El presidente Javier Milei firmó un decreto para la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que tendrá como misión central integrar, analizar y compartir información para diseñar estrategias y coordinar acciones en la lucha contra el terrorismo.
Lo anunció la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y al anunciar la medida recordó los ataques del terrorismo islámico en la AMIA y la Embajada de Israel. En la conferencia de prensa, la funcionaria también recordó a las víctimas de la atroz incursión militar de la organización fundamentalista islámica Hamas a poblaciones civiles judías.
La medida responde a una serie de recomendaciones internacionales y a la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a amenazas que, según el propio texto oficial, “constituyen una grave amenaza para los valores democráticos, para la paz y la seguridad internacionales”.
El decreto, que lleva la firma del Secretario de Inteligencia de Estado, Sergio Darío Neiffert, y fue refrendado digitalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), establece que el CNA será el órgano encargado de recibir, analizar, integrar y compartir información sobre el ciclo completo del terrorismo, incluyendo etapas como la propaganda, radicalización, reclutamiento, logística, financiamiento, planificación y ejecución de actos terroristas. La decisión se apoya en un diagnóstico que reconoce la insuficiencia de las reformas normativas previas y la necesidad de una estructura operativa capaz de coordinar los esfuerzos de los distintos organismos estatales.
El documento recuerda que la Argentina fue víctima de dos atentados terroristas de alto impacto: el ataque a la Embajada del Estado de Israel en 1992 y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, hechos que aún no han sido completamente esclarecidos. En ese contexto, el texto sostiene que “la creación de un centro especializado permitirá coordinar el esfuerzo nacional en la materia, incrementar cualitativa y cuantitativamente la cooperación internacional y, en definitiva, garantizar la vigencia de la forma representativa, republicana y federal de gobierno y del Estado de Derecho”.
La iniciativa responde también a las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que instó a la República Argentina a desarrollar mecanismos más efectivos para identificar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo. El informe del GAFI recomendó, entre otras medidas, “la emisión de un protocolo de acción que, cuando la situación lo requiera, involucre a todas las autoridades competentes (grupos de trabajo) para explorar e investigar, de manera proactiva, los indicios de todas las fuentes”. El decreto recoge este mandato y prevé la utilización de técnicas especiales de investigación, el monitoreo de individuos conocidos y la cooperación internacional para rastrear fondos y personas vinculadas al terrorismo.
El CNA estará integrado por representantes de la SIDE, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Justicia (a través de la Secretaría de Justicia), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, el Ministerio de Seguridad Nacional será responsable de articular la participación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
El decreto detalla que el CNA podrá requerir información y asistencia tanto de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, como de organismos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de organismos internacionales. También se prevé la posibilidad de celebrar convenios y de impulsar propuestas legislativas para fortalecer la prevención y la lucha contra el terrorismo. Entre las funciones asignadas, se destaca la elaboración de informes y estadísticas, la aprobación de directivas y protocolos, y la capacidad de dictar normativa interna para su funcionamiento.
En cuanto a la estructura operativa, el CNA contará con una unidad encargada del diseño de directivas, estrategias, protocolos y lineamientos operacionales, cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional. El organismo podrá constituir comités especializados, permanentes o temporales, para delegar funciones en ámbitos específicos o ante situaciones que lo requieran. Estos comités estarán facultados para coordinar la actuación de los representantes de los organismos que integran el centro, elaborar propuestas de directrices político-estratégicas y formular recomendaciones para la dirección de situaciones de interés en la lucha contra el terrorismo.
El texto oficial subraya la importancia de la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir e impedir el delito de financiamiento del terrorismo y de congelar activos vinculados a este tipo de actividades. “La participación de la referida Unidad permitirá un análisis integral de las actividades que componen el ‘Ciclo Terrorista’, a través del estudio de los aspectos económicos y financieros”, señala el decreto. También se destaca el rol de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección Nacional de Migraciones, organismos que aportarán capacidades técnicas y operativas en materia de control aduanero, fiscal y migratorio.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación fue invitado a designar un enlace administrativo para interactuar con el CNA, lo que apunta a fortalecer la articulación entre la investigación penal y la inteligencia estratégica. El decreto establece que la medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
La decisión de crear el Centro Nacional Antiterrorismo se enmarca en una tendencia internacional que, según el texto, ya adoptaron países como Estados Unidos y el Reino de España tras los atentados de Nueva York en 2001 y Madrid en 2004. “La creación de tales organizaciones permitirá aprovechar de una manera más eficiente y eficaz las capacidades de los distintos entes públicos a través de su integración y trabajo conjunto”, afirma el documento. El decreto concluye que la medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.
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