(Enviado especial a Jujuy) Luego del día de furia que se vivió en Jujuy, con hechos de violencia extrema transmitidos en tiempo real, en forma simultánea a la aprobación de la reforma de la Constitución local, los ánimos en la provincia del norte permanecen caldeados. El conflicto escaló al máximo nivel de las autoridades institucionales: el gobernador Gerardo Morales responsabilizó directamente al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner y los acusó de fomentar el conflicto, en tanto que ellos le respondieron cuestionando su iniciativa y la respuesta de las fuerzas de seguridad. El jefe de Estado nacional agregó que cuestionará judicialmente la reforma impulsada por Morales.
En medio de la disputa, miles de jujeños intentan escapar a esa lógica para que lo que se escuche sean los reclamos. En esencia, confluyen dos protestas: la preocupación de las comunidades originarias que conservan sus dudas respecto del articulado de la nueva Constitución que aluden a la posesión de las tierras que habitan históricamente, y, por otro lado, las protestas de los trabajadores del Estado, con los docentes como columna vertebral, por una rediscusión de los salarios. Ambas cosas coincidieron y son las que sostienen, en forma recíproca, las protestas.
Los gremios docentes, apuntan a retomar su reclamo en un contexto distinto al que se vivió el martes 20 de junio. Sostienen que su planteo había ganado legitimidad y que las escenas de violencia de las últimas horas los terminaron perjudicando. Por ello este miércoles realizaron una nueva marcha de antorchas como la que tuvo lugar hace dos semanas. “Somos docentes, no delincuentes”, fue el cántico que se repitió a lo largo de toda la jornada.
La movilización cerró pasadas las 20 horas. Fue el preludio de otra jornada que portará reclamos en Jujuy, dado que CETERA y CEA convocaron a un paro nacional a partir de la situación de Jujuy para este jueves 22 de junio.
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A ellos se sumaron integrantes de los pueblos indígenas, que se mantienen intransigentes en la discusión por la nueva carta magna: aunque el gobernador Morales ofreció retroceder en la sanción de dos de los artículos que los involucran, ellos exigen que la rediscusión se realice sobre el texto completo. También se estuvieron dirigentes sindicales y partidos de izquierda que, en su caso pidieron por la liberación de los detenidos por la revuelta de las últimas horas.
Todo ello ocurrió en San Salvador de Jujuy, la Capital de la provincia. En paralelo, rutas de las cuatro regiones locales, yungas, valles, quebrada y puna, se encontraban sitiadas por distintos cortes de ruta, en su mayoría rígidos, interrumpiendo indefinidamente el paso de los vehículos.
Mientras ello ocurre, las esquirlas del debate en la provincia también salpican al resto de la dirigencia política. En las últimas horas quedó expuesto el nombre del titular del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Rivarola, quien es apuntado como colaborador principal, desde el partido mayoritario de la oposición, de las mayorías con las que el oficialismo jujeño logra legislar.
Rivarola, de habitual perfil bajo, accedió a entrevistas radiales en las últimas horas en las que defendió su postura, al reafirmar que coincide en la necesidad de regular el derecho a la protesta. “No estoy de acuerdo en cortar rutas”, sostuvo.
En el peronismo local, la diputada Mariela Ferreyra hizo público un video en sus redes sociales en el que evidenció angustia por los hechos de violencia que se vivieron en las últimas horas y volvió a apuntar contra su adversario en la interna: “la sangre que corrió en Jujuy tiene como responsables al Partido Justicialista con su presidente, y el gobernador”, espetó.
Esas rencillas se reavivaron con la escalada del conflicto, y por el hecho de que algunos exponentes del justicialismo en el plano nacional identificaron en la figura de Rivarola a un responsable de la crisis. “Jurán la nueva Constitución provincial de espaldas al pueblo en complicidad con el presidente del PJ”, advirtió Malena Galmarini, presidenta de AYSA y esposa de Sergio Massa y recordó el pedido de expulsión solicitado hace un año.
Todo forma parte del clima que se vive en la provincia del norte, que pasado el mediodía permanecía con 20 cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. Una situación que el gobernador Gerardo Morales reconoció que le costará “algunos meses” en normalizar.
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