Los países de Centroamérica exhiben marcadas diferencias en la gestión y composición de su deuda pública, según el Panorama Fiscal 2026 presentado por la CEPAL, la comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ese análisis determina niveles desiguales de exposición al riesgo internacional y condiciona tanto la estabilidad financiera como el margen de maniobra ante escenarios económicos desfavorables.
La comparación de estrategias nacionales revela una gama que abarca desde estructuras orientadas hacia el financiamiento interno, como en Costa Rica, hasta modelos altamente dependientes del crédito internacional, como en Nicaragua, y pone en evidencia los desafíos de sostenibilidad fiscal que enfrentan los gobiernos centroamericanos en el corto y mediano plazo.
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Nicaragua, de acuerdo con el reporte de la CEPAL, lidera el ranking regional por su elevada dependencia del financiamiento externo: el 95% de su deuda se encuentra en manos de acreedores internacionales y solo el 5% con nacionales. Este dato, que figura en la sección final del informe, subraya el riesgo crítico ante las condiciones y fluctuaciones de los mercados globales.
En contraste, Costa Rica, al cierre de 2025, distribuye el 74% de sus obligaciones estatales entre acreedores internos. Además, el 66% de su deuda está denominada en moneda nacional, lo que limita la vulnerabilidad frente a variaciones abruptas del tipo de cambio.
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La administración prudente de la deuda subnacional representa un factor relevante para Costa Rica, donde los compromisos de los gobiernos locales rondaron el 2 % del PIB en 2024. El análisis de la CEPAL destaca que este porcentaje se ha mantenido estable, reflejando una política moderada en el crecimiento de los pasivos a nivel local.
Composición de la deuda por país
En El Salvador, la estructura es opuesta: el 68% de los compromisos del gobierno central corresponde a acreedores extranjeros y solo el 32% a nacionales. Esta composición coloca al país en una situación vulnerable ante incrementos de tasas de interés o depreciaciones bruscas en los mercados internacionales. En cuanto a la deuda subnacional, los municipios salvadoreños han reducido sus obligaciones, pasando de 2.5 % del PIB en 2020 a 2.2 % en 2024, avance que la CEPAL interpreta como una mejora en la gestión financiera local.
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La diversificación financiera es más notoria en Guatemala, con un 55% de la deuda distribuida entre acreedores internos y el 45% en externos. Este equilibrio ha permitido mantener cierto margen de flexibilidad, aunque la exposición a fuentes internacionales de financiamiento sigue siendo significativa.
El panorama de Honduras también muestra equilibrio: el 52% de la deuda está en manos de acreedores internacionales y el 48% en nacionales. Sin embargo, el 63% de los pasivos hondureños está denominado en moneda extranjera, lo que incrementa la exposición a las condiciones externas y la volatilidad en los mercados de divisas.
Panamá se caracteriza por su alta proporción de deuda con acreedores internacionales, que llega al 82%. No obstante, el 89% de sus compromisos están denominados en moneda nacional, lo que disminuye parcialmente los riesgos derivados de las fluctuaciones del tipo de cambio.
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Factores de sostenibilidad fiscal y riesgos regionales
Las consecuencias de estas diferencias en la gestión de la deuda pública en Centroamérica, según la información proporcionada por la CEPAL, son claras: los países con mayor equilibrio entre financiamiento interno y externo, como Costa Rica y Guatemala, enfrentan menores riesgos frente a choques internacionales, mientras que economías como Nicaragua, El Salvador y Panamá asumen una carga significativa de incertidumbre vinculada a la evolución de los mercados globales. El informe recalca que la sostenibilidad fiscal en la región depende de la diversificación de fuentes financieras, la consolidación de políticas fiscales responsables y la reducción de la exposición a fluctuaciones externas.
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