Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló que, a lo largo del país, municipios de distintas provincias extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación económica, mientras que en paralelo ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos, quienes en muchos casos utilizaron esos depósitos para comprar dólar MEP.
El presunto esquema de corrupción, detectado gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras, expone una posible malversación de fondos municipales por al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio, tal como adelantó La Nación.
Infobae corroboró con fuentes de entidades bancarias que entre junio y julio de 2024 bancos de primera línea y entidades financieras fueron impuestas de la novedad: se les advertía sobre estas maniobras sospechosas que se realizaban por ventanilla de las entidades, sobre todo en distritos de Tucumán, Salta y Catamarca. La investigación preliminar revelaba que, por un lado, salían los de esos municipios “importantes sumas de dinero” aparentemente sin justificar y, por el otro, esos mismos millones de pesos eran depositadas a las cuentas privadas de los empleados municipales -no tenían esa capacidad de ahorro- quienes, en muchos casos, terminaban comprando dólar MEP.
Movimientos millonarios sin justificación
El documento de la UIF que ya circula en despachos de la Casa Rosada destaca las siguientes maniobras:
- Extracciones en efectivo por importes muy significativos desde cuentas municipales.
- Depósitos en cuentas personales de empleados públicos de las mismas localidades. Esas personas no tenían capacidad de ahorro ni justificar el origen del dinero.
- Compra de dólar MEP con esos fondos y posterior retiro en efectivo.
Además, el informe indica que la frecuencia de estas extracciones se incrementó en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales de 2023, lo que refuerza la hipótesis de un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
El caso más grave: La Banda del Río Salí, Tucumán
Con poco más de 70.000 habitantes, La Banda del Río Salí es la ciudad más grande del departamento Cruz Alta y la segunda más poblada de la provincia de Tucumán. Según la investigación de la UIF, entre enero de 2023 y junio de 2024, a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”, de sus arcas municipales se extrajeron más de 17.000 millones de pesos sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas. En cumplimiento de la ley antilavado, la entidad bancaria alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre lo que ocurría en el municipio. El monto involucrado representa casi el 40% del total de los fondos sospechados a nivel nacional.
Al notar las irregularidades, el banco emitió una alerta a la UIF en cumplimiento de la ley antilavado. La ley 25.256 obliga a las entidades financieras y bancos, ya sean privados o públicos, a reportar ante la Unidad de Información Financiera reportar las operaciones sospechosas.
Infobae llamó a la secretaría privada del intendente de La Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, quien hasta el momento no dio ninguna respuesta. No ha dado explicaciones sobre las acusaciones. Su padre, Darío Monteros, es el actual ministro del Interior de Tucumán y un dirigente vinculado al gobernador Osvaldo Jaldo, del Partido Justicialista.
La UIF identificó que este esquema se repitió en varios municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, los cuales encabezan el ranking de registros de operaciones sospechosas (ROS).
La denuncia y la posible vinculación con el financiamiento electoral
Ante la magnitud del desfalco, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que segmentó la información por distritos y descentralizó la investigación en cada jurisdicción implicada.
La UIF sostiene que el volumen de retiros aumentó exponencialmente antes de las elecciones de 2023 y cayó en 2024, lo que refuerza la hipótesis de que estos fondos fueron utilizados para financiar la última campaña electoral.
Funcionarios de la UIF, a cargo del fiscal Paul Starc, aseguraron que “como corresponde giramos el informe a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, -a cargo de Diego Velasco- y ya se había alertado a los bancos y entidades financieras, lo que derivará en procesos judiciales contra los funcionarios involucrados”.
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