Apenas entre 20 y 25 viviendas están terminadas en la región de Azuero, que comprende las afectadas provincias de Herrera y Los Santos, de las 200 que el Gobierno panameño tiene en proceso de demolición, construcción y reconstrucción a un mes del terremoto del 9 de octubre.
La cifra contrasta con el compromiso anunciado por el presidente José Raúl Mulino de entregar pronto 2.700 soluciones habitacionales.
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“Nosotros esperamos la ayuda del gobierno. Yo estaba muy optimista, pensando en lo que dijo el presidente que al 31 de diciembre todos estaríamos en nuestras casas. Nosotros estamos durmiendo afuera. Aquí hay réplicas a cada ratito”, dijo Alfonso Vargas, de la comunidad de Bombachito, provincia de Los Santos, a TVN.
Hasta el momento, el país registra más de 1,271 réplicas, de las que 438 han sido de magnitud mayor a 4 o más, según el último informe del 2 de noviembre del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, hizo un balance de la situación y admitió las dificultades del plan que adelanta el gobierno, señalando que “es un ritmo fuerte, pesado”.
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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional reporta 4.478 personas que permanecen en 140 albergues activos.
Son miles las familias que continúan enfrentando las consecuencias de los daños en sus viviendas y comunidades.
El sismo de 7.5 grados también afectó servicios esenciales, con 576 escuelas y 122 centros de salud con daños reportados por el organismo.
Uno de los últimos balances del COE contabilizó 19.865 viviendas evaluadas en las provincias afectadas.
De ese total, 4.633 presentan daños totales, 11.107 tienen afectaciones moderadas o parciales y otras 4.125 registran daños menores.
En conjunto, 15.740 viviendas requieren algún tipo de intervención, según el organismo.
La cifra da dimensión al desafío que enfrenta el Ministerio de Vivienda para cumplir su calendario de reconstrucción en las afectadas provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.
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Jované explicó que, además de las 200 viviendas ya en obra, entre 1.300 y 1.400 cuentan con asignación formal para su construcción, es decir, fueron adjudicadas a contratistas.
La estrategia, de acuerdo con el gobierno, consiste en distribuir los trabajos entre distintas compañías, con contratos de aproximadamente 50 viviendas por empresa, para abrir varios frentes de construcción en las comunidades.
El ministro indicó que 71 empresas están en proceso de formalización de sus contratos y que estos pasarán a revisión y refrendo de la Contraloría durante la próxima semana.
Jované atribuyó parte de la demora en las contrataciones al cumplimiento de los requisitos legales, en particular las fianzas de cumplimiento y la selección de empresas con experiencia en construcción.
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El calendario que maneja el Gobierno exige entregar alrededor de 75 soluciones habitacionales por semana para llegar a marzo de 2027 con el compromiso cumplido.
La distribución de los contratos responde también a un criterio territorial: cada compañía tendrá asignada una comunidad y deberá permanecer allí hasta completar la totalidad de las viviendas que le correspondan.
“La intención es que la empresa no salga de la comunidad hasta que no termine el 100% de la asignación”, dijo el funcionario.
Mientras las familias de Azuero esperan recuperar un techo, los medios reportan que han surgido alternativas desde otros sectores.
La arquitecta Ana Victoria Ottenwalder, de Sensata Studio, según el diario La Prensa, plantea la construcción de viviendas rurales permanentes de dos habitaciones, con materiales locales y un costo estimado de USD 22.000 por unidad.
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Por su parte, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, propone otra vía: contenedores acondicionados como viviendas temporales, con baño, agua, electricidad y aire acondicionado, a un precio aproximado de USD 8.000 por unidad.
A estas iniciativas se suma el Club Activo 20-30, que recaudó fondos mediante una teletón para construir viviendas de 43 metros cuadrados, valoradas en USD 19.000 cada una. La propuesta, se indica, prioriza a familias en las que vive una persona con discapacidad.
Las viviendas que construye el Gobierno, en cambio, tienen un costo promedio de entre USD 25.000 y USD 28.000 por unidad.
La diferencia de precios entre las propuestas privadas y la oficial queda como uno de los puntos de comparación en el debate sobre cómo acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, advierte el diario.
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