La Justicia busca métodos cada vez más ingeniosos para acorralar a los deudores alimentarios, que siguen en aumento

No lo dejaron salir del país porque debía casi $200 mil de cuota alimentaria, no le renovaron la licencia de conducir por incumplir la manutención de su hijo, le prohibieron ir a la cancha por moroso alimentario, le negaron la entrada al club por adeudarle $800 mil a sus hijos, se tuvo que poner al día para poder ser candidato a intendente, le prohibieron ir a bailar cuartero, deberá pasar los fines de semana en prisión hasta que cancele la deuda con su ex. Las historias de padres separados o divorciados que no cumplen con sus obligaciones económicas abundan y cada vez es más frecuente que la justicia emita este tipo de fallos ingeniosos para que no evadan sus responsabilidades.

Estas acciones concretas de presión sobre los morosos, más la vergüenza que genera la condena social por la difusión de los casos, hicieron que en tiempo récord estas personas se pusieran al día con sus deudas.

"Hay muchos padres que pese a tener poder adquisitivo, prefieren no pagar y utilizan a los hijos como rehenes. Y como aún no hay un registro de moroso alimentarios a nivel nacional, cada provincia tiene sus propias leyes. Córdoba, por ejemplo, es la única que hasta el momento le prohíbe al deudor sacar o renovar el pasaporte y salir del país", explicó a Infobae Adrián Nicolás de Stefano, Director General de Justicia, Registro y Mediación porteño, quien puso como ejemplo la situación vivida por un cordobés que no pudo viajar a Estados Unidos con su esposa y su nueva familia por no estar al día con la cuota que le debía a su ex.

"Lo que sucedió acá es que cinco días después de esa prohibición, el hombre pagó. Así que no era un problema de plata", recordó Stefano.

La encargada de revertir la conducta de ese hombre fue la abogada cordobesa Diana Mezzano, quien lo demandó por deberle a su clienta casi $200 mil en concepto de alimentos.

Para poder subirse al avión y no perder todas las reservas que ya había hecho en Nueva York, el demandado tuvo que abonar -además de la deuda- 12 meses de cuota por adelantado por lo que terminó depositando $ 326 mil más los honorarios de la letrada.

"Como no pudimos ejecutar el auto que le habíamos embargado porque se nos dificultó encontrarlo pedimos que se librara una orden para impedirle salir del país", explicó Mezzano a Infobae.

Más allá que la letrada se mostró a favor de la creación de un registro nacional de deudores alimentarias, hizo hincapié en la reforma del Código Civil y Comercial que otorgó nuevas herramientas para abordar este tipo de situaciones. "Si bien su sanción ya tiene cuatro años para el derecho todavía es algo nuevo. Y así como yo utilicé esas leyes para presionar al deudor cualquier abogado del país también puede hacerlo. Hay que investigar qué tipo de vida lleva y las circunstancias que lo rodean para lograr que las medidas solicitadas sean efectivas. En este caso puntual, sabíamos que el ex de mi clienta hacía muchos viajes al exterior", resaltó Mezzano.

El Nuevo Código Civil y Comercial habilitó medidas cautelares para asegurar los alimentos provisionales, definitivos y futuros; fijó a los deudores la tasa de interés más alta que le cobran los bancos a sus clientes (según el Banco Central) e incorporó la responsabilidad solidaria (que otro se haga cargo de la deuda) cuando hay incumplimiento de pago, entre otras normas.

"Cuando tomo un nuevo caso, lo primero que busco es embargar bienes para después ejecutarlos y cobrar la deuda. Indago si recibe dinero extra del cobro de alquileres o procedo a embargar sueldos (si trabaja en relación de dependencia) o la facturación (si es monotributista). Hoy en día, las redes sociales ayudan mucho para delinear un perfil del estilo de vida del demandado y establecer cuáles son los mejores mecanismos para forzarlo a cumplir con sus obligaciones como padre", remarcó.

Si bien estos fallos ejemplares no abundan, sientan jurisprudencia como una forma de acorralar a aquellos que no cumplen con la manutención de sus hijos, que siguen en aumento con el paso de los años.

Desde la Dirección de Antecedentes del Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Buenos Aires informaron que actualmente hay 1.458 personas inscriptas (el 98,8% son hombres) que no cumplen con esa obligación; y que el número de morosos viene creciendo desde 2016, cuando apenas había 272 inscriptos.

"Estamos teniendo un crecimiento mensual de 100 persona por mes. Es que al estar más en boga todo lo relacionado con los derecho de la mujer y de los niños, ellas cuentan con más herramientas para denunciar", indicó a Infobae Luis Di Girolamo, director de Antecedentes y Garantías Constitucionales de la Provincia, a cargo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos bonaerenses.

De todas maneras, se lamentó que la situación de los deudores alimentarios prescriba a los 5 años por ley. "Hay muchas mujeres que, cuando se vence el plazo, no vuelven a solicitar la inscripción ante el juzgado por lo que la mora continúa pero no queda asentada en ningún lado", explicó Di Girolamo.

Ante la falta de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM), cuyo proyecto de ley fue presentado por el senador radical Julio Cobos y obtuvo media sanción, en la provincia avanzan con más restricciones. "Ya firmamos convenios con 84 municipios con el objetivo de impedirle al moroso sacar o renovar la licencia de conducir. Ahora estamos trabajando en conjunto desde el Ministerio de Justicia provincial porque la interconexión de datos es compleja, pero estamos seguros que va a salir próximamente ", aseveró.

En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos porteño, en tanto, figuran 5.547 deudores registrados, de los cuales un 99% son hombres. Pero. a diferencia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, los números se mantienen "estables" y se producen alrededor de 400 nuevas inscripciones por año.

"Sin bien son cifras constantes, en 2017 se produjo el pico más importante desde el año 2000 ya que se sumaron 1.450 nuevos deudores gracias a un convenio de cooperación que hicimos con Chaco, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Salta, La Rioja, Tucumán, Chubut, San Luis y Jujuy", remarcó Stefano. Esto significa que si un moroso salteño o jujeño, por ejemplo, que se muda a Buenos Aires y necesita sacar un certificado de deudor alimentario, el sistema va a cruzar los datos y va a advertir que esa persona está en falta y le va a rechazar la solicitud.

Según Stefano, entre los juzgados civiles de la justicia nacional con asiento en la Ciudad y los juzgados civiles bonaerenses hay cerca de 10.000 causas por alimentos, por lo que lamentó la falta de actualización en los registros.

"Muchas veces son los jueces los que no mandan a inscribir a los morosos, son ellos los que no cumplen con la ley.  Los magistrados pueden mandar a hacer la inscripción por petición de parte, pero también por oficio y muchas veces no lo hacen", concluyó.

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