En el marco de la segunda mesa de diálogo que convocó el gobierno nacional con comunidades mapuches del sur, ofreció al conflictivo grupo de Villa Mascardi –cuyos integrantes están procesados por usurpaciones y varios permanecen prófugos de la Justicia– construir varias casas para albergar a la autoridad espiritual y su entorno, y cederle tierras fiscales para el desarrollo de sus actividades.
Se trata de un preacuerdo sobre el cual los mapuches plantearon varias objeciones. Los pobladores de Villa Mascardi, varios de ellos víctimas de las usurpaciones y atentados, criticaron duramente los alcances de la propuesta.
La iniciativa que detalló el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, surgió de la primera mesa de diálogo que se realizó en Buenos Aires semanas atrás y contempla los planteos que los referentes indígenas llevaron al debate.
De acuerdo a datos a los que accedió Infobae, la propuesta tiene tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la cesión de un territorio fiscal específico para la instalación de la “machi” Betiana Colhuan, autoproclamada como máxima autoridad espiritual de la agrupación Lafken Winkul Mapu, en un sitio cercano al punto de conflicto.
El Gobierno, en caso de que se concrete el acuerdo, construirá tres edificios. Uno de ellos será destinado para la residencia permanente de la machi y su familia. La vivienda será ocupada también por la pareja de la “sanadora”, Matías Santana, quien es conocido como el “mapuche de los binoculares” tras haber declarado que vio cuando efectivos de Gendarmería Nacional trasladaban a Santiago Maldonado durante un desalojo que ordenó la Justicia Federal en Cushamen, provincia de Chubut, en 2017. Tras la aparición sin vida de Maldonado, el mapuche fue procesado por falso testimonio.
Actualmente Santana está prófugo, luego del desalojo que ordenó la jueza subrogante Silvina Domínguez el pasado 4 de octubre. En un allanamiento posterior, la documentación personal de Santana fue hallada en las viviendas que fueron derrumbadas por orden de la magistrada, lo que confirma que residía en las tierras usurpadas junto a su pareja e hijos.
Otro de los edificios será destinado a un consultorio donde Colhuan podrá “atender a sus pacientes” aunque también podría ser destinado a un centro de salud. En la edificación restante se instalarían ayudantes y familiares de la machi.
Como parte de la propuesta, el Gobierno se comprometió a preservar en Villa Mascardi el espacio sagrado, donde se erige el “rewe” para la práctica de los rituales a cargo de la autoridad espiritual.
El segundo punto del preacuerdo prevé la cesión de tierras fiscales, pertenecientes a Parques Nacionales, a los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu para el desarrollo de sus actividades. Para poder acceder a las tierras, el grupo debería tramitar la personería jurídica de la comunidad ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, gestión que ni siquiera se inició por negativa de sus integrantes.
Dicho espacio estaría ubicado en inmediaciones del lago Guillelmo, a 10 kilómetros de Villa Mascardi, aunque los referentes mapuches rechazaron la iniciativa por tratarse de un espacio de escasa superficie.
El tercer punto de la propuesta contempla la construcción de oficinas gubernamentales en el territorio cedido, para la instalación de organismos estatales como Derechos Humanos y el INAI. En ese aspecto, los mapuches rechazaron la posibilidad de que efectivos de fuerzas de seguridad tengan presencia permanente en el lugar.
La segunda mesa de diálogo se realizó en un gimnasio municipal situado en una zona residencial de Bariloche y contó con la participación de alrededor de 25 personas, entre las que se encontraba el Intendente Municipal Gustavo Gennuso, funcionarios comunales y provinciales y autoridades de las universidades nacionales de Río Negro y Del Comahue.
Además asistieron veedores pertenecientes a organismos de derechos humanos, entre quienes estaban Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Tras el encuentro, Pietragalla se trasladó hasta Villa Mascardi donde recibió un trato hostil por parte de los vecinos, quienes acusaron al funcionario y al gobierno nacional de “amparar a delincuentes y terroristas”.
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