Cuatro de cada diez argentinos creen que el gobierno –¿o será mejor decir el Estado?- no lleva adelante ninguna medida para enfrentar, con algún grado de éxito, la batalla contra el cambio climático en el país. Y tres de cada diez, con lo que se supera el 70 por ciento de los consultados que cuestionan el papel gubernamental, suponen que algo se hace pero desconocen qué.
Esto concuerda con otro resultado de una encuesta de D'Alessio-Berensztein dada a conocer esta semana: el 75 por ciento de los argentinos, que en prácticamente su totalidad reconocen que hay un grave problema asociado al calentamiento global, demandan leyes o políticas públicas para imponer el uso de energías renovables y detener las consecuencias del cambio climático.
El trabajo corresponde a una encuesta realizada la semana pasada sobre 431 casos en todo el país. El sondeo demuestra claramente que la preocupación sobre las cuestiones ambientales y el calentamiento global en particular, son un dato cierto entre los ciudadanos argentinos. Y contrasta con trabajos equivalentes realizados recientemente en Estados Unidos, en donde un porcentaje decreciente pero aún significativo de la población se atiene al "negacionismo"; es decir esta idea de Donald Trump y los lobistas del sector petrolero acerca de que el cambio climático es "un invento de los chinos para quebrar la competitividad estadounidense", como dijo el actual presidente republicano durante su campaña electoral.

En la Argentina, surge claramente de la encuesta, nadie duda que el calentamiento global existe y es resultado del modelo de producción y consumo imperante hoy en el planeta.
Por supuesto, como la conciencia opera, los argentinos enumeran las conductas individuales que debieran incrementarse. Usar racionalmente el agua, la calefacción o el aire acondicionado, reducir el consumo de envases plásticos, comprar solo aquellos productos de marcas que se comprometan con el ambiente, son mencionados como los comportamientos a adoptar por los consumidores. Pero por encima de todo, y vale resaltarlo, está el reclamo al Estado: proveer medidas de gobierno que favorezcan esas conductas. Y no dejar todo en manos de individuos que poco estímulo tienen para cumplir esas pautas.
Llama positivamente la atención el conocimiento de la sociedad acerca de las consecuencias del cambio climático sobre nuestra geografía. Casi el total de los encuestados (95%) indican el deshielo de los glaciares como la principal consecuencia del calentamiento global, seguida de fenómenos extremos como sequías e inundaciones.
Todos esos acontecimientos, desde el derretimiento de los hielos cordilleranos hasta la agudización de períodos sin lluvia o tormentas cada vez más frecuentes e intensas son parte del panorama actual de la Argentina. Y los ciudadanos entienden (un 75 por ciento de los consultados) que la forma de enfrentar esas calamidades crecientes es con leyes y políticas de Estado.

La encuesta de D'Alessio-Berensztein demuestra que la sociedad argentina está más que informada del futuro que nos espera. Responsabilizan preferentemente, y con razón, a los países industrializados. Pero también, y eso nos toca de cerca, al uso de combustibles fósiles en el transporte o la producción de energía.
La encuesta permite asegurar que quien acuse a la sociedad de no tener conciencia, y sugiera que es esa la causa del desmadre ambiental en que se encuentra el planeta y también la Argentina, no está ubicando la verdadera responsabilidad allí donde el sentido común y la historia la sitúan: en el Estado.
Lo dijo Naciones Unidas recientemente y de modo angustiante: si los gobiernos no asumen su responsabilidad, y reducen en un 30 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en apenas una década sobrevendrá el marasmo, si es que ya no está entre nosotros. La sociedad argentina lo refrenda. Y lo demanda.
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