El increíble espejo de agua en Jujuy donde se profundiza un conflicto por el litio que lleva más de 14 años

A casi tres horas en auto de San Salvador de Jujuy emerge, en medio de cerros áridos y vientos que los corroen, un sorprendente humedal, que según la época del año suele estar repleto de flamencos y fauna silvestre. La Laguna de Guayatayoc es un espejo de agua que en el período estival llega a cubrir 240 kilómetros cuadrados (un poco más que la superficie de la Ciudad de Buenos Aires), con 6 metros de profundidad, y se convierte en un oasis en medio de un paisaje rústico, seco, entre cactus y montañas.

La laguna forma parte de la cuenca de Salinas Grandes, que desde casi dos décadas se encuentra en la mira del Estado y grupos económicos por sus minerales. El auge del litio y las inversiones mineras en la región fueron rodeando la resistencia del núcleo duro de 38 comunidades originarias, habitantes milenarios de la región, que rechazan la explotación minera en ese punto de la provincia. Ellos intentan hacerse escuchar a través de cuentas de redes sociales que llevan justamente ese nombre, Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

En las últimas horas, un episodio reflejó el estado de tensión que se vive en la zona. Un grupo de médicos de la Sociedad Jujeña de Dermatología llegó en ambulancias del SAME para desplegar una campaña de atención gratuita para la prevención del cáncer de piel en la localidad de Santuario Tres Pozos, muy cerca de la laguna. El folleto con el que comunicaron la actividad llevaba la etiqueta de tres empresas que buscan incursionar en la extracción de litio en la zona: Litica Resources (Pluspetrol), Lithion Energy (Panamerican Energy) y Pluspetrol (grupo Techint). Su visita fue interpretada por los vecinos como un gesto de deshonestidad de parte de las empresas y los médicos. Tras una discusión acalorada, les pidieron que se retiren.

En un comunicado posterior expresaron: “Rechazamos el intento de las empresas multinacionales de litio de obtener licencia social a través de una asistencia malintencionada”. El episodio es un síntoma de una discusión de fondo que se arrastra desde 2010, cuando el conflicto llegó a la Justicia. Sin embargo, no fue el único en la última semana.

El viernes 15 de noviembre se realizó una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. De ella participó Verónica Chávez, referente del grupo histórico de resistencia. Así describió a la situación en la laguna y a la región. “Hace 14 años empezaron a llegar empresas multinacionales interesadas en el litio. Entraron a nuestra casa grande sin pedirnos permiso. Hemos buscado abogados, geólogos y técnicos, para saber de qué se trata este mineral. Nos están dividiendo. La extracción de litio en una zona con poca agua nos preocupa. Nosotros seremos un sacrificio”.

La ilusión de progreso

La división a la que se refería Verónica Chávez quedó de manifiesto el 21 de junio pasado, cuando la uniformidad se quebró. Integrantes de dos comunidades, Lipán de El Moreno y Rinconadillas, se escindieron del grupo histórico y dejaron saber que están dispuestos a conceder la autorización para el desarrollo de proyectos. Ese aval es el paso que el Estado provincial, pro-minero, estaba esperando para acompañar el desembarco de las empresas en la zona.

Un vecino -que pidió reserva ante la consulta de Infobae- señaló que para entender la postura de quienes aceptan el ingreso de las empresas hay que observar lo que está ocurriendo a pocos kilómetros, en la localidad de Olaroz.

Jujuy cuenta con dos de los cuatro proyectos activos de producción de litio en Argentina, los de las empresas Río Tinto (angloaustraliana) y Exar (China), en la localidad de Olaroz.

Olaroz se encuentra a pocos kilómetros de la Laguna de Guayatayoc y las Salinas Grandes. Allí, las inversiones mineras de la última década les permitieron a muchos de sus habitantes evidenciar un progreso económico que se manifiesta a través de la adquisición de vehículos e inmuebles, algo que es observado por los vecinos de la zona. Algunos de ellos, incluso, se han desarrollado como pequeños y medianos empresarios proveedores de servicios mineros.

Esa imagen no pasó desapercibida en el lugar. “Hoy una Hilux cuesta 70 millones de pesos, y hay gente que se la puede comprar. Los demás los ven pasar por la ruta, es lógico que a algunos les despierte interés”, insistió.

En el rechazo de las comunidades que resisten, hay dos ejes claros. Existe una gran desconfianza por el impacto en el ambiente a raíz del consumo de agua que demanda la producción de carbonato de litio. Pero también hay una clara sensación de injusticia en la distribución de la riqueza que las inversiones mineras generan.

Un fragmento del primer capítulo del podcast Habla Pacha realiza un comentario en ese sentido. “Ante el avance de la transición energética, pensada para salvar al mundo del calentamiento global, se busca crear un futuro mejor para todos, un futuro en el cuál las comunidades quieren estar presentes y ser incluidas como beneficiarias, no como una zona de sacrificio donde se extrae lo que se necesita y se abandonan los despojos”.

Las empresas y el gobierno local prometen puestos de trabajo, regalías y la posibilidad de desarrollo de pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios mineros para los integrantes de la población local que acepte ser parte del negocio. Sin embargo, hay consciencia de que la participación es desigual.