
El juez federal de Bariloche Hugo Greca resolvió condenar a los integrantes de la comunidad mapuche que en 2017 usurpó siete hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales en Villa Mascardi y les impuso penas en suspenso de entre 2 años y 2 años y seis meses.
Los acusados fueron encontrados responsables de usurpar las tierras públicas y en dos de los casos, además, con el agravante de resistirse a la autoridad a mano armada.
En la causa estaban imputados Johana Colhuan, María Nahuel, Jésica Bonefoi, Gonzalo Coña, Ailén Tapia, Romina Rosas y Luciana Jaramillo. La autoridad espiritual de la comunidad, Betiana Colhuan, fue sobreseída de los cargos durante la primera jornada del juicio debido a que era menor de edad cuando se produjo la usurpación
A Colhuan y Coña, se los condenó a 2 años y seis meses de prisión de ejecución en suspenso por usurpación en concurso ideal con resistencia a la autoridad, agravado por haberse cometido a mano armada.
El juez condenó como co-autores por el delito de usurpación a Nahuel, Jaramillo, Rosas, Tapia, con una pena de 2 años de prisión con ejecución en suspenso, pago de costas procesales y pautas de conducta (fijación de domicilio y abstenerse de cometer ningún delito). A Bonefoi, por su parte, le unificaron las penas con una condena anterior por lesionar a una mujer policía.
Apenas se conoció el veredicto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, posteó en la red social X: “Pseudomapuches, adentro. La primera vez que se los condena por una usurpación de un predio nacional”.
Publicó, además: “Hace 7 años usurparon este predio. Decían que les pertenecía. Atacaron ciudadanos, quemaron casas. Pero se terminó. Villa Mascardi de nuevo para todos los argentinos y ellos, a pagar su condena. Porque el que las hace, las paga”.

Durante los alegatos, la querella y el fiscal coincidieron condenar los métodos violentos de los mapuches que usurparon siete hectáreas en Villa Mascardi. Rechazaron los argumentos de los acusados y aseguraron que “nunca tuvieron intenciones de diálogo”.
Los abogados patrocinantes de Parques Nacionales y el fiscal federal de Bariloche solicitaron condenas de hasta tres años de prisión para algunos de los integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu, quienes en 2017 usurparon tierras fiscales en Villa Mascardi.
El planteo surgió en la tercera y última jornada del juicio que se celebró en Bariloche. El magistrado la convocó en calidad “amicus curiae”, sólo para aportar datos vinculados a la “cosmovisión mapuche”. Rechazó, en esos términos, su participación como testigo, como lo había solicitado la defensa.
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó penas de 2 años de prisión en suspenso y pautas de conducta para los acusados, entre las que mencionó la abstención de acudir al predio en litigio.
La querella, representada por Nicolás Vinuesa y Natalia Cardozo, aseguró que “no hay atenuantes para valorar” y solicitó condenas de 2 años y 10 meses de prisión para Johana Colhuan y de 3 años de prisión para Coña.

El representante fiscal, durante los alegatos, hizo foco en los métodos violentos que emplearon los usurpadores y describió el atentado al sistema energético del paraje, los ataques a los funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad y otros hechos ocurridos desde que usurparon las tierras.
Con las pruebas recopiladas durante la etapa de instrucción, el fiscal refutó el argumento de los acusados, quienes intentaron convencer al tribunal de que estuvieron siempre a favor de una solución pacífica del conflicto. “De intención de diálogo, poco y nada”, dijo Vehils Ruiz.
El funcionario describió, respaldado con los informes técnicos, los daños ambientales que provocaron los integrantes de la agrupación mapuche para construir puntos de observación y barricadas.
“Fueron intransigentes”, dijo. Además describió la actitud de ocultar sus rostros. “¿Por qué van como ladrones, si van a reclamar lo que consideran un derecho ancestral?”, se preguntó.
Vinuesa, en representación de Parques Nacionales, también enfatizó sobre la violencia que ejerció la comunidad con distintos actores y mencionó aspectos similares al fiscal.
La defensa, durante la misma instancia, rechazó las penas solicitadas e intentó demostrar que los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu “actuaron a derecho”. Solicitaron la absolución de los imputados y refutaron las pruebas que se recopilaron durante la investigación.
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