Mahiques se reunió en Washington con el jefe de los fiscales penales de EEUU y acordó fortalecer la cooperación judicial

El ministro de Justicia se reunió con Andrew Tysen Duva, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia estadounidense, y acordaron reforzar la cooperación, las extradiciones y la capacitación judicial

Encuentro en EEUU. Adam Hobson, Brian D. Skaret, Mahiques, Andrew Tysen Duva y el embajador Alejandro "Alec" Oxenford
Encuentro en EEUU. Adam Hobson, Brian D. Skaret, Mahiques, Andrew Tysen Duva y el embajador Alejandro "Alec" Oxenford
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El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión en Washington con Andrew Tysen Duva, máximo responsable de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con quien acordó avanzar en una agenda bilateral para fortalecer la cooperación penal y mejorar los mecanismos de colaboración en investigaciones judiciales.

Durante el encuentro, del que también participaron autoridades del Departamento de Justicia y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Alec Oxenford, se analizaron cuestiones vinculadas con el funcionamiento de los tribunales, la cobertura de vacantes judiciales y los desafíos de la implementación del sistema acusatorio en la Argentina.

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Según información a la que accedió Infobae, uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de fortalecer los canales de cooperación penal internacional, en particular para facilitar el intercambio de información entre autoridades judiciales, avanzar en investigaciones que involucren a ambas jurisdicciones y mejorar la coordinación de los procedimientos de extradición.

La reunión permitió establecer una agenda de trabajo entre las autoridades de ambos países, con atención en las capacidades operativas que requieren los organismos judiciales para responder a investigaciones complejas y a los desafíos de la persecución de delitos con conexiones internacionales.

Duva conduce desde diciembre de 2025 la División Criminal del Departamento de Justicia, una de las estructuras centrales del sistema federal estadounidense para la investigación y persecución de delitos. Bajo su supervisión trabajan más de 1.100 fiscales federales y empleados especializados en áreas como el crimen organizado, el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, la corrupción pública, los delitos financieros y los ciberdelitos.

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La delegación que participó de la reunión estuvo integrada, además de Mahiques, Duva y Oxenford, por Adam Hobson, primer fiscal general adjunto principal interino de la División Criminal; Brian D. Skaret, fiscal general adjunto interino de esa división; Erik C. Peterson, director de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscalías en el Extranjero (OPDAT), y John Beasley, abogado litigante principal de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia.

La cooperación incluyó capacitación y el avance del sistema acusatorio

La presencia de funcionarios vinculados con la capacitación internacional y la cooperación judicial permitió abordar las necesidades de formación de los operadores del sistema penal y los mecanismos institucionales disponibles para mejorar la colaboración entre los organismos de ambos países.

En ese marco, Mahiques destacó que la transformación del sistema de justicia penal argentino requiere modificaciones normativas, instituciones preparadas, infraestructura adecuada y equipos profesionales con capacidad para desarrollar investigaciones de manera eficiente.

Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener programas de intercambio y capacitación para jueces y fiscales, con el objetivo de incorporar experiencias y herramientas que permitan mejorar el funcionamiento de la justicia penal y fortalecer las capacidades de investigación.

Uno de los principales temas de la agenda fue la implementación del Código Procesal Penal Federal, que establece el sistema acusatorio y modifica la distribución de funciones entre jueces y fiscales. A diferencia del modelo tradicional, en el que los jueces de instrucción tienen a su cargo buena parte de las investigaciones, el nuevo esquema dispone que los fiscales dirijan la investigación penal, reúnan pruebas y formulen las acusaciones. Los magistrados intervienen como jueces imparciales, controlan la legalidad de los procedimientos, garantizan los derechos de las partes y resuelven las controversias que se planteen durante el proceso.

La reforma también establece un modelo basado en la oralidad, la publicidad de las audiencias y la contradicción entre las partes, con el propósito de reducir los trámites escritos y acelerar los tiempos judiciales. En lugar de un expediente predominantemente escrito, el sistema promueve que las decisiones relevantes se adopten en audiencias ante los jueces, con participación de fiscales y defensores. Su implementación exige reorganizar los recursos humanos, incorporar tecnología, adecuar salas de audiencias y ampliar la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal, que adquiere un papel central en la investigación de los delitos federales.

La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal avanza de manera progresiva en las jurisdicciones del país. Tras su aplicación en distritos como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza y La Plata, el proceso continuará el 30 de noviembre con su entrada en vigencia en Paraná. El cronograma oficial prevé para 2027 su implementación en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y en la jurisdicción federal de Córdoba, desde el 8 de marzo. La transición representa uno de los desafíos institucionales del Ministerio de Justicia, por la necesidad de coordinar recursos, infraestructura y capacitación entre los distintos organismos del sistema judicial.

La experiencia de Estados Unidos en investigación penal y organización de fiscalías fue uno de los puntos considerados durante las conversaciones, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae. Allí, los fiscales federales tienen un papel protagónico en la persecución de los delitos y trabajan en coordinación con organismos especializados de investigación, dentro de un esquema institucional que articula recursos y conocimientos técnicos.

En ese contexto, la participación de Erik Peterson, responsable de OPDAT, adquiere relevancia por las funciones de esa oficina, que desarrolla programas de asistencia técnica y capacitación destinados a fortalecer los sistemas de justicia penal de otros países.

También intervino John Beasley, de la OIA, una dependencia que tiene entre sus responsabilidades la cooperación jurídica con autoridades extranjeras, en particular en cuestiones relacionadas con extradiciones y asistencia judicial internacional.

La cobertura de vacantes en la Justicia argentina fue otro de los asuntos incluidos en la agenda. Durante la conversación se examinó la importancia de contar con estructuras judiciales completas y funcionarios capacitados para garantizar la continuidad de las investigaciones y el funcionamiento de los tribunales.

La reunión se inscribe en una agenda de cooperación institucional entre Argentina y Estados Unidos que apunta a fortalecer las capacidades de los organismos encargados de investigar delitos, facilitar el intercambio de información y mejorar la articulación de los procedimientos judiciales cuando las investigaciones involucran a más de un país.

El objetivo compartido es mantener un canal de diálogo directo entre las autoridades de ambos países y avanzar en mecanismos de cooperación que permitan obtener resultados concretos en investigaciones penales, procesos de extradición y programas de formación de jueces y fiscales.

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