Este viernes se cumple una semana de la aprobación de la reforma de la Constitución en Jujuy, votada en la madrugada del 16 de junio. Desde ese día los cortes de ruta regresaron y se instalaron en la provincia como en épocas que parecían formar parte del pasado. El motivo, la controversia en torno a una serie de reformas institucionales, de las cuáles la regulación al derecho a la protesta y la propiedad de las tierras fueron las más visibles, pero no las únicas.
El hecho consumado de la aprobación del texto reformista fue lo que puso a las comunidades originarias en pie de guerra. Y una semana después, son estas el principal escollo que enfrenta el gobierno de Gerardo Morales para superar la alteración que sufre la vida de los jujeños. En el medio, se abrió un debate sobre si hubo participación genuina o no, con el gobierno mostrando 156 actas con la firma de comunidades manifestando su conformidad y comuneros diciendo que en realidad son casi 400 los pueblos originarios de Jujuy, con lo cuál más de la mitad no habría sido consultado.
Eso, más una inquietud permanente por el aprovechamiento de los recursos naturales críticos como el litio, derivaron en una posición cerrada de los comuneros: para irse a sus casas quieren que la reforma caiga. Es lo que se escuchó y se leyó en carteles de cada uno de los 20 piquetes que se extendieron la última jornada desde La Quiaca hasta cerca del límite con Salta por la región de las yungas.
Ese pedido, sin embargo, no aparece entre las opciones que baraja el gobierno local. El propio Morales indicó que le llevaría “algunos meses” recuperar la normalidad en la provincia. Con canales de diálogo interrumpidos, la última acción oficial fue una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los jefes de Gendarmería Nacional por omitir su intervención en los cortes más importantes que se realizan sobre rutas nacionales como la 9, 52 y 34.
Morales reforzó esa presentación, realizada por la Fiscalía de Estado, con declaraciones en las que apunta al ministerio de Seguridad y al de Interior, relacionando la decisión de no actuar con la intencionalidad de avanzar “en un golpe institucional”, de la que acusa al gobierno nacional.
En paralelo, el gobierno se vio forzado a retomar el diálogo con los gremios docentes que sostienen un paro desde el 5 de junio, a pesar de que el gobernador había afirmado que se trataba de un “tema cerrado”. La confluencia de los reclamos docentes con la movilización de las comunidades se dio de manera espontánea y luego se transformó en el núcleo de la protesta.
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En rigor, la provincia les ofreció a los docentes llevar el piso salarial de 179 mil pesos a 200 mil pesos, para que ningún profesor o maestro reciba menos que eso en sus bolsillos, según se conoció durante la tarde del jueves. No obstante, la propuesta planteada por el ministro de Gobierno, Normándo Álvarez García, importó la condición de su aceptación. Esto es, si no acceden, los sueldos de junio se liquidarán con los montos viejos y se descontarán los días de paro, de acuerdo a lo que contó la secretaria general de CEDEMS (docentes de nivel medio en Jujuy), Mercedes Sosa, al término de la reunión en el nuevo edificio del ministerio de Educación.
Al realizar la oferta, Álvarez García confió en que esperan que los gremios acepten “para recuperar la paz, porque en Jujuy disfrutamos de una provincia en la que se vive bastante mejor que en la mayoría de las provincias”. Los docentes ahora llevarán el nuevo ofrecimiento a una asamblea que realizarán de manera sectorial el día sábado 24 de junio. La aceptación, avisaron, dependerá de las bases.
El clima, de esta forma, pasó de tenso a incierto, al cabo de los primeros siete días de conflicto. Los ánimos, no obstante, están lejos de los hechos de violencia extrema del martes “negro” que vivió la provincia cuando se juró la nueva Constitución.
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