Los vecinos de Villa Mascardi, varios de ellos damnificados por atentados vandálicos y usurpaciones protagonizadas por integrantes de familias autoproclamadas mapuches, recibieron con insultos y agravios a los funcionarios nacionales que viajaron a Bariloche para avanzar en un acuerdo con integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu.
La comitiva oficial encabezó en un gimnasio de la ciudad la segunda mesa de diálogo con dirigentes mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut –en la que avanzaron en un preacuerdo para descomprimir el conflicto de Villa Mascardi– y luego se trasladó hasta el paraje para reunirse con los damnificados.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, encabezó el grupo de funcionarios que fue recibido con cánticos e insultos por parte de los vecinos, disconformes con la intención del gobierno nacional “de amparar a los encapuchados”.
“Llegaron los delincuentes, acá están, un gobierno ausente y defensor de terroristas”, gritaron los vecinos, apenas los funcionarios descendieron de los vehículos para comenzar la reunión con unos 30 vecinos de Villa Mascardi y los alrededores.
“El gobierno prioriza el diálogo con los terroristas y usurpadores, les quiere entregar más tierras y llenarlos de beneficios, pero a los vecinos que fuimos damnificados por la violencia de los mapuches, nos deja para el postre” se quejaron los vecinos.
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Los pobladores de Villa Mascardi expresaron su disgusto con la intención del gobierno, a instancias del presidente Alberto Fernández, de dialogar con “quienes se adjudicaron innumerables atentados vandálicos”. “Hay más de 100 expedientes en la Justicia Federal y en el fuero ordinario por los atentados, incendios y usurpaciones que protagonizaron los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, sin embargo buscan dilatar los procesos judiciales para protegerlos”, agregaron.
Los vecinos criticaron la “intromisión” de la Secretaría de Derechos Humanos en el proceso judicial para juzgar a seis integrantes de la comunidad mapuche que en el año 2017 usurparon dos lotes de Parques Nacionales. En ese sentido, por pedido de Pietragalla, el juez federal Hugo Greca dispuso la postergación por 90 días de ese juicio, lo que fue considerado “una clara intromisión del Poder Ejecutivo en un proceso judicial”.
La dilación de dicho proceso fue cuestionada incluso por la fiscal federal subrogante Cándida Etchepare quien incluso, a partir de las mesas de diálogo convocadas por Nación, analiza solicitar la disolución del Comando Unificado de fuerzas que aún custodia las tierras en conflicto, desde octubre pasado.
“Es un dispendio de recursos y es contradictorio con la decisión dialoguista” opinó la funcionaria judicial, en cuanto trascendió la intención del gobierno nacional de sentar en una mesa a quienes están imputados y procesados en distintas causas judiciales.
Antes de trasladarse a Villa Mascardi, Pietragalla se reunió con los referentes mapuches, entre quienes se encontraba Isabel Huala, madre del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, y María Nahuel, quien es progenitora de dos integrantes de la agrupación mapuche de Villa Mascardi que permanecen prófugos. Es, además, la madre de la “machi” Betiana Colhuan, quien permanece detenida junto a otras tres integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu desde el desalojo de octubre pasado.
Durante el encuentro, del que participaron alrededor de 25 personas, el gobierno propuso otorgar a la comunidad – que no tiene reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)- un predio ceremonial en el lago Guillelmo, ubicado a 10 kilómetros de la zona de conflicto, construir tres edificios para albergar a la autoridad espiritual de la comunidad y su familia, e instalar oficinas gubernamentales para abordar temas inherentes a los pueblos originarios en el territorio.
“Hay avances importantes en la negociación, a pesar de algunas mínimas diferencias”, dijeron a Infobae fuentes vinculadas a los mapuches, aunque confiaron en que las mismas “se resolverán a instancias de futuros encuentros”.
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