El Gobierno llegó a un principio de acuerdo con empresarios y sindicalistas para tomar medidas contra la inflación

Una reunión gestada a último momento en la sede del Ministerio de Economía irrumpió en la agenda del Gobierno en torno al tema que más preocupa al presidente Alberto Fernández: la inflación. Una semana después de declarada la “guerra” contra la suba de precios, el titular de la cartera, Martín Guzmán, y sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, recibieron al caer la tarde a los jefes sindicales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; y al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, entre otros. Fue otro capítulo de las negociaciones que impulsa el Gobierno con premura para brindar estabilidad en los valores, mientras escala el conflicto en la calle y los valores de los productos básicos se disparan.

El encuentro se prolongó durante 40 minutos, desde las 20, en el quinto piso del edificio, en el despacho de Guzmán, y al final llegaron a un principio de acuerdo, aunque sin definiciones concretas. Por ahora, las tres partes se limitaron a comprometerse a armar una mesa de diálogo y volver a reunirse el 5 de abril, incorporando a otros sectores.

En un comienzo había secretismo sobre la agenda, pero en el Gobierno revelaron que el diálogo versaría sobre los precios y los salarios. Según dijeron fuentes oficiales a Infobae, fue la “continuidad” del cónclave que tuvo lugar el lunes con prácticamente los mismos miembros, en la sede de Sanidad, que lidera Daer, y en la cumbre en el CCK en el marco del Consejo Económico y Social por el Plan de Desarrollo Federal 2030.

Al finalizar el mitin, el Gobierno informó, muy a grandes rasgos, que se trató de llegar a “consensos básicos y fundamentales para establecer una agenda de trabajo común, con el fin de generar propuestas de medidas dirigidas a enfrentar la inflación, garantizar el acceso de bienes y servicios básicos, promover la inversión pública y privada y fortalecer la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores”.

Luego, difundió el acta de acuerdo firmada por los presentes, donde en primer lugar, los participantes coincidieron en reivindicar el acuerdo con el FMI -un punto delicado e importante para la Casa Rosada, en medio de las resistencias por parte del ala dura del Frente de Todos- y en destacar como positivo “el programa macroeconómico” que contiene, al considerarlo como “un paso significativo para afrontar los desafíos de avanzar hacia el crecimiento económico con inclusión social”. Además, resaltaron que “la política productiva permite mejorar las capacidades industriales y tecnológicas en general, y de las PYMES en particular”.

Con un diagnóstico negativo sobre las “dificultades macroeconómicas” -que, acto seguido, asociaron al “escenario internacional abierto por la crisis en Ucrania”-, señalaron que existen “nuevas fuentes de inestabilidad que se expresan en mayores tensiones inflacionarias”. “La inflación, hoy, es la combinación de problemas internos y de la escalada inflacionaria internacional”, concluyeron, en línea con el discurso que venía planteando el Gobierno en las últimas semanas.

A continuación, señalaron que “es necesario redoblar los esfuerzos para afrontar esta problemática de manera coordinada entre el gobierno y los sectores empresarios y sindicales, para poder arribar a soluciones consensuadas que propongan soluciones diferentes a las instrumentadas en el pasado”.

Acordaron crear “una mesa de trabajo para generar propuestas de medidas y coordinar acciones contra la inflación, en particular “en lo atinente al acceso a los bienes y servicios básicos”. Y definir “esquemas de coordinación para afrontar la particular situación energética dada por el alza internacional del precio de los combustibles, asumiendo esfuerzos que garanticen el acceso a la energía en hogares e industrias”, una de las principales preocupaciones del Gobierno en el contexto global.

Esta mañana, la portavoz, Gabriela Cerruti, había asegurado que la administración nacional se ocupará de que no haya desabastecimiento energético, pero hay inquietud por el contexto global y se generan dudas, inclusive en los sectores propios críticos de la gestión nacional, como quedó de manifiesto con los cuestionamientos del titular de la Secretaría de Energía, Darío Martínez, contra Guzmán, hace dos semanas.

En tercer lugar, las partes se comprometieron a “plantear medidas coyunturales y estructurales para mejorar la situación productiva del país, promoviendo más inversión pública y privada, con más competitividad y exportaciones, así como la generación de trabajo productivo y formal”. Y en última instancia, se refirieron a otro punto clave, las paritarias”. “Hay coincidencia en la necesidad de fortalecer la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores”, sostuvieron.

Por último, se comprometieron a incorporar a la discusión a sectores “del comercio, la construcción, el agro y la economía del conocimiento”.

Apuro en Casa Rosada

Luego de que se conociera que la cifra de inflación de febrero alcanzó el 4,5% y el 7,5% en alimentos, el Presidente anunció que arrancaría una “guerra contra la inflación” y adelantó que, a partir de esta semana, empezaría a convocar a todos los sectores para llegar a un acuerdo que le permita enfrentar el problema de la economía que afecta de manera más directa a la ciudadanía.

El martes de la semana pasada estuvo con los líderes gremiales de la CGT, y el lunes los titulares del Gabinete Económico recibieron a los sindicalistas y a representantes del empresariado, mientras que el martes volvieron a coincidir en el centro cultural, bajo el liderazgo del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el Gobierno, a contramano de sus necesidades, no pudo anunciar aún una batería de medidas concretas.

“Van bien, les ponemos un voto de confianza, por eso no queremos adelantar mucho más”, dijo ayer Kulfas ante una consulta de Infobae sobre el curso de los diálogos. Sólo reveló que se está pensando en crear “canastas reducidas cuidadas” y en hacer énfasis en “la oferta”, además de las retrotracción de algunos precios que ya están en marcha.

Esta mañana, Cerruti confirmó que el Gobierno planea dar un bono de 6000 pesos para jubilados -que aún se está negociando- y fuentes oficiales aseguraron que no descartan hacer lo propio con los empleados estatales e impulsar algo similar en el caso de los privados, aunque con un monto diferente, aún incierto. Mientras tanto, el Presidente les prometió a los gremios que no habrá “techo” en las paritarias, aunque buscan llegar a un panorama donde haya cierta “estabilidad”.

Las monedas de negociación se mantienen bajo estricto hermetismo. Esta tarde, un importante empresario al tanto de las negociaciones dijo a Infobae que “van bien”, pero se negó a brindar mayores detalles y se limitó a decir que “todo dependerá de cuál sea la premura del Gobierno para cerrar”.

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