Hugo Moyano reclamó a los empresarios un aumento salarial y otras mejoras en forma urgente, mientras el Gobierno intervino una cámara del sector

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, reclamó en forma urgente a las cámaras del sector “instancia integral de negociación” para discutir un aumento de sueldos aplicable desde el 1° de septiembre y una revisión de lo pactado en marzo con el fin de “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

En una nota dirigida a las tres cámaras, el sindicato planteó la apertura de una nueva negociación paritaria tras el vencimiento del acuerdo salarial el 31 de agosto pasado y, además, exigió elevar un 20% el adicional por profesionalidad para los trabajadores de la rama de Larga Distancia. El pedido se fundamenta en “la profesionalidad, responsabilidad y particularidades propias de la conducción de larga distancia”.

La organización encabezada por Moyano también reclamó incluir en la discusión las condiciones de los empleados de Logística, Correo Privado, Expreso y Mudanza. En ese sentido, pidió tratar el adicional por especialidad, con una suba hasta el 20%, y un plus por presentismo para los trabajadores de la rama de Expreso y Mudanza.

Otro de los puntos planteados es el incremento de la Contribución Extraordinaria Patronal destinada al sostenimiento de las obras sociales del sector, que actualmente es de $25 mil mensuales por trabajador. Camioneros sostuvo que el valor vigente quedó desactualizado luego de no haber sido revisado en junio.

“El aumento de los costos en el sector pone en riesgo la atención de la salud para los trabajadores camioneros, por lo que es imperativo abordar esta cuestión de manera urgente”, advirtió el comunicado.

Por último, el sindicato solicitó el pago de una Asignación Extraordinaria Anual de carácter no remunerativo para los choferes del transporte automotor de cargas y logística alcanzados por el convenio colectivo 40/89, en reconocimiento a “la dedicación y el esfuerzo realizado durante 2026 en la prestación de sus tareas”.

Al fundamentar sus reclamos, Camioneros remarcó que su objetivo es “alcanzar soluciones que permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, garantizar condiciones salariales adecuadas y contribuir al sostenimiento de la actividad y de la paz social”.

El último aumento pactado por Camioneros se produjo en junio pasado y fue en concepto de revisión salarial: consistió en una mejora del 2,68%, que representó un total de 27.258 pesos en el bolsillo de los trabajadores.

Si bien el incremento no fue significativo, la paritaria anterior contemplaba una cláusula de revisión que establecía compensar solamente la diferencia entre la inflación y el período paritario a revisar, que arrancaba en marzo y daba exactamente un 2,68%.

Problemas para una cámara empresarial

Las cámaras que firman las paritarias con el sindicato de Moyano son la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no podría participar de las próximas negociaciones: el Ministerio de Justicia dispuso la “inmediata intervención” de la entidad, con desplazamiento de sus autoridades, por un plazo de 180 días hábiles para “revisar la situación institucional, económica, financiera y patrimonial”.

La resolución, dictada este lunes, sostiene que la organización atraviesa un cuadro de “riesgo institucional y patrimonial”, en un contexto marcado por el incumplimiento en la presentación de balances, un desequilibrio financiero detectado durante una intervención anterior y la falta de medidas de saneamiento acreditadas por la actual conducción.

Según la cartera de Justicia, CATAC mantiene pendientes los estados contables de los ejercicios cerrados en 2012, 2014 y entre 2020 y 2025. Esta situación “impide contar con información económica y patrimonial completa, actualizada y suficiente”, además de dificultar las tareas de fiscalización de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La entidad ya había sido intervenida en diciembre de 2024. En aquel proceso se realizó un relevamiento de su situación financiera y patrimonial, que detectó un “severo desequilibrio económico-financiero”, con un déficit promedio cercano al 140% de sus ingresos.

De acuerdo con la resolución oficial, ese déficit que tenía CATAC “comprometía su viabilidad operativa, la prestación de servicios y el cumplimiento de su objeto social”. Tras finalizar la intervención previa, en diciembre de 2025 se renovaron las autoridades y resultó reelegida la conducción anterior, liderada por Ramón Jatip, cuya inscripción quedó registrada el 20 de febrero de 2026.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia remarcó que, desde esa inscripción, las autoridades “no han efectuado presentación alguna tendiente a regularizar el incumplimiento existente respecto de los estados contables adeudados”. Tampoco, añade la resolución oficial, “han aportado elementos que acrediten la implementación de medidas eficaces destinadas a revertir la situación oportunamente constatada”.

Como interventor fue designado el abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien tendrá facultades para representar a CATAC, realizar actos de administración ordinaria o urgente, defender judicial y extrajudicialmente el patrimonio de la asociación y evaluar la gestión de la Comisión Directiva desplazada. Y podrá iniciar, “en su caso”, las acciones civiles o penales que estime correspondientes, además de presentar informes mensuales ante la Inspección General de Justicia sobre las medidas adoptadas y los avances de su gestión.