
A partir del 1° de marzo, el Observatorio de Víctimas de Delitos, que todavía funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo, estará dentro de la estructura de la Cámara de Diputados. Así lo resolvió hoy Sergio Massa, presidente del cuerpo, tras recibir a familiares de víctimas del delito y firmar la resolución que pone en marcha la nueva etapa del Observatorio, destinado a monitorear, analizar y realizar el seguimiento de “las cuestiones relacionadas con las víctimas y sus familias".
“El desafío es que el Estado equilibre la balanza de la Justicia en apoyo a la víctima. Ese es el objetivo con el cual se pone en marcha este instrumento desde el Congreso: proteger, asistir y cuidar a las víctimas del delito”, aseguró el ex intendente de Tigre tras reunirse con familiares como Matías Bagnato, Guillermo Bargna, Jimena Aduriz, Mariela Machuca, Natalia Figueroa, Alberto Lebbos, Elena Leuzzi y Luciana Carrasco.
Bagnato, integrante del Observatorio, agregó que “es un triunfo escuchar la palabra ‘víctima’ en el Congreso”. “Es muy simbólico estar en el recinto, un ícono de la federalización, para llegar a todas las víctimas”, dijo. Malena Galmarini, presidenta de la empresa AYSA, y Juan Manuel Cheppi, secretario general de Diputados, también fueron de la partida.
La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos había sido sancionada en junio del 2017 y reglamentada por decreto un año después, en mayo del 2018, durante la administración de Mauricio Macri.
Según la ley, “se considera víctima a la persona ofendida directamente por el delito; al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.

Entre los objetivos de la iniciativa figuran, además, el reconocimiento “de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales; establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados; establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito”.
La iniciativa fue creada para garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la Justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad.
“El observatorio fue creado para monitorear la situación de los afectados y sus familias. Revisar la protección de sus derechos y hacer seguimiento y análisis de la problemática, para trazar políticas públicas eficaces”, destacó Massa a través de un comunicado.

Hasta el momento, el Observatorio estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Marcela Losardo. A partir del mes próximo estará bajo el paraguas de la Cámara baja, liderado por Sandra Rossi, directora del organismo.
“Tenemos la oportunidad de poner en marcha esta herramienta con una mirada plural y federal. Por eso invitamos al resto de las fuerzas políticas de la Cámara a que se integren en el trabajo, porque entendemos que la asistencia a la víctima del delito debe ser una política de Estado”, añadió el titular de Diputados.
Aduriz, madre de Ángeles Rawson, asesinada en junio del 2013, indicó que “todas las víctimas son iguales y con la ley de víctimas y el Observatorio se logró visibilizar la problemática”.
Lebbos, padre de Paulina, desaparecida y asesinada en marzo del 2006, destacó la decisión de Massa: “Ha dispuesto que el Observatorio funcione en esta casa del pueblo con una celeridad única”.
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