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En medio de críticas de cartoneros y representantes de ONGs ambientalistas, el bloque oficialista Vamos Juntos consiguió los votos para reformar la ley de basura cero y habilitar la incineración en la ciudad de Buenos Aires. La sanción, que se consiguió con los 34 votos del bloque oficial y los apoyos de Sergio Abrevaya (GEN) y Marcelo Depierro, ex aliado de Graciela Ocaña, terminó con gritos y forcejeos con activistas de Greenpeace y los cartoneros cantando el himno nacional argentino.

La nueva norma establece un cronograma de reducción de residuos e incluye, luego de las modificaciones acordadas en la Legislatura, a los cartoneros como actores exclusivos a cargo de la recolección diferenciada de la basura y prohíbe que se incinere cualquier residuo que pueda ser reciclable. También se creó un organismo que será el encargado de hacer las mediciones de las emisiones que generen las plantas que transformarán la basura en energía (waste to energy).

Aunque no se dio información oficial, Infobae pudo averiguar que las plantas se instalarán en la Ciudad; otra, en Lomas de Zamora y una tercera, en San Miguel. Cada uno de los establecimientos contendrá una planta de procesamiento mecánico biológico, igual a la que funciona en el predio de José León Suárez, Norte III.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se generan y se entierran diariamente 17.000 toneladas de desecho, el 87% en José León Suárez. La Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) asegura que en el plazo de cinco años colapsa la capacidad de los rellenos sanitarios del sistema.

Un grupo de investigadores de universidades nacionales envió a la Legislatura un documento en el que manifiesta su oposición a la técnica de incineración como solución a la problemática de la basura.

"Recomendamos hacer explícita la exclusión de plásticos que desde hace más de 15 años forman parte de los circuitos de recuperación y reciclado: tereftalato de polietileno, policloruro de vinilo, polietileno de alta y baja densidad, polipropileno y poliestireno; con el mismo criterio recomendamos excluir a los distintos tipos de papeles y cartones", sostienen los expertos y lamentan que el debate de esta reforma no haya tenido suficiente tiempo.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) volvió ayer a reiterar su postura: "La incineración de residuos sólidos urbanos no es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente. Esta tecnología compite con el reciclado y con la denominada economía circular. En esa competencia, los residuos reciclables (de mayor poder calorífico) son los más codiciados, tanto por las plantas incineradoras como por la industria del reciclado. Además es cara, ya sea para generar energía como para tratar a los residuos".

Según el gobierno, la técnica de recuperación de energía por la incineración tiene estándares de calidad elevados; recuerda que hay más de 2000 plantas funcionando en todo el mundo y 500 de ellas en Europa. Los costos de esas plantas están entre 450 millones de dólares y USD 800 millones; las fuentes oficiales aseguran que esa inversión será exclusivamente privada y que los empresarios recuperarán la inversión con la energía que vendan al mercado eléctrico.

Carlos Briones, representante de la industria del plástico cree que aprobar esta reforma es "un atajo". "En 13 años no se cumplió la actual ley, lamentablemente la gente no sabe cómo reciclar. Es reconocer el fracaso de una política e intentar solucionarlo con esta medida. De este modo perjudica directamente a la industria porque acaba con el principio de economía circular. No es que estamos en contra de la tecnología pero es una ilusión que pretendan solucionar el problema de los residuos de esta manera. Hace más de 20 años se adeuda una ley de envases, más de 2000 municipios están obligados a reciclar y tener rellenos sanitarios y no lo hacen. Creer que esta reforma va a arreglar algo es un error", le dijo a Infobae.

Alicia Montoya, de la cooperativa El Álamo indicó: "Esto ha sido de espaldas a la Ciudad. Para habilitar las plantas van a necesitar 40 votos. Esto es sólo una batalla".

La incineración fue prohibida en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1976. Luego, en 2005 la ley de basura cero también mantuvo al margen la tecnología de termovalorización que ya tenía avances tecnológicos importantes. Con la promulgación de la norma reformada, se habilitará nuevamente.