Continúa la indefinición en el Senado por los pliegos de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema

La indefinición sobre los pliegos que proponen a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema -ambos ya fueron designados “en comisión” por el Ejecutivo y el segundo juró días atrás- continúa en el Senado, el lugar de discusión natural de este tipo de cuestiones con elevado peso institucional. La lupa está puesta en aliados provinciales usuales del Gobierno y, sobre todo, en un sector del radicalismo que no estampa las firmas necesarias para que aparezca un dictamen oficial relacionado con el académico, que se sumaría al despacho ya listo del primero para ir al recinto, siempre y cuando haya una solicitud de sesión avalada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

El escenario que se mantiene es idéntico a del viernes último. Por un lado, el kirchnerismo dice tener seis firmas, en principio, de rechazo al pliego de García-Mansilla. Como los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri -la senadora del Pro es la presidenta de la comisión de Acuerdos, donde se realizaron las audiencias públicas, en agosto pasado- pusieron dos rúbricas en otro potencial despacho en contra del postulante -no hay nada oficial; entonces, todo cohabita en una nebulosa-, el total de “ganchos” llega a ocho. Es decir, una menos que las necesarias: 9 de 17.

¿Por qué se llegó a esta instancia? Tras la aparición del dictamen de Lijo, el de García-Mansilla quedó olvidado, con un supuesto despacho que sólo contaba entre cuatro y cinco firmas, como máximo. Después de la designación de ambos como jueces supremos “en comisión”, una porción no menor de la oposición criticó la jugada del Ejecutivo y prometió rechazar ambos pliegos en el recinto. El problema allí es que para Lijo sólo haría falta tener quorum -37- para iniciar el encuentro. En cambio, para el académico, se precisarían eso y luego dos tercios para habilitar el tema sobre tablas.

Bajo esta previa es que, al igual que ocurrió en varias ocasiones durante 2024, la Unión Cívica Radical (UCR) vuelve a tomar protagonismo. Como suele pasar con ellos, una reunión el jueves pasado terminó sin una postura definitiva, y un par reclamó tiempo para consultar a sus gobernadores. Para la tarde de hoy se esperan dos instancias: una cumbre de la mesa nacional del centenario partido, que comanda el propio Lousteau; y una reunión posterior de bloque, en la Cámara alta.

Si uno quitara al oficialismo, que no está interesado en que ahora germine un dictamen de García-Mansilla, hay otros actores atados a una situación idéntica a los radicales, como los representantes que el interbloque Provincias Unidas en la comisión de Acuerdos, así como el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, que desaparecieron de la escena y no dan indicios de firmar o no un despacho en relación con el catedrático. En resumen, una ayuda nada despreciable a favor de los libertarios y del juez supremo “en comisión”.

Al no existir papeles firmados y convertidos en dictámenes, en la Cámara alta se observó este lunes la eventual traba que significaría no contar con uno. De hecho, hasta firmar a favor de García-Mansilla hoy sería, por caso, una solución mucho más práctica para todos y sobre la cual no podrían negarse el oficialismo o aliados. Total, lo que interesa de verdad es el recinto. Por ello la relevancia de lo que decidan los radicales, si es que en algún momento arriban a dicha instancia.

“Hay que entender que ya no se trata más de Lijo, García-Mansilla, ambos o ninguno. Se le advirtió en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que si avanzaba con las designaciones ‘en comisión’, las mismas serían desactivadas en el Senado. Ya no es partidario. Y no es contra ellos. Es un límite institucional que, si no lo acomodamos a tiempo, se convertirá en la puerta de otras cosas”, confió a Infobae un senador dialoguista con llegada a la Casa Rosada. Claro está que, en el medio, las bancadas ahora están cruzadas entre los que quieren a Lijo y no a García-Mansilla, y viceversa.

Por otra parte, un puñado de senadores deslizaron la idea de acompañar, con acciones, la dramática actualidad en Bahía Blanca por las inundaciones. Por caso, el bonaerense Maximiliano Abad (UCR) exigió una ley para crear un sistema de alerta temprana, algo conocido en el mundo. “No contamos con un mecanismo eficiente, rápido y geolocalizado para avisarle a la ciudadanía qué hacer y hay que entender que, en casos como estos, cada minuto es fundamental”, señaló. Su iniciativa fue presentada en noviembre pasado.