La huelga de hambre como protesta ante la falta de respuestas judiciales en Cuba

Huelgas de hambre en Cuba han quedado asociadas a un sistema penitenciario en el que la protesta puede derivar en aislamiento, pérdida de comunicaciones y alimentación forzada. La organización Cubalex registró en su informe “Huelga de Hambre en Cuba: Causas y Responsabilidad Estatal”, 122 muertes en establecimientos de reclusión entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de agosto de 2026.

Del total documentado, 87 fallecimientos estuvieron relacionados con la falta de atención médica o con negligencias. El registro incluyó siete casos identificados durante julio y agosto de 2026, todos vinculados a la omisión de asistencia bajo custodia estatal.

La huelga de hambre es una negativa voluntaria a ingerir alimentos y, en algunos casos, líquidos para reclamar una demanda legal, política o personal. Cubalex sostiene que, en Cuba, este recurso aparece cuando las personas detenidas consideran que los canales judiciales no revisan sus denuncias ni ofrecen respuestas frente a condenas, malos tratos o problemas de salud.

La protesta surge ante recursos judiciales que no corrigen las denuncias

Para la organización, una muerte de una persona que protestaba mediante el hambre no puede atribuirse de forma automática al suicidio.

El argumento se basa en que el Estado conserva el control sobre la alimentación, el agua, los medicamentos, la asistencia sanitaria, las visitas familiares y el acceso a la defensa legal de quienes permanecen bajo su custodia.

El informe diferencia la huelga de hambre del ayuno y de la vigilia. El ayuno suele ser breve y programado, mientras que la vigilia implica permanecer despierto como forma de oración, reflexión o protesta pública.

Las Damas de Blanco han convocado jornadas de oración y ayuno para denunciar la represión y exigir la liberación de presos políticos. El 9 de marzo de 2026, una veintena de estudiantes realizó una vigilia en la escalinata de la Universidad de La Habana por los apagones, la falta de conectividad y la reducción de clases presenciales.

La protesta por privación de alimentos tiene antecedentes internacionales entre las sufragistas británicas, Mahatma Gandhi y los prisioneros republicanos irlandeses. En la historia cubana, Cubalex menciona la huelga iniciada por Julio Antonio Mella en 1925 durante la dictadura de Gerardo Machado.

La organización sitúa el origen actual de estas protestas en la falta de eficacia de las vías legales previstas por la normativa. Entre ellas figuran las apelaciones, los recursos de casación, las revisiones, las quejas ante la Fiscalía y las solicitudes vinculadas con la ejecución de penas.

Según el análisis, esos mecanismos no garantizan una revisión independiente ni reparan los abusos denunciados, sobre todo en procesos que las personas afectadas consideran motivados por razones políticas.

El caso de Carlos Alberto Macdonald Ennis fue incluido como ejemplo de prisión provisional prolongada. Permanece detenido desde marzo de 2024 sin acusación fiscal, juicio ni información definida sobre los hechos que se le imputan.

Un recurso de hábeas corpus fue rechazado sin que el tribunal examinara las irregularidades denunciadas en torno a su arresto. La investigación también vincula las huelgas con traslados alejados de los familiares, restricciones de comunicación y castigos internos.

La atención médica queda bajo control de la administración penitenciaria

Las cárceles cubanas han registrado brotes de sarna, tuberculosis, dengue y COVID-19, de acuerdo con la documentación reunida por Cubalex. El informe también describe escasez de medicamentos, hacinamiento, problemas de higiene y dificultades para acceder a agua potable.

Las autoridades penitenciarias controlan los diagnósticos, los tratamientos, los traslados a hospitales, los expedientes clínicos y el contacto de los detenidos con sus familias. Esa estructura puede colocar a una persona enferma en una situación de dependencia completa frente a quienes administran su encierro.

Algunos presos iniciaron huelgas de hambre para pedir un traslado a un hospital civil o para acceder a medicamentos. La organización advierte que la denegación de atención como castigo o presión puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, e incluso tortura.

Las protestas también están vinculadas con la negativa a conceder libertad condicional, licencia extrapenal o el paso a regímenes de menor severidad. La Ley de Ejecución Penal contempla esas alternativas, aunque el informe afirma que su aplicación puede quedar condicionada a muestras de arrepentimiento o sumisión ideológica.

Ángel Jesús Véliz Marcano comenzó una huelga en la prisión Kilo 9 de Camagüey para reclamar el cambio al régimen de mínima severidad y la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Rolando Yusef Pérez Morera realizó una protesta por la negativa a otorgarle beneficios de ese tipo.

Las golpizas, amenazas, retiro de medicamentos, suspensión de visitas, confiscación de pertenencias y traslados punitivos figuran entre los hechos que pueden preceder una huelga. También aparece el confinamiento en celdas de castigo.

Las Reglas Nelson Mandela consideran que el aislamiento por más de 15 días consecutivos puede constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El documento cuestiona que esta medida pueda aplicarse a personas que protestan por sus condiciones de detención.

La legislación no protege de forma expresa a quienes protestan

La Ley No. 152/2022 de Ejecución Penal no reconoce de manera explícita la huelga de hambre como un derecho o una forma legítima de protesta. La norma tampoco la describe específicamente como infracción disciplinaria.

La administración penitenciaria, dependiente del Ministerio del Interior, conserva facultades para responder ante conductas que considere indisciplinadas. Esa potestad puede derivar en sanciones contra quienes reclaman desde el encierro.

El Decreto-Ley 74/2023 permite restringir visitas, productos, artículos y otros beneficios. También prevé el internamiento en celda, el aislamiento provisional y la regresión hacia regímenes de mayor rigor.

Aunque la normativa reconoce el derecho de los reclusos a presentar quejas, peticiones y denuncias, la revisión de las sanciones permanece principalmente dentro de la estructura administrativa. Para Cubalex, esta situación permite que una vía de reclamo termine convertida en otro motivo de castigo.

El Reglamento del Sistema Penitenciario conocido fue aprobado por la Orden No. 7/2016 del Ministerio del Interior. Esa regulación establece infracciones graves, menos graves y leves, aunque la investigación señaló que no existe certeza sobre su vigencia.

La organización indicó que hay referencias a una posible Orden No. 7/23, pero no localizó una versión pública en la Gaceta Oficial ni en repositorios jurídicos de acceso abierto.

Los servicios médicos penitenciarios también dependen del Ministerio del Interior. La Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial exige respetar la autonomía de las personas en huelga de hambre y prohíbe la alimentación forzada cuando conservan capacidad para tomar decisiones.

La regulación permite que los médicos informen sobre el estado de salud de una persona aislada y propongan la suspensión de la medida. La decisión final, no obstante, queda en manos del jefe del establecimiento.

Las protestas pueden trasladarse de la cárcel a viviendas y hospitales

Las huelgas de hambre pueden comenzar en prisiones, estaciones policiales, unidades de instrucción, viviendas de activistas u hospitales. El lugar modifica las condiciones de vigilancia, aunque la respuesta estatal suele encuadrarse en criterios de seguridad, disciplina, salud o protección.

Dentro de una prisión, las personas dependen de las autoridades para recibir visitas, realizar llamadas y obtener atención sanitaria. En una estación policial, la protesta puede buscar denunciar una detención arbitraria, evitar la incomunicación o reclamar la intervención de la Fiscalía.

Las huelgas iniciadas en viviendas cuentan con mayor exposición pública. También pueden provocar vigilancia policial, cortes de internet, cercos, detenciones de personas solidarias y acusaciones de desorden público, desacato o instigación.

El 26 de noviembre de 2020, las fuerzas estatales irrumpieron en la sede del Movimiento San Isidro. Más de una decena de personas fueron detenidas, incluidas cinco que mantenían una huelga de hambre, y luego fueron trasladadas a una estación policial.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue retirado de su vivienda el 2 de mayo de 2021 después de más de ocho días de protesta y llevado al Hospital Calixto García. Cuatro días más tarde, una sala del Tribunal Provincial Popular de La Habana rechazó un hábeas corpus.

El tribunal consideró que Otero Alcántara no estaba detenido ni sometido a un proceso penal. La resolución sostuvo que permanecía ingresado con el diagnóstico de “inanición voluntaria”.

El Comité contra la Tortura ya había advertido en 2012 sobre muertes bajo detención, falta de información sobre sus causas y la necesidad de investigar la atención recibida por las personas en huelga. Diez años después, el organismo reiteró sus preocupaciones por las deficiencias sanitarias, la malnutrición, la escasez de agua y medicamentos, el aislamiento prolongado y los malos tratos.

La Dirección de Control de la Legalidad de los Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía General de la República tiene el mandato de supervisar cárceles, tramitar denuncias y exigir la restitución de derechos vulnerados. El informe sostiene que, en los casos analizados, las denuncias contra guardias fueron archivadas, sobreseídas o remitidas al fuero militar.