Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por la muerte de cinco civiles en la zona del VRAEM

La investigación por la muerte de cinco civiles en el distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica, ingresó a una nueva etapa tras la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva contra ocho integrantes del Ejército del Perú. El caso se encuentra bajo la competencia de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín y se desarrolla dentro de una pesquisa por presuntas graves violaciones a los derechos humanos.

La medida fiscal se relaciona con los hechos ocurridos el 25 de abril, cuando un grupo de ciudadanos fue interceptado durante un operativo militar. Como resultado de esa intervención, cinco personas perdieron la vida y otras tres sobrevivieron. La solicitud de prisión preventiva por 18 meses deberá ser evaluada por el Poder Judicial, instancia que determinará si corresponde aplicar la medida mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los investigados enfrentan cargos por homicidio calificado en agravio de cinco víctimas y por tentativa de homicidio calificado contra tres sobrevivientes. La fiscalía sostiene que existen elementos que justifican el requerimiento presentado ante las autoridades judiciales.

Ocho militares bajo investigación

La solicitud fiscal alcanza a ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú. Entre ellos figura el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, quien se encontraba al mando del grupo durante el operativo.

Según el Ministerio Público, todos ellos formarían parte de los hechos materia de investigación. La fiscalía busca que permanezcan bajo prisión preventiva durante un periodo de 18 meses mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Las víctimas del operativo

La intervención militar terminó con la muerte de cinco personas. Entre ellas se encontraba Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo interceptado por los efectivos militares.

Las otras víctimas fueron identificadas como Cristian Vilcatoma Aguila, de 18 años; Jaime Bendezú Paraguay, de 28; Wilder Romer Sevipaucar, de 32; y William Núñez Soto, de 20 años.

Además de los fallecidos, tres ciudadanos sobrevivieron al operativo. Por ese motivo, la investigación también comprende el presunto delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de estas personas.

De acuerdo con la versión del Ministerio Público, los militares investigados habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante la intervención realizada en la zona de Colcabamba.

La tesis fiscal adquiere relevancia debido a los resultados obtenidos durante las diligencias posteriores al operativo. En un primer momento, desde las fuerzas del orden surgió la versión de que la acción tenía como finalidad la incautación de droga.

Sin embargo, según la información incorporada a la investigación, tras la intervención no se encontraron insumos relacionados con actividades de narcotráfico. Tampoco existe evidencia concluyente respecto a una presunta respuesta armada atribuida a las víctimas.

La información disponible menciona el hallazgo de cartuchos en el lugar de los hechos. No obstante, las diligencias no permitieron encontrar armamento que respaldara la hipótesis de un enfrentamiento con los jóvenes que resultaron afectados por la operación.

El equipamiento utilizado durante la intervención

Mientras la investigación analiza las circunstancias exactas de lo ocurrido, los documentos fiscales consignan el equipamiento que portaban los integrantes del destacamento militar.

Según la información difundida, los efectivos contaban con fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56×45 milímetros y un lanzagranadas FN Herstal acoplado. También disponían de cerca de 1.600 cartuchos distribuidos en cargadores de combate.

Entre los equipos registrados figuran además una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos de las marcas SELEX e ICOM, un teléfono satelital IsatPhone 2 y un dispositivo GPS Spot.

La relación incluye igualmente granadas explosivas de 40 milímetros. Estos elementos forman parte de la documentación considerada dentro de la investigación que conduce la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín.

Pedido fiscal pasa a evaluación judicial

El requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público será analizado por las autoridades del Poder Judicial, que deberán determinar si corresponde aplicar la medida cautelar solicitada.

La decisión judicial definirá la situación procesal de los ocho militares investigados mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la intervención ocurrida en Colcabamba y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.