Luego del desalojo que ordenó la Justicia y antes de la demolición de las casas que construyeron las familias mapuches, los investigadores encontraron en el interior de las estructuras proyectiles de distintos calibres, bombas molotov y bidones con combustible, computadoras de Conectar Igualdad y varias tarjetas bancarias, algunas de ellas para el cobro de planes sociales.
La pesquisa forma parte de los expedientes que investiga la justicia federal. Las estructuras que edificaron las integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu fueron derrumbadas por decisión de Silvina Domínguez, la jueza federal subrogante que está al frente de la causa.
Sin embargo antes de su demolición, se realizó una minuciosa inspección de todas ellas donde se procedió al secuestro de elementos llamativos, cuyo hallazgo fue registrado e incorporado al expediente.
Uno de los elementos que se encontró es el documento de identidad de Matías Santana, conocido como “el mapuche de los binoculares”, cuya pertenencia al grupo violento quedó acreditada. Sin embargo desde el momento en el que se realizó el desalojo de las tierras usurpadas, su paradero es incierto.
Santana es pareja de la guía espiritual de la lof, la machi Betiana Colhuan, quien fue procesada por Domínguez y permanece con prisión preventiva domiciliaria.
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En una de las revisiones que realizó la Policía Federal Argentina (PFA) se encontraron tarjetas personales de Colhuan, en las que se presenta como “médica mapuche”. La joven recibía “pacientes” de distintos puntos, especialmente mapuches, para someterlos a tratamientos de “sanación espiritual”. El servicio era completo ya que los asistidos podían pernoctar en algunas de las viviendas que la comunidad había construido en tierras usurpadas.
Una de las mujeres que fue detenida el 4 de octubre, Andrea Despó, fue liberada cuando se comprobó que no pertenecía a la agrupación de Villa Mascardi sino que estaba en el lugar para ser tratada por la machi.
En otra vivienda, los uniformados que realizaron la pesquisa detectaron botellas de vidrio con un trozo de tela en el extremo y bidones con combustible, elementos que podrían ser utilizados para la creación de artefactos explosivos “tipo molotov”.
También se encontraron varios dispositivos celulares y una computadora portátil con la inscripción Conectar Igualdad, perteneciente al plan que en 2010 impulsó el gobierno nacional para dotar de equipos informáticos a jóvenes estudiantes y docentes.
Si bien la jueza había autorizado una pesquisa inicial, la fuerza de seguridad solicitó una ampliación del permiso para poder revisar otras viviendas que fueron ubicadas en los predios usurpados.
En ellas se encontraron vainas servidas de distintos calibres, algunas percutadas, documentos personales de varios integrantes de la comunidad y tarjetas bancarias correspondientes a planes sociales del Estado.
Conexión eléctrica y de agua
El informe que elaboró la Policía Federal Argentina (PFA) y que fue remitido a la jueza Domínguez menciona conexiones clandestinas de electricidad y agua.
Una traza de media tensión atraviesa una zona boscosa cercana a las tierras que usurparon los mapuches y desde allí, a través de conexiones ilegítimas, extraían el servicio para abastecer a todas las viviendas.
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El informe oficial indica que “existen tendidos clandestinos de luz eléctrica, implementados sin ninguna medida de seguridad, con cables que cruzan por medio de la vegetación existente en el lugar”.
Los vecinos de Villa Mascardi denunciaron, tiempo atrás, que el suministro que utilizaba la comunidad Lafken Winkul Mapu era extraído de una línea de media tensión que abastecía a ese paraje donde funciona un establecimiento educativo, un puesto policial, complejos turísticos y algunas viviendas particulares. Durante las maniobras para vandalizar esa línea, el sistema colapsaba de forma frecuente y los vecinos del poblado quedaban sin luz.
“Cuando intentaban violentar la línea de media tensión para colgarse del servicio, los vecinos de Villa Mascardi nos quedábamos sin luz de manera frecuente” recordaron los pobladores.
La problemática tenía, como agravante, que los responsables técnicos no podían reestablecer el servicio debido a que eran hostigados por los usurpadores.
En su resolución, Domínguez mencionó que los técnicos de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) – empresa responsable de la prestación del servicio en la ciudad rionegrina – eran hostigados por los mapuches para que no intervengan.
“No los necesitamos aquí”, les dijeron los encapuchados. Luego debieron buscar otras opciones para garantizar la prestación del suministro a los vecinos perjudicados por los cortes permanentes.
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