devoto, donde se confirmaron dos casos confirmados de presos con coronavirus. El argumento para iniciar el conflicto fue la falta de cuidados preventivos ante la noticia de que un agente del Servicio Penitenciario había dado positivo en coronavirus.
“Explíquenme quién de cada uno de esos que vimos haciendo disturbios está en condiciones de ser reinsertado. ¿Qué van a hacer con cada uno de esos que van a liberar? ¿Quién los va a controlar?”, continuó. “No nos oponemos a que se negocien las condiciones carcelarias, tienen un montón de organismos de derechos humanos que los defienden, pero sí que utilicen esto para otorgar libertades y que no respeten la ley. La pena, cuando alguien es condenado, se tiene que cumplir”.
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