El presidente Alberto Fernández y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se reunieron esta mañana en la residencia presidencial de Olivos para terminar de ultimar los detalles sobre el temario de proyectos que el Gobierno enviará a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional, a partir del lunes 23 de enero.
La hoja de ruta tentativa indica que a primera hora de este viernes el Gobierno nacional publicará en el Boletín Oficial el decreto con el llamado a extraordinarias. Y entre los proyectos a tratar estará el del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño de sus funciones”. Además, habrá otros relacionados con la economía.
El blanqueo de capitales que se trabajó en el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa (“Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”) también estará en ese paquete a tratar en este período. Además, se incluirá el del intercambio de información fiscal con Estados Unidos (FATCA) y el de la licuefacción de gas licuado (GNL).
La labor de la Comisión de Juicio Político en el Congreso comenzará el jueves 26 de enero, según anticiparon diputados del bloque oficialista. Ayer, miércoles, hubo una reunión de los 16 diputados del Frente de Todos que integran esa Comisión en forma virtual y delinearon la estrategia que utilizarán para que la iniciativa avance en la Cámara Baja.
El proyecto de juicio político tendrá un “refuerzo” en el Parlamento. Si bien estará firmado por el Presidente contará con nuevas acusaciones de parte de los legisladores del oficialismo para engrosar la carga de la prueba contra los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Luego de conseguir en una reunión que se hizo el 3 de enero en la Casa Rosada el respaldo de 11 de los mandatarios provinciales peronistas para que ese proyecto vaya a Diputados, el judicial será uno de los principales frentes en los que el oficialismo intentará avanzar. El otro, aunque todavía resguardan con recelo la información, será el económico. Desde la cartera de Economía a cargo de Sergio Massa tienen armado un paquete de leyes que será incluido en el temario.
Desde el Gobierno impulsarán que el proyecto de juicio político a los cortesanos “por mal desempeño de sus funciones” sea uno de los primeros en ser tratado.
En la Comisión de Juicio Político, que encabeza la diputada entrerriana Carolina Gaillard, el Frente de Todos cuenta con mayoría (16 de los 31 integrantes) y suponen que no habrá inconvenientes en obtener un dictamen favorable. Pero los números no alcanzan para tener en el recinto los dos tercios de los votos de los legisladores y que la iniciativa avance hacia el Senado. Juntos por el Cambio ya anticipó mediante un extenso comunicado que no lo avalará. Pese a eso, será uno de los incluidos en las extraordinarias.
También el 26 de diciembre Alberto Fernández explicitó en su cuenta de Twitter que se enviaría un proyecto que le dé herramientas para afrontar el fallo sobre la coparticipación que emitió la Corte Suprema. “He instruido al MECON (NdeR: el Ministerio de Economía) para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″, escribió el Presidente. “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, agregó.
Al conocerse el fallo en el que la Corte dio la razón a los reclamos en el porcentaje de coparticipación, el jefe de Estado sostuvo que era “incumplible” y un par de días después afirmó que se pagaría con bonos TX31 y abarcará los fondos correspondientes a 90 días de vigencia de la medida cautelar. Por eso se propondría una modificación en la Ley de Presupuesto para abonarle a la Ciudad ese monto. Se evalúa, además, el Monotributo tech, que incluye tres nuevas categorías exclusivas para la exportación de servicios de hasta 30.000 dólares.
La moratoria previsional que beneficiaría a 800 mil personas y que no se pudo sancionar en las sesiones ordinarias y la Ley de Agroindustria (que lleva un largo período sin poder ser tratada) serían otras de las iniciativas que impulsará el Ejecutivo.
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