
Las autoridades del Colegio de Educación Digital Las Heras (COLHE) y los padres de los alumnos que allí asisten denunciaron por "violencia institucional" y "persecución ideológica" al Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, quien avanza con la decisión de clausurar al único colegio privado que no recibe subvención estatal y garantiza los 180 días de clases estipulados por ley.
"A ellos no les gusta la educación privada. Nuestro colegio contrasta con el desastre que es la educación pública en Las Heras, donde en 2017 apenas tuvieron 65 días de clases", contó a Infobae el abogado Gabriel Ruiz, representante legal de COLHE.
"Los maestros están acostumbrados a parar y por cualquier cosa suspenden las clases. Es una cuestión ideológica. Y nosotros, como somos una empresa privada, no paramos. Los maestros y los alumnos cuentan con todo lo que necesitan y cobran su sueldo al día. Pero al Consejo no le gusta que la educación sea un negocio", señaló el letrado, quien precisó que la cuota que se le cobra a cada chico es de $5.000.
"Ellos aducen de que el Colegio está inhabilitado, que no está reconocido por el Consejo de Educación. Pero si es así, los papás no entendemos porque lo dejaron funcionar si estaba mal, porque desde el 2017 vienen trabajando, el Consejo firmó pases de alumnos y reconoció los años cursados y nunca planteó una supuesta inhabilitación, hasta ahora" señaló Vanesa Contreras, una mamá que manda a su hijo al nivel secundario.

"En Las Heras hay varios establecimientos que no están en condiciones para dar clases, por falta de calefacción, problemas con el agua o paredes electrificadas. Pero ellos hacen foco en el COLHE. AL resto no le dicen nada. El COLHE el año pasado le ofreció a mi hijo lo que hacía años no tenía: 180 días de clases sin paros" agregó.
Pero a esta supuesta persecución política que denuncia el colegio se sumaría la pata judicial. Según contó el abogado, durante el litigio en los estrados ya fueron apartados varios de los actores que fallaron en contra de la clausura de la institución educativa.
"Todos los funcionarios que se manifestaron a nuestro favor durante el trámite administrativo y judicial terminaron denunciados penalmente por el Consejo de Educación o recusados. Ellos son el Supervisor de Escuelas Privadas del Consejo, Roberto Murua, que aprobó el plan de estudios del colegio y fue sumariado por falsear un documento público; la jueza de Primera Instancia de Pico Truncado, Gabriela Zapata, que terminó denunciada por prevaricato; y la Defensora Pupilar, Sandra Reynoso, que también fue denunciada por prevaricato", sostuvo Ruíz.

El conflicto entre el colegio y el Consejo arrancó en enero de 2017, cuando el colegio pidió el reconocimiento como institución educativa privada. Según denuncian desde el colegio, le pusieron "varios palos en la rueda" para poder operar y les rechazaban dicho permiso "por pavadas inventadas".
"Cuando esto sucede, pedimos ver el expediente para ver cuál era la documentación que nos faltaba presentar para conseguir la habilitación que nos estaban negando. Pero como el diálogo se cortó en julio, decidimos recurrir a la justicia y presentar un recurso de amparo", relató el abogado.
A mediados de 2018, tuvieron un fallo a favor de primera instancia de la justicia de Pico Truncado y en segunda instancia otro de la Cámara de Apelaciones de Caleta de Olivia. "Recién en diciembre de 2018 pudimos ver el expediente, por lo que en febrero presentamos un nuevo recurso de amparo para comenzar las clases", señaló.
Sin embargo, el Consejo Provincial interpuso otra medida judicial para cerrar el colegio y la justicia ordenó en marzo cerrar el colegio y poner a dos patrulleros en la puerta para evitar que los chicos puedan concurrir a clases.

En su fallo, el Dr. Guillermo Ghio notificó que hacía lugar a las medidas requeridas por el Consejo Provincial de Educación disponiendo que el COLHE "se abstenga de inscribir y/o matricular alumnos menores de edad y/o impartir clases".
Pero el colegio volvió a apelar y la Cámara de Caleta de Olivia determinó que continuara abierto mientras continúa el litigio judicial. Pero más allá de esta especie de "respiro judicial", desde el COLHE admiten que "la causa viene complicada" y cargan contra el gobierno provincial.
Lo curioso de esta situación es que la documentación presentada para la habilitación del colegio en Las Heras fue la misma que la firma propietaria presentó cinco años atrás en Caleta de Olivia, donde funciona desde 2014 la casa central del COLHE. Si bien en Caleta de Olivia hay otros colegios privados, es el único que no recibe subvención estatal.
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