Los 85 imputados por la escalada de incidentes en Jujuy podrían ir a juicio en menos de un mes

(Enviado a Jujuy) Primero Purmamarca, después la Legislatura. En esos sitios ocurrieron los dos hechos de violencia extrema que se vivieron en Jujuy durante la última semana, luego de la aprobación de la reforma de la Constitución local. Dejaron como saldo 85 detenciones, con personas posteriormente imputadas en dos causas que corren en paralelo.

Hasta este viernes 23 de junio, 8 de ellos permanecían detenidos —según explicaron fuentes vinculadas a las investigaciones— por poseer antecedentes relacionados con otras denuncias. El juez de control los indagó y tras ello ordenó liberarlos a todos, aunque, la fiscalía había pedido que permanezcan con prisión preventiva.

El primer episodio se vivió el sábado 17 de junio, luego de la aprobación en la madrugada previa, del nuevo texto constitucional en Jujuy. Allí la policía detuvo a 25 personas en el piquete que se había establecido en el acceso al pueblo de Purmamarca, en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52. Tras varios intentos fallidos de funcionarios de persuadir a los manifestantes de los aspectos positivos de la nueva legislación, la policía decidió avanzar a las cuatro de la tarde y se produjeron los incidentes. La investigación allí quedó a cargo del fiscal Walter Rondón, quien imputó a los detenidos por atentado y resistencia a la autoridad.

El otro hecho fue el que acaparó la atención de todo el país, transmitido en tiempo real por las canales de televisión, y ocurrió en la Legislatura de Jujuy y alrededores, durante la jura de la nueva carta magna. Tras ello fueron detenidas otras 60 personas. Allí, la investigación implica además delitos como estrago (prendieron fuego las instalaciones del parlamento), y se agrava porque en el edificio existen archivos históricos considerados de importancia para las instituciones jujeñas. En esa causa interviene el fiscal Diego Funes.

Por orden del juez de control Rodolfo Fernández, todos quedaron libres y ahora deberán enfrentar la acusación en un proceso que podría ser veloz.

Según explicaron fuentes del caso, con la vigencia del nuevo código procesal penal de la provincia, la causa puede avanzar a partir de la presentación de pruebas que los acusados y sus defensas pueden contrastar en forma oral en una audiencia de control de acusación ante el juez. Eso podría ocurrir, según explicaron, en los próximos 30 días.

Los fiscales ya anticiparon que los imputados fueron aprehendidos en situación de flagrancia, es decir en el momento en el que estaban cometiendo la acción que se les imputa —tirarle piedras a la policía y destrozar un edificio público— por lo que, luego de las audiencias de imputación, pedirían que se realice el juicio.

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Por otro lado, al analizar los teléfonos celulares de los manifestantes detenidos, los investigadores aseguran haber encontrado evidencias de una planificación previa del ataque. Además se realizó un seguimiento en su actividad reciente en redes sociales en los que, según la fiscalía, se hallan evidencias concurrentes de la intención de perpetrar el ataque. Esto sería investigado en una causa distinta.

Los defensores de los detenidos, por su parte, denuncian que fueron sometidos a castigos dentro de las unidades penitenciarias, en el marco de un proceso que cuestionan.

Las protestas continúan en Jujuy

Luego de un breve impasse en el que los piquetes de las rutas nacionales 66 y 34 se habían liberado por la intervención de la gendarmería nacional, los manifestantes regresaron a los puntos de la protesta y el corte volvió a ser total. Durante la tarde el bloqueo de caminos se realizaba en 18 lugares distintos, en todas las regiones de Jujuy.

Los más duros tiene lugar en el norte de la provincia, en la quebrada de Humahuaca y la puna. Allí, comunidades originarias de Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Uquía, Abra Pampa y La Quiaca mantienen una postura férrea y sólo aceptan retomar alguna instancia de diálogo con la nueva Constitución derogada. Insisten en que su preocupación pasa por la posibilidad de que, a partir de la nueva carta magna, el gobierno provincial se arrogue la facultad de disponer de las tierras que ocupan históricamente, muchas de los cuáles poseen recursos naturales críticos como el litio.

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